Cristina y Boudou

Aunque a muchos oficialistas les gustaría que el vicepresidente Amado Boudou tuviera lo que llaman, con cierto cinismo, un “gesto de grandeza”, ya que saben muy bien que si se alejara del escenario nunca volvería y que, huelga decirlo, su propia situación se haría decididamente peor, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner parece resuelta a mantenerlo donde está hasta fines del año que viene. Dadas las circunstancias, su negativa a sacrificar al hombre que, para desconcierto de muchos, eligió para ser su compañero de fórmula, puede considerarse lógica. Es evidente que Cristina cree que, por elevados que sean los costos políticos que le han supuesto las andanzas del marplatense que sigue acumulando procesos en su contra, abandonarlo a su suerte la perjudicaría todavía más. No se habrá equivocado: de caer Boudou, ella misma se vería expuesta al fuego de sus adversarios que con toda seguridad tratarían de vincularla con el caso Ciccone. Asimismo, a Cristina no le convendría que se iniciara prematuramente una etapa de cambios institucionales que no le sería dado controlar. Si bien se preparó para enfrentar tal contingencia reemplazando a la tucumana Beatriz Rojkés de Alperovich por el radical kirchnerista santiagueño Gerardo Zamora como presidente provisional del Senado, y por lo tanto segundo en la línea de sucesión presidencial, por motivos comprensibles preferirá dejar las cosas como están, ahorrándose así muchos problemas. Nadie ignora que la oposición tomaría la eventual renuncia de Boudou, o un pedido de licencia, por un gran triunfo político, lo que de por sí sería suficiente como para socavar la autoridad de Cristina en un momento muy delicado. Es posible que en algunos países la defenestración de un vicepresidente procesado no afectara demasiado al gobierno porque todos estarían acostumbrados a subordinarse al imperio de la ley, pero, por desgracia, la Argentina dista mucho de ser uno de ellos. En la actualidad, casi todo gira en torno a la presidenta. De sentirse obligada a “soltarle la mano” a Boudou luego de haberlo defendido con tanta tenacidad por tanto tiempo, se difundiría en seguida la sensación de que su ciclo ha llegado a su fin y que el país, después de un período prolongado de gobierno unipersonal, ha entrado en una etapa de transición sumamente problemática. Puesto que la presidenta tiene motivos de sobra para querer postergar hasta diciembre del 2015 la liquidación de su propio poder, no es del todo sorprendente que se haya negado a prestar atención a quienes le aconsejan entregar la cabeza de Boudou a la oposición. Mientras los intereses de Cristina coincidan con aquellos de la mayoría de los dirigentes oficialistas, podrá darse el lujo de defender contra viento y marea al vicepresidente, mofándose de los argumentos esgrimidos por los opositores, pero parecería que por lo menos algunos que, hasta ahora, le han permanecido leales, están comenzando a preocuparse por su propio futuro, de ahí su voluntad de informarnos indirectamente que están cansados de sentirse constreñidos a solidarizarse con Boudou. Lo mismo que aquellos miembros de la “familia judicial” que últimamente han estado haciendo gala de su independencia, entienden que el país está cambiando y que les convendría acompañarlo, reubicándose en el tablero político porque de lo contrario les sería más difícil reinsertarse en el orden, que aún parece borroso pero que andando el tiempo adquirirá un perfil más nítido, que nos aguarda. Por tratarse de políticos que están habituados a evolucionar, por decirlo así, adaptándose sin complejos a los cambios, transformándose de “progresistas” en “neoliberales” o viceversa según las circunstancias, la mayoría logrará hacerlo sin muchas dificultades, pero todos son conscientes de que sería en error esperar demasiado tiempo. He aquí la razón por la que, para quienes procuran averiguar lo que está sucediendo en el trasfondo político, hasta una mueca que refleja el fastidio de un ministro del gobierno nacional o un senador clave puede motivar análisis exhaustivos, lo que no sería el caso si la Argentina fuera un “país normal” en que, uno supone, los dirigentes oficialistas se expresarían con mayor claridad porque no temerían merecer la ira de un jefe propenso a castigar cualquier manifestación de disenso, por subrepticia que fuera.

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