Algo hay que hacer

LA SEMANA EN BARILOCHE

El descontento generado por el nuevo asalto a un remisero, quien sufrió numerosos golpes y el incendio de su vehículo, reactualizó el debate sobre las políticas de seguridad, con reproches repartidos por la ineficiencia del Estado en la prevención del delito. Esta vez el sogazo recayó también sobre la Justicia, interpelada por la supuesta laxitud de los castigos. La propia intendenta María Martini cuestionó a los jueces por la recurrencia con la que excarcelan a los autores de distintos delitos y dijo estar “harta de los que entran por un lado y salen por el otro”. Fue bastante explícita, pero no tanto como la concejal oficialista Edith Garro, quien consideró directamente que los magistrados, al insistir en su indulgencia, “son parte de la organización delictiva”. El gobernador Weretilneck prefirió no incursionar en ese terreno y dijo que se mantenía respetuoso de las decisiones de otro poder. Pero el año pasado, lejos de esa moderación, en ocasión del homicidio de un policía opinó que el autor debía “pudrirse en la cárcel”. Las protestas por la inseguridad dirigidas al gobierno municipal son tan genuinas como confusas. La reacción de los intendentes y concejales suele derivar en la solicitud de más policías y patrulleros o una actuación más enérgica de la Justicia, como en este caso. Todos resortes que le son ajenos. Pero ahora el gobierno de Martini decidió abrirse terreno en otro campo e impulsa como uno de sus proyectos estrella el sistema municipal de “videovigilancia urbana”. Su intención es que la ordenanza respectiva sea aprobada en la sesión del próximo jueves, pero antes deberá despejar las dudas y recelos de varios concejales opositores. Las preguntas todavía no respondidas tienen que ver con la cantidad y el costo de las cámaras, su ubicación y el uso que se le dará a la información recolectada. Hasta ahora no hay convenio con la policía que asegure, por ejemplo, la reacción en tiempo real si el ojo vigilador del municipio comprueba una violación de la ley. Tampoco está claro qué resguardo posterior habrá para el archivo de imágenes. Lo cierto es que el FpV apuesta buena parte de su política de seguridad a ese recurso. No es tan visible el análisis que realiza sobre las causas de la marginalidad que afecta a miles de barilochenses, el clima de violencia reinante y su convivencia con otro clima más pesado: el de la falta de oportunidades. El déficit notorio de infraestructura en los barrios, la lánguida insuficiencia de los programas de Deportes y de Cultura y la notoria evidencia de que el poco trabajo que se crea es precario, no suelen generar grandes movilizaciones pero también ameritan respuesta urgente. Resultó por lo menos extraño que un dirigente de UTA haya resaltado en una de las reuniones realizadas esta semana en el Concejo que la ciudad tiene muchas piletas cubiertas, pero casi todas están en los hoteles de lujo. Una pileta pública destinada al uso social es todavía una utopía. Pero imposible no debe ser, porque se trata (por ejemplo) de un recurso corriente en muchas localidades medianas y chicas de la vecina Chubut. Lo mismo ocurre con los gimnasios barriales, tan prometidos y tan postergados como el Centro de Convenciones. La tarea puntual de prevenir el delito corresponde al Estado provincial. El rol del municipio es acotado por definición, y aun así no lo cumple del todo. Porque el alumbrado público, especialmente en los barrios alejados, es menos que simbólico. Y el mantenimiento de los llamados “espacios verdes”, igual. Presentar a la videovigilancia como garantía de solución es una expresión más de la crisis y parece dictada por la simple doctrina del “algo hay que hacer”. Expone además a la gestión local del FpV a que la comparen con el gobierno capitalino de Mauricio Macri, como hizo en capcioso aporte uno de los remiseros, quien interpretó a la invasión de cámaras como una receta como alejada de cualquier abordaje “progresista”. También preocuparon otras frases escuchadas en el acalorado intercambio que mantuvieron los choferes con los funcionarios el día de la marcha al Centro Cívico. Uno de ellos pidió a los gritos que le concedan “manos libres a la policía” y otro dijo que cualquier juez o fiscal, ante los planteos por la inseguridad, “salen con eso del Pacto de Costa Rica”, en alusión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y su cuestionamiento genérico al uso de la prisión preventiva para personas sin condena. Es una obviedad decir que el poder político debería escuchar y ver antes de actuar. Si escucha frases de ese calibre y las deja pasar, si sólo exige “delincuentes presos” pero no tiene nada para decir sobre el estado de las cárceles, el futuro podría esperar con nubes mucho más oscuras.

Daniel Marzal dmarzal@rionegro.com.ar