Aprueban en comisión el juicio político a la Corte

Ahora deberá tratarlo el plenario de Diputados y luego el Senado juzgaría.

En un acontecimiento que sólo encuentra antecedentes en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados aprobó ayer por mayoría un dictamen de acusación contra todos los jueces de la Corte Suprema por supuesto «mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delito».

Se trata de un paso importante en un largo camino que puede llevarlos al juicio político.

Sobre 29 miembros de la comisión, el despacho cosechó 16 firmas, en una inédita coalición que unió los votos de un grupo de diputados justicialistas, radicales, del ARI y del Frepaso.

La resolución marchó en contra de las aspiraciones del gobierno, donde preferían diluir el juicio para evitar otro frente de conflicto.

El informe acusatorio de la comisión deberá ser elevado al plenario de la Cámara de Diputados, que tiene que decidir si acusa o no a los jueces. Luego, el Senado será el encargado de juzgarlos y destituirlos si los encuentran culpables.

Pese al informe de los legisladores, los jueces podrían escapar del juicio político debido a la división de criterios que existe en la Cámara de Diputados, lo que dificultaría que se consiga una acusación formal de la cámara baja.

«Será realmente el plenario el que decida (si procede el juicio político) y yo creo que este tema no va a pasar, porque no existen fundamentos sólidos», sostuvo a periodistas la diputada oficialista Alejandra Oviedo, miembro de la comisión.

La posibilidad de un juicio político a los miembros de la Corte Suprema surgió a finales de enero tras un enfrentamiento entre los magistrados y el gobierno, luego que el tribunal declarara inconstitucional el corralito.

Además, la corte ha sido blanco de manifestaciones callejeras en reclamo de su remoción por supuesta falta de imparcialidad y en rechazo al aval que dio durante los últimos 12 años a los impopulares planes económicos de los distintos gobiernos. «Se acusaría individualmente a cada uno de los jueces. Empezando por el presidente Julio Nazareno quien tiene 44 acusaciones», explicó la diputada Elisa Carrió.

El proceso contra los nueve jueces se inició bajo los causales de mal desempeño y comisión de delito en sus funciones. Los magistrados criticaron la investigación y aseguraron que no renunciarían.

«Habrá que ver si nuestro dictamen es aprobado en el recinto, algo que no va a ser fácil», sostuvo Acevedo, reconociendo el escabroso camino que deberá recorrer el proceso.

Entre los polémicos fallos que investigaron los legisladores están el decreto de inconstitucionalidad de las restricciones bancarias, la aprobación de un aumento de tarifas telefónicas y una investigación sin resultados del atentado a la embajada de Israel. (Ver «Los cargos»)

También, un fallo por el cual se ordenó la liberación del ex presidente Carlos Menem en noviembre, luego de estar en prisión domiciliaria por una causa de contrabando de armas.

La comisión emitió un dictamen por cada miembro del alto tribunal y un capítulo con los cargos que le corresponden a cada uno.

La acusación compromete con mayor cantidad de cargos a los jueces identificados con la denominada «mayoría automática» que habría funcionado durante el gobierno menemista, en respaldo de las decisiones del Poder Ejecutivo. (Reuters y DyN)

Los cargos

– «Violación a los deberes éticos»: incluye, entre otros cargos, la falta del pago del Impuesto a las Ganancias; la no aplicación de la Ley de Etica; el cobro de plus por desarraigo y la apropiación de bienes secuestrados en causas judiciales. Cargos a: Julio Nazareno, Eduardo Moliné O»Connor, Guillermo López, Antonio Boggiano, Adolfo Vázquez, Carlos Fayt, Augusto Belluscio, Enrique Petracchi y Gustavo Bossert.

-Caso «Rebalanceo Telefónico»: aquí el principal cargo se refiere a la actitud de la Corte a favor del rebalanceo de las tarifas telefónicas. Cargos a: Nazareno, Moliné O»Connor, López, Boggiano y Vázquez.

-«Caso Fayt» : «Declarar la inconstitucionalidad de un artículo de la Constitución por una situación que afectaba sus intereses personales»: Fue cuando se declaró nula la cláusula constitucional que establece que los magistrados deben jubilarse después de los 75 años. Cargos a: Nazareno, Moliné O»Connor, López, Boggiano, Vázquez y Bossert.

-Intervención por contrabando de armas: por no haberse excusado en la causa cuando «era su obligación hacerlo a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento a su imparcialidad». Esta causa tuvo como acusado al ex presidente Menem, con quien algunos magistrados tenían vínculos personales. Cargos a: Nazareno, O»Connor, López, Boggiano, Vázquez, Fayt y Belluscio.

-«Mal desempeño en la causa embajada de Israel»: Se cuestiona, fundamentalmente, las demoras en la investigación por la voladura de la representación diplomática. Cargos a: todos.

-«Mal desempeño por el «corralito financiero»»: Aquí se destaca la contradicción entre el fallo que obligó al juez Claudio Kipper a devolver lo retirado de los bancos a través de un amparo, con otro posterior que, en respuesta al ahorrista Carlos Smith, declaró inconstitucional las restricciones bancarias. Cargos a: Nazareno, Moliné O»Connor, Boggiano, López, Vázquez y Fayt.

– «Mal desempeño en el caso (Raúl) Moneta»: Cargos a: Nazareno, Moliné O»Connor, Boggiano, López, Vázquez, Fayt y Belluscio. (DyN)


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