Cómo se pactó llevar el juicio a Jones Huala a un gimnasio

El juez federal buscó un lugar alejado, que no sea de una fuerza federal y el intendente pidió separarlo del mes conflictivo de diciembre.

Las conversaciones entre el juez federal Gustavo Villanueva y el intendente Gustavo Gennuso comenzaron meses atrás. El magistrado buscaba un lugar con determinadas características para realizar la audiencia del juicio de extradición a Facundo Jones Huala.

En la búsqueda del espacio que debía ser alejado del centro, en un lugar que pueda ser “aislado” con un perímetro de seguridad, que no sea dependencia de fuerzas federales como Gendarmería donde habitualmente se realizan los juicios federales, y además que tenga capacidad para recibir público, se llegó al gimnasio municipal N°3 que años atrás fue bautizado con el nombre del exintendente Alberto Icare.

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En el transcurso de las conversaciones, hacia fines de noviembre, el intendente pidió al juez que postergue la audiencia para después de diciembre, un mes complejo para Bariloche donde años atrás han surgido conflictos sociales con desmanes y saqueos, y esta vez sumaba el adicional de la reciente muerte de Rafael Nahuel en manos de una fuerza de seguridad federal.

Se pidió lugar a la PSA para realizar la audiencia en el aeropuerto pero fue denegado, el Obispado también intervino y ofreció un gimnasio de la institución ubicado en el Alto pero fue descartado por la ubicación y la proximidad a los barrios.

Por descarte de las primeras opciones y un análisis de los “beneficios” del gimnasio 3, ubicado a 35 cuadras del Centro Cívico, en una hondonada, que podía ser “aislado” con un perímetro de seguridad sin afectar la vida normal de la ciudad y con amplio espacio, principalmente con una cancha de fútbol para que un helicóptero aterrice en el lugar, así se llegó al espacio donde finalmente el miércoles se realizó el juicio de extradición.

Para que el municipio lo ponga a disposición el 30 de enero el juez Villanueva requirió por nota la autorización de las instalaciones. “Hizo saber que el operativo y las medidas de seguridad para garantizar la integridad de los intervinientes, -cualquiera su calidad- como de terceras personas y/o bienes muebles e inmuebles seria ordenando por la judicatura en función de las recomendaciones realizadas por diferentes expertos”, se detalló en los fundamentos de la resolución firmada por el intendente que ayer salió a la luz.

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Al pedido del juez, un día más tarde el intendente le respondió por nota que se prestaba el gimnasio “en la medida que se arbitren los medios para garantizar la integridad de las personas y los bienes tanto municipales como de los habitantes de la ciudad” y además solicitó la contratación de alguna póliza de seguro “a fin de minimizar las consecuencias dañosas que tal evento pudiera ocasionar”.

Sin embargo, según indica la resolución, “luego de diversas consultas realizadas a las compañías de seguros, la búsqueda de una cobertura para tal circunstancia ha sido infructuosa, razón por la cual se suscribió un contrato interadministrativo de cesión de uso gratuito, en el cual se estipularon las obligaciones de las partes”.

El acuerdo lo firmó el 16 de febrero el Consejo de la Magistratura con un pacto de uso del gimnasio el 28 de febrero de 6 a 22 y se obligó que en el caso de que ocurriera algún daño en las instalaciones, sería la Justicia la que repare los daños.

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