Femicidios de Las Ovejas: definen si avanza el pedido de juicio contra Gerez

La comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Legislatura trató por primera vez el pedido de juicio político contra el fiscal general, José Gerez, presentado hace dos meses por la familia de Carina y Valentina Apablaza, víctimas del doble femicidio de Las Ovejas. La discusión está centrada en el procedimiento. Para Mario Pilatti (MPN) sin despacho el tema no puede ser tratado en el recinto. Su par, Raúl Podestá (Frente Grande), sostuvo que “la admisibilidad debe ser tomada por el pleno y no por una comisión.”

El juicio político es el mecanismo previsto en la Constitución provincial para destituir a los miembros del Tribunal Superior de Justicia, incluidos el fiscal y el defensor. El artículo 266 indica que cualquier ciudadano puede presentar una denuncia en la Legislatura, a efectos de que se promueva la acusación.

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Pilatti interpreta que los diputados deben votar si emiten un despacho -en ese caso pasaría a la comisión de Derechos Humanos y después recién llegar al recinto- o archiva el pedido. “El reglamento es muy claro de que ningún tema va al recinto sin despacho de comisión”, aseguró el legislador.

“Yo entiendo claramente que la decisión sobre si se inicia o no el juicio político es del pleno”, planteó Podestá.

Agregó: “históricamente se ha utilizado la comisión A (Asuntos Constitucionales) como una comisión filtro, donde el número por ahí permite al oficialismo frenar designaciones de jueces o en este caso frenar o no un juicio político. Entonces nosotros entendemos que las normas al respecto establecen con absoluta claridad que debe ser el pleno el que debe establecer si corresponde o no la iniciación del juicio político, esto sin ningún tipo de prejuicio sobre el resultado.”

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Lo que se le reprocha a Gerez -según el escrito de la familia- es su “participación e incumbencia no sólo por su carácter de superior jerárquico del cuerpo de representantes del Ministerio Público Fiscal, sino por asumir personalmente responsabilidades en las labores de investigación e intervenir en las diligencias.”

El 22 de febrero Lorenzo Muñoz asesinó a las dos mujeres en plena vía pública. En ese momento el hombre tenía una causa en trámite por abuso sexual contra Valentina de 11 años. Pesaba sobre él una orden de restricción que incumplió. La policía montó un operativo para buscarlo, luego del crimen. La fiscalía acusó a sus familiares de haber colaborado, en lo que consideraban, era una fuga planificada. Sin embargo Muñoz fue encontrado muerto el 17 de marzo, en cercanías del lugar dónde había cometido el doble femicidio. La autopsia reveló que “el deceso habría ocurrido el 22 de febrero de 2018 o en las primeras horas del día posterior.”

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En paralelo, el jurado de enjuiciamiento debe evaluar si avanza en la causa por mal desempeño contra el fiscal Ricardo Videla y el juez civil Carlos Choco por su intervención en el caso. La comisión especial solicitó en junio pasado la apertura del proceso contra ambos y declaró inadmisible la denuncia formulada al defensor del Niño, Niña y Adolescente, Ezequiel Chiavassa.

Resta definir cómo se integrará el jurado ya que hay excusaciones pendientes de resolución.