Atemorizados por la liberación de imputados

Crimen de Carnero en Viedma

VIEDMA (AV).- La liberación de los dos imputados por un crimen ocurrido en abril en esta capital generó la reacción de la familia de la víctima. “Tenemos temor y preocupación porque nada garantiza que vaya a producirse un juicio justo, porque por 5.000 pesos (de fianza) los dejan libres”, afirmó Alicia Mazzei, madre de Eduardo Carnero, asesinado a golpes en el departamento que habitaba en la céntrica calle Belgrano. En la causa están procesados Javier Díaz y Juan Fernández.

La mujer cuestionó que en su momento el juez Guillermo Bustamante “dilatara” pericias, al no hacer lugar a las pruebas de ADN en un palo que supuestamente se empleó para ultimar a su hijo. Se preguntó “por qué no llegan al juicio presos” los sospechosos y a la vez expresó su molestia y dolor porque “andarán sueltos y a nosotros el fiscal (Juan Pedro) Puntel nos recomendó que (por cuestiones de seguridad) no transitemos por la calle Belgrano”, donde a pocos metros vive uno de los imputados.

Insistió en que “nadie te da respuestas”, que en la Cámara del Crimen no atendieron a la familia “ni garantizan de que estos tipos sean condenados”. Mazzei dijo haberse enterado por la prensa que Fernández había sido liberado.

“Si hubo arreglos para la liberación (con su abogado Miguel Cardella, quien la representa como querellante) fue sin mi consentimiento”, afirmó.

Ahora la mujer siente temor por lo que le pueda pasar a su hijo menor, en caso de cruzarse con los imputados.

Los jueces Juan Bernardi, Carlos Reussi y Daniela Zágari revocaron la preventiva por considerar que no existen “peligros procesales” de entorpecimiento de la investigación o fuga. En ese marco los camaristas sostuvieron que de la causa no surgen esos riesgos, haciendo lugar al planteo formulado por Manuel Maza en defensa de Fernández, quien recuperó la libertad tras pagar una fianza de 5.000 pesos. Además en la audiencia de apelación ninguna de las partes se opuso a que recuperen la libertad con restricciones, incluido el querellante Cardella, quien representa a la familia de la víctima.

Ambos imputados están procesados como coautores de “homicidio en ocasión de robo”, delito para el cual el Código Penal fija una sanción entre 10 y 25 años de prisión.