Gerez se defendió del pedido de juicio político por el doble femicidio

Los familiares de Carina y Valentina Apablaza, víctimas del doble femicidio de Las Ovejas, presentaron ayer en la Legislatura un pedido de juicio político contra el fiscal general de Neuquén José Gerez. Lo acusan por incumplimientos de su deber como funcionario, con relación a las investigaciones que se realizaron para encontrar a Lorenzo Muñoz.

La semana pasada habían pedido un jury contra los fiscales de la 5° Circunscripción de Neuquén, Sandra González Taboada y Ricardo Videla.

El titular del Ministerio Público Fiscal desestimó las críticas que esgrimieron en su contra y sostuvo que “no tienen ni pies ni cabeza”. Luego solicitó que “el trámite no se dilate en el tiempo, quiero que se resuelva con celeridad, va a ser desestimado porque carece de argumentos”, aseguró.

La abogada de los Apablaza, Gissela Moreira, remarcó que hubo malos tratos hacia la familia en los 23 días de búsqueda de Muñoz y que se siguió una sola hipótesis, que el hombre había huido del lugar.

Aclaró que en el escrito: “Hacemos un recuento de lo que fueron los 23 días de búsqueda y la comunicación con la familia, cuántos encuentros hubo con la fiscalía y qué se habló en ellos. Los fiscales tenían que informar lo que iban haciendo, cómo iba la búsqueda y también mencionamos todas las noticias que salieron en los medios de comunicación, donde el fiscal Gerez se hacía cargo del operativo y que buscaban a una persona viva”.

Planteó violaciones a las garantías constitucionales de los familiares de las víctimas y aclaró que durante el tiempo de búsqueda “recibieron información tardía y errónea. La mayoría de los sucesos los conocieron a través de los medios de comunicación y no de forma oficial”.

En respuesta, Gerez planteó que el contacto fue permanente y fluido con toda la familia, especialmente con Miguel Apablaza. Aseguró que las conversaciones fueron diarias, que todo el tiempo se lo mantuvo al tanto e incluso que se valoraron aportes hechos por el familiar, como la sugerencia de incorporar a los perros de la policía de Río Negro.

Por otro lado remarcó que su función en Las Ovejas no respondía a la parte operativa de la búsqueda y defendió que el operativo fue exitoso porque se encontró finalmente al femicida.

Agilizar diligencias

“La función del fiscal en la búsqueda no es planificar, eso es una cuestión policial. La función del fiscal es garantizar y agilizar las diligencias judiciales que surgen de una búsqueda”, esgrimió.

“Lo que dice la abogada es mentira (respecto a la responsabilidad en la búsqueda). El pedido de juicio político no tiene ningún tipo de sustento o fundamento para que prospere. Esto es un mecanismo de análisis de una responsabilidad de un funcionario, que tiene que tan grave como para que lo inhabilite moralmente o técnicamente del Ministerio Público Fiscal y yo no veo por parte de la fiscalía una responsabilidad en la búsqueda. No tenemos responsabilidad”, aseguró.

“Seguiremos de cerca el avance de la presentación. Esto debe tratarse, y de lo contrario se tendrán que dar las explicaciones”,

aseguró la abogada de la familia Apablaza, Gissela Moreira.

Los métodos constitucionales para evaluar a los jueces

La Constitución de Neuquén establece cuándo procede cada uno. Los jueces, fiscales y defensores del poder Judicial provincial que son denunciados por mal desempeño en sus funciones son juzgados por el jurado de enjuiciamiento. Está integrado por siete miembros: el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y dos vocales, dos diputados, y dos abogados que son sorteados anualmente por la Legislatura.

Cualquier ciudadano o ciudadana puede presentar una denuncia contra un magistrado o funcionario. Esta es evaluada por la comisión especial, luego pasa al jurado que define si se abre o no el proceso. En caso de habilitarse, el acusado va a juicio. La sentencia puede ser la suspensión, la absolución o la destitución.

El juicio político es el mecanismo previsto para juzgar a los cinco vocales del TSJ, su fiscal y su defensor. El proceso se desarrolla en la Legislatura, que se dividirá, en cada caso y por sorteo, en dos salas compuestas, respectivamente, de siete y doce miembros. La sala primera será acusadora, y la segunda, juzgadora. El fallo concluye en la destitución e inhabilitación para ejercer cargos público, sin perjuicio de someterlo a un proceso judicial si procediese.

“Me pidieron la presencia permanente de la fiscalía en el lugar y estuvimos ahí todo el tiempo. Cumplimos con la familia”,

respondió José Gerez a la acusación de la familia Apablaza.