Giro en el juicio YPF: la jueza Preska cerró el caso en Nueva York y la definición quedó en manos de la Corte Suprema

La jueza federal Loretta Preska cerró formalmente el expediente por la estatización de YPF en su tribunal de primera instancia de Nueva York. A través de una resolución emitida este lunes, la magistrada dejó sin efecto su propia sentencia del año 2023, la cual obligaba a la República Argentina a pagar una suma multimillonaria a los fondos demandantes.

La decisión representa un paso administrativo esperado por el Gobierno nacional tras el fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito que revirtió la condena original en marzo pasado. A partir de esta orden, la única vía disponible para el fondo Burford Capital recae sobre la Corte Suprema de los Estados Unidos, tribunal que deberá definir si acepta analizar el recurso de revisión presentado a principios de octubre.

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Las palabras de Preska y los detalles de la resolución

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El abogado Sebastián Soler detalló a través de la red social X los términos legales del cierre de la causa en el tribunal inferior. «Acatando el fallo a favor de Argentina de la Court of Appeals de NY, la jueza Preska ORDENA, JUZGA y DECRETA que su sentencia a favor de los demandantes de 2015 queda sin efecto», publicó el letrado en su cuenta personal.

Soler explicó que con este documento, Preska da por terminado el caso YPF en Nueva York y desestima el último intento de los demandantes de diferir el cierre del expediente en jurisdicción estadounidense, «un resultado que sólo podría revertir una improbable decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de revocar la decisión de la Court of Appeals».

Por su parte, el periodista especializado Sebastián Maril precisó que, aún así, «no es el punto final», y contextualizó que «la misma Juez Preska en la página 8 lo dice. Queda la Corte Suprema pero es su deber cumplir con lo estipulado por la ley ya que por temas de costes e impuestos, el caso en su corte debe ser cerrado».

Asimismo, el periodista alertó sobre una cláusula de resguardo incluida por la jueza ante un eventual cambio de escenario. «También dice que si la Corte Suprema revierte la decisión de la Corte de Apelaciones, ella escuchará nuevamente los reclamos de los demandantes para ser compensados».

Fuentes de la Procuración General precisaron a Infobae que “sería la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones. Había cierta demora en la llegada de este documento”.

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El fallo en Apelaciones y la defensa del Estado argentino

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La orden de la jueza Preska acató las consecuencias del fallo favorable al Estado argentino dictado el 27 de marzo de este año. En aquella oportunidad, los jueces de segunda instancia Denny Chin y Beth Robinson votaron a favor del país, con la disidencia del magistrado José Cabranes.

Allí, los jueces de la Cámara de Apelaciones entendieron que Preska interpretó de manera errónea el derecho argentino al dictar su sentencia original en 2023. En aquel fallo, la magistrada condenó a la Argentina a pagar más de US$ 16.100 millones, cifra que con la suma de intereses llegó a superar los US$ 18.000 millones y se convirtió en la mayor condena judicial contra un Estado en la historia de los tribunales estadounidenses.

En mayo, el tribunal de alzada determinó que la ley argentina de expropiación prohíbe las demandas de terceros y estableció que los estatutos de una sociedad no constituyen un contrato bilateral entre accionistas con capacidad para habilitar reclamos por daños. Un mes después, en junio, el plenario del Segundo Circuito rechazó un pedido de Burford Capital para revisar la decisión.

Las mismas fuentes oficiales confirmaron que el equipo legal anticipaba este escenario desde el fallo de marzo y que ya trabajan en su estrategia de defensa. «Vamos a seguir ejerciendo la defensa de los intereses del Estado», afirmaron desde la Procuración al medio digital ya citado.

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El recurso ante la Corte Suprema y el conflicto en el CIADI

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Con el cierre de las instancias inferiores, la atención se concentra en la Corte Suprema de Estados Unidos. A principios de octubre, los demandantes presentaron un recurso de certiorari ante el máximo tribunal. En ese escrito, definieron la decisión del Segundo Circuito como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”, según reveló la agencia Bloomberg.

El planteo de Burford Capital sostiene que el tribunal de alzada se apartó de los precedentes de la Corte al dar preeminencia a una interpretación del derecho argentino y a una decisión de tribunales locales.

Fuentes oficiales consultadas por Infobae aclararon que la presentación del recurso no obliga a la Corte Suprema a tratar el expediente, ya que los jueces son quienes deciden si aceptan la revisión. Según precisaron, el tribunal recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones por período de sesiones y suele conceder la revisión a un promedio de 80 casos. Además, indicaron que no existe un plazo fijado para resolver este tipo de pedidos y que la complejidad del litigio dificulta establecer una estimación temporal precisa.

El caso tiene como punto de partida la expropiación de la petrolera en el año 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Los fondos Petersen Energía, Petersen Energía Inversora —vinculados a la familia Eskenazi— y Eton Park demandaron a la República Argentina bajo el argumento de que el Estado violó el estatuto de YPF al no respetar los derechos de los accionistas minoritarios.

Al margen de la jurisdicción estadounidense, Burford Capital abrió otro frente de disputa. El fondo de litigios inició acciones legales ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.