La causa ambiental que aguarda en la Corte Suprema de Justicia
Se reclama por los daños de los sismos en Sauzal Bonito y por una evaluación ambiental estratégica y regional.
Los vecinos de Sauzal Bonito responsabilizan a la actividad hidrocarburífera por los sismos que causaron daños en sus viviendas. Foto archivo Diario Río Negro
En julio de 2021, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la comunidad mapuche Wirkaleo y los residentes de la localidad de Sauzal Bonito -ubicada a 100 kilómetros de la capital de Neuquén-, presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal para frenar la generación de nuevas fracturas hidráulicas. Los vecinos responsabilizan a la actividad hidrocarburífera de la seguidilla de sismos que los afectan desde 2019, responsables de serios daños a viviendas e infraestructura.
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Un informe técnico del Observatorio de Sismicidad Inducida describe que los movimientos telúricos comenzaron en el verano de 2019. Particularmente, a finales de enero se registró una seguidilla de 38 sismos. Además, la localidad cuenta con el temblor más alto detectado hasta el momento en Vaca Muerta, ocurrido el 3 de marzo de 2019 con una magnitud de 5 grados.
Antes de 2018 sólo existe registro de un sismo en la zona, en 2015. Llamativamente en Fortín de Piedra, un área de explotación colindante con la ciudad, registró en 2018 un pico de 1561 fracturas. Esto hace vislumbrar a los investigadores del Observatorio de Sismicidad Inducida la vinculación con los temblores desencadenados en el sector.
“La presentación de ese amparo se realiza en el año 2021, para pedir una medida cautelar que frene la fractura hidráulica hasta tanto se elaboren semáforos sísmicos y se brinde información pública a partir de sismógrafos instalados en el sector. Fue el inicio de una causa muy grande”, detalló en diálogo con Diario RÍO NEGRO, Cristián Fernández, coordinador de asunto legales de la FARN.
Sin embargo, la Justicia Federal se declaró incompetente en la causa en 2021 y pasó a la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El máximo tribunal de Justicia del país aún no se declaró competente y tampoco se expidió ante las ampliaciones de demanda presentadas en marzo y septiembre de 2023.
Puntualmente, el equipo de la FARN solicitó la realización de una audiencia pública con el fin de generar un espacio de diálogo entre los jueces, las comunidades y los científicos. Además, se solicitó la formulación de un estudio de evaluación ambiental estratégica y regional.
“A diferencia de una evaluación de impacto ambiental, solicitada en el amparo original de 2021, la evaluación ambiental estratégica busca debatir políticas a largo plazo. Pedimos evaluar lo referido a los yacimientos no convencionales: ¿están en armonía con el Acuerdo de París? ¿Y con los compromisos climáticos internacionales?”, se interrogó Fernández. El Acuerdo de París es un convenio marco firmado por 197 países que conforman las Naciones Unidas. Su objetivo principal es intensificar las acciones para controlar el cambio climático, y el consecuente aumento de la temperatura global. Argentina lo ratificó en 2016.
Los vecinos de Sauzal Bonito se enfrentan en una causa aún sin resolución, que podría sentar jurisprudencia en la Argentina en materia de derechos ambientales. Por su parte, el gobierno Neuquén -el principal demandado- no se ha expedido formalmente ante las solicitudes de los vecinos como tampoco las empresas productoras de gas y petróleo.
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