El Gobierno impulsa un nuevo marco para el registro contable y reconocimiento de iglesias y entidades religiosas no católicas

Con la publicación del Boletín Oficial, el gobierno de Javier Milei dio a conocer un importante cambio que facilitará el funcionamiento legal de las entidades religiosas en la Argentina.

El gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial una medida que busca flexibilizar y modernizar la regulación contable para iglesias y otras entidades religiosas no católicas en Argentina. La iniciativa, explican en el documento, aborda una necesidad que durante años manifestaron estas organizaciones.

El Decreto 486/2025 fue publicado en el Boletín Oficial de este martes con el fin de regular la contabilidad de las iglesias, confesiones, comunidades y entidades religiosas.

El texto explica que el principal objetivo es permitir que estas organizaciones, especialmente aquellas que no están constituidas como asociaciones civiles o fundaciones, puedan cumplir con la obligación de llevar registros contables dentro del marco legal, es decir según se establece en el Código Civil y Comercial de la Nación.

Qué dice el decreto sobre las iglesias y las entidades religiosas no católicas


En primer lugar, la normativa instruye a las autoridades de contralor societario y a los Registros Públicos de cada provincia a establecer las directrices necesarias para que las organizaciones religiosas, debidamente inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, puedan «individualizar y rubricar sus libros contables en un registro especial«.

A su vez, el decreto introduce una importante facilidad para aquellas iglesias y entidades que actualmente funcionan como asociaciones civiles o fundaciones porque desde ahora, podrán transformar su forma jurídica y adoptar otras estructuras organizativas, siempre y cuando mantengan una contabilidad organizada.

Por otra parte se informa que la Inspección General de Justicia (IGJ), dependiente del Ministerio de Justicia, será la encargada de coordinar las acciones con los organismos provinciales para asegurar una implementación efectiva de estas disposiciones.