Constructora reclama 1,8 millones de pesos al IPVU neuquino

Argumenta que los desfasajes se produjeron a fines de los "90 a raíz de la hiperinflación

NEUQUEN (AN) - Los reclamos por desfasajes que produjo la hiperinflación de la década del "90 siguen acosando al estado neuquino.

La justicia acaba de admitir un reclamo de la constructora Leoman SRL, que demandó al Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU) por 1.851.172,10 pesos, en base al polémico argumento de las asincronías.

Los desajustes entre los valores de los contratos que los organismos oficiales celebraron con los proveedores y los pagos que posteriormente se efectuaron, dieron lugar a numerosos juicios que, aún hoy siguen su camino en los estrados judiciales.

En Neuquén, el caso emblemático de juicios contra el Estado por asincronías lo constituyó el de Técnicas Contructoras Industrializadas (TCI), la firma que pertenecía a Luis Sapag, el hijo del ex gobernador Felipe Sapag.

Por un acuerdo que la provincia celebró con la empresa, a través del cual le pagó 750.000 pesos, fue sometido a un juri de enjuiciamiento el ex fiscal de Estado Jorge Andión. El tribunal, cabe recordar, también le imputó otras falencias en su desempeño y resolvió su destitución.

Leoman SRL es una empresa que ha realizado varias obras de diversa envergadura para la Provincia.

En este caso, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) resolvió la admisibilidad de la acción procesal administrativa, por un monto que ha sido calculado a octubre de 1999. Cabe suponer que, con los ajustes respectivos, el monto será aún mayor.

Según fuentes del caso, la constructora ha planteado otros reclamos, uno de los cuales estaría a punto de tener resolución en cuanto a su admisibilidad. La empresa mantiene sus actividades, aunque a raíz de la crisis afronta dificultades económicas.

Los contratos que originaron el reclamo corresponden a un plan de 39 viviendas que la empresa llevó a cabo en Andacollo, otro plan de viviendas, en este caso son 51, y se hicieron en el barrio Perito Moreno y viviendas individuales para las comunidades indígenas, levantadas en la zona de Ruca Choroi.

Los ajustes que la demandante reclama fueron originados por la etapa de hiperinflación ocurrida entre marzo y agosto de 1989 y diciembre de 1989 a marzo de 1990.

Los asesores legales de la firma afectada interpusieron diversas acciones con el objetivo de acordar una solución con el IPVU, pero según trascendió, no encontraron eco positivo en el organismo oficial.

Los juicios que el Estado pierde por demandas de diverso tipo, motivan que permanentemente el fisco deba destinar recursos para afrontar los pagos. En la gran mayoría de los casos las demandas tienen resolución en favor de los demandantes.

A comienzo de año el bloque de diputados de la Alianza presentó un proyecto de ley, para crear una asesoría jurídica que permita frenar estos juicios y, según los casos, acordar la solución menos costosa para el erario público.


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