Planes sociales: satisfecho con el fallo por asociación ilícita, Vignaroli le bajó el tono a los próximos tramos

Pablo Vignaroli se mostró «satisfecho» con la sentencia del Tribunal de Impugnación que esta semana cambió el rumbo de la causa por la estafa con planes sociales. El fiscal jefe logró que se revirtiera la absolución por asociación ilícita contra las 12 personas condenadas, entre ellas, el exministro de Desarrollo Social del gobierno de Omar Gutiérrez, Abel Di Luca.

Sin embargo, puso paños fríos a la posibilidad de que avance la investigación por «Planes Sociales II».

En el juicio oral, los jueces Juan Manuel Kees, Luciano Hermosilla y Juan Guaita sostuvieron que la maniobra encuadraba únicamente en una administración fraudulenta agravada. Este es un delito con penas sensiblemente menores, que implicaba haber desviado fondos públicos, destinados al Subsidio a la Desocupación Laboral, a financiar ilegalmente al MPN.

La estimación que hizo la fiscalía es que la estafa, que ocurrió entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio de 2022, fue por 153 millones de pesos (a valores históricos).

Aunque en la sentencia original admitieron que existió un grupo organizado con reparto de roles, descartaron la asociación ilícita. Dijeron que para ello debían existir «múltiples planes delictivos, y no un solo plan, aunque sea sostenido en el tiempo».

Cuestionaron el recorte temporal que hizo la fiscalía (manifestaron que había indicios de que la maniobra comenzó antes de la fecha indicada en la acusación y que continuó tiempo después) y la vocación de profundizar en la contabilidad de la «caja azul» en donde se acumulaba el dinero.

Agravamiento de las penas

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El Tribunal de Impugnación consideró que en ese fallo se hizo una «errónea» interpretación y que se cometieron ambos delitos, en concurso real. Explicó que no sólo se estafó al Estado, sino que hubo una estructura criminal que operó desde allí.

Vignaroli coincidió con Impugnación en que los jueces del juicio hicieron un análisis «meramente dogmático».

En cuanto a los pasos a seguir, el fiscal jefe aseguró que las defensas tienen ahora la posibilidad de apelar ante el Tribunal Superior de Justicia y recién entonces, si se confirma la resolución, se debería hacer la audiencia de cesura.

Planteó que la escala para los que fueron declarados responsables como jefes de la asociación ilícita (en concurso con la administración) parte de los 5 hasta los 16 años, y para los miembros de 3 a 16 años.

En este segundo juicio no se discutiría la responsabilidad sino las penas acordes a la nueva calificación. Por eso se volvería a abrir un período de ofrecimiento de prueba. La Oficina Judicial debería convocar a jueces y juezas del interior para que integren el tribunal, por qué en la región Confluencia la mayoría ya intervino en alguna instancia. Esta eventual sentencia también puede ser impugnada.

En definitiva, es muy poco probable que se llegue a los cuatro años con el proceso cerrado, que es lo que fija el Código. Vignaroli señaló que estudia la posibilidad de presentar un pedido de prórroga excepcional y evitar que se dicte el sobreseimiento de los imputados.

«No sé si vamos a tener elementos para avanzar»

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Durante la investigación de esta causa la fiscalía anticipó que habría otros tramos dedicados a analizar, por ejemplo, si este mismo mecanismo se utilizó en la asignación del Subsidio Social Transitorio que también entregaba el ministerio.

En ese legajo estaba involucrado Luciano Palma, el jefe de Ricardo Soiza en la dirección de Planes Sociales.

«(En) el análisis que se hizo de los expedientes no vemos la misma maniobra. Es decir, acá la maniobra que se hacía era se pagaba con un listado y se justificaba con otro, básicamente. En Subsidio Social Transitorio no es la misma metodología. Con lo cual no sé si vamos a tener elementos para avanzar o no«, enfatizó Vignaroli sobre el futuro de «Planes Sociales II».

Y agregó: «ahora vamos a ocuparnos de este cambio de calificación y después vamos a ver qué decisión se toma con lo otro».

Dónde fue el dinero y quién se lo apropió sigue siendo la gran deuda pendiente de este caso. El tribunal rechazó el decomiso de bienes de los imputados, al entender que no fueron adquiridos con el dinero de la estafa. El gobierno provincial, que intervino en el juicio como querellante a través de la fiscalía de Estado, intentará recuperarlo a través de una demanda en el fuero procesal administrativo.