Crece la inquietud por las ejecuciones fiscales de la municipalidad

Concejales de Bariloche piden informes a la Asesoría Letrada

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB)- El concejal Diego Breide pidió informes a la Asesoría Letrada municipal y el Tribunal de Superintendencia Judicial para echar luz sobre las denuncias de irregularidades en las ejecuciones fiscales, vinculadas con el sumario que se sigue a la Oficina de Mandamientos.

Breide se sumó así a la inquietud plasmada por su par Sandra Guerrero en un pe

dido de informes anterior enfocado sobre la llamativa anulación del remate parcial del loteo Melipal II, que todavía no recibió respuesta del asesor legal, Manuel Vázquez.

Guerrero profundizó las gestiones en torno del tema requiriendo al Tribunal de Cuentas que defina si «ejerce algún tipo de control sobre la Asesoría Letrada» en materia de acreencias municipales y si tomó intervención en el remate de referencia por la evidente afectación de los ingresos del municipio.

El hermetismo en que se desenvuelve el sumario administrativo iniciado a principios de julio sobre la Oficina de Mandamientos -que determinó la separación preventiva de su titular Gustavo Llull- no pudo evitar que se filtraran rumores sobre supuestos manejos arbitrarios en los remates del municipio.

Breide explicó a «Río Negro» que solicitó información a la justicia, más allá de los límites de su concejalía, porque «si acá hay una situación que comprometa el patrimonio municipal no nos pueden decir que no la investiguemos».

En la nota elevada al Tribunal de Superintendencia solicita acceso a aquellos datos del sumario que señalen alguna irregularidad que afecte «los intereses del municipio y la transparencia de los actos de embargos y ejecuciones».

El pedido remitido a la Asesoría Letrada, en cambio, es mucho más detallado. El concejal requiere precisiones sobre el mecanismo utilizado para designar martillero en las ejecuciones fiscales, pide el listado de profesionales designados y luego pregunta por si Waldo Coralizzi desempeñó la tarea y durante qué períodos.

La referencia no es antojadiza ya que Coralizzi fue martillero en varias subastas de propiedades por ejecución fiscal. Breide también pidió precisiones al asesor Legal sobre la vinculación de Ruben Gunkel con el municipio, en razón de que se habría desempeñado como notificador de ejecuciones fiscales.

Gunkel también fue el adquirente de los 21 lotes del fraccionamiento Melipal II ejecutados el año pasado en una subasta que fue anulada por la justicia ante falta de pago de los 105.000 pesos comprometidos. El comprador comenzó a comercializar las parcelas sin saldar la deuda contraída en el remate e intentó regularizar el trámite un año después, cuando ya se habían vencido todos los plazos.

Breide destacó que «no sería muy prolijo que (Gunkel) notificara (las ejecuciones fiscales) del municipio y luego aparezca como comprador en un expediente». El concejal también preguntó sobre la posible relación laboral entre Gunkel y Coralizzi y pidió el listado de «ejecuciones fiscales municipales donde se hubiera llegado a la instancia procesal de subasta desde los años 2002 al 2004».

En su extenso pedido le preguntó a Vázquez «si tiene conocimiento de haberse producido recientemente un allanamiento en las oficinas de dicho martillero y si el mismo estuvo motivado en la investigación de las irregularidades de la oficina de Mandamientos y Notificaciones de la III Circunscripción Judicial».


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