Condenan a exfuncionaria de Educación neuquina

Patricia Ruiz fue sentenciada ayer a un año de prisión en suspenso.

Por Redacción

NEUQUÉN

NEUQUÉN (AN).- La expresidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE) y exsubsecretaria de Educación de la provincia, Patricia Ruiz, fue condenada ayer a un año de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua por el delito de negociaciones incompatibles con la función pública ya que, ella misma reconoció en un acuerdo, que contrató a la empresa de su consuegra, Aída Rosa Wilson.

A casi tres años de abierta la investigación a raíz de una publicación realizada por “Río Negro”, la causa llegó ayer a una audiencia judicial en la que en primer término se sobreseyó tanto a Ruiz como a los otros cinco imputados en la causa por defraudación por administración infiel por compra de leche sobrevaluada a la empresa que figuraba a nombre de Wilson, Syms Track.

El pedido de sobreseimiento fue planteado por los fiscales Marcelo Jara y Guillermo Prime quienes destacaron que a diferencia de la elevación a juicio que había solicitado el anterior fiscal del caso, Ignacio Di Maggio, para ellos no hubo perjuicio para el Estado en la compra.

Los fiscales explicaron que en septiembre de este año se realizó una pericia contable que determinó que el valor de la leche que había tomado como base Di Maggio no era el correcto. En tanto que el defensor de Wilson y su hijo Diego Gelós, Ricardo Mendaña, remarcó que “hubo mucha mala leche en la investigación original que ni siquiera citó a las demás empresas que participaron de esa licitación y cobraron un precio superior” (ver aparte).

El juez Marcelo Muñoz hizo lugar al pedido y sobreseyó a Ruiz, a Wilson, a Gelós y a los demás imputados. Estos son Marcelo Roussillón, Nora Katcoff y Paola Yaguar, tres empleados del CPE que tuvieron participación en la licitación por ser el director de compras, la directora de administración y la secretaria privada del CPE, respectivamente.

En tanto que la pena impuesta a Ruiz surgió de un acuerdo arribado entre su defensora, Alicia Garayo, y los fiscales. La ex titular del CPE reconoció que incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública al adjudicar parcialmente esa licitación por la compra de leche en polvo para las escuelas -19.996 de 160.000 kilos- a la empresa de sus familiares. Por ello, la ahora jubilada del CPE fue condenada a un año de prisión en suspenso, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El juez dispuso que las costas las pague Ruiz.

Una maniobra millonaria

Si bien la causa judicial que ayer llegó a su término se centró en la Licitación 01/2009 por la compra de leche, la empresa de Aída Rosa Wilson, Syms Track facturó cerca de un millón de pesos en el período que Patricia Ruíz estuvo al frente del CPE, entre 2007 y 2009.

Es que la empresa, que fue dada de alta por el yerno de Ruíz, Diego Gelós, solo mantenía vínculos comerciales con el CPE al cual proveyó desde borradores y leche hasta vehículos en alquiler.

La maniobra, por la que ayer no hubo ninguna mención, fue grosera ya que no solo Wilson era una jubilada de 74 años en 2009 que cobraba apenas 1.700 pesos, sino que además la sede declarada por la firma era un salón vacío que había alquilado el mismo Gelós.

Es que la participación de Wilson era necesaria ya que Gelós era en ese momento empleado del Banco Nación y como contador era asesor del CPE, dos hechos por los cuales estaba vedado para presentarse a una licitación pública.

Esas otras licitaciones que ganó la firma Syms Track no fueron investigadas como así tampoco las demás empresas que ganaron la licitación 01/2009 para la compra de leche a pesar de que el anterior fiscal, Ignacio Di Maggio, había planteado la necesidad de continuar con esa línea investigativa dado que todas las firmas que ganaron esa licitación cobraron, a su criterio, casi el doble del valor de mercado por cada kilo de leche.

El juez Marcelo Muñoz advirtió ayer que en la compra de leche habría elementos para sospechar de un ilícito pero coincidió con lo planteado por el defensor Ricardo Mendaña, en que “el Estado es sabido que compra caro porque paga tarde”.


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