Cuarteles de invierno

Redacción

Por Redacción

A ningún político le gusta verse constreñido a entregar el poder a otro, pero en las sociedades democráticas todos –con la excepción de los miembros de partidos totalitarios– entienden que la alternancia es normal y, en el fondo, positiva, de suerte que están anímicamente preparados para enfrentar el cambio. Sin embargo, ya antes de la primera vuelta electoral del 25 de octubre en que, para desconcierto de muchos, fue imprevistamente reducido el margen de victoria del candidato oficialista, ciertos kirchneristas, incluyendo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, apenas trataban de ocultar su voluntad de aferrarse al poder aun cuando el electorado optara por una alternativa. Huelga decir que desde que se dieron cuenta de que Mauricio Macri podría ser el próximo presidente están concentrándose en aprovechar el poco tiempo que aún les quedaría para atrincherarse en la administración pública, el Poder Judicial, la Cancillería y un sinfín de organismos que podrían calificarse de paraestatales. Lo que quieren es construir lo que esperan resulte ser una fortaleza inexpugnable. Para justificar sus pretensiones en tal sentido, los kirchneristas insisten en que hay que defender “el modelo” que armaron pase lo que pasare, de tal modo anteponiendo sus propias preferencias ideológicas por encima de la voluntad popular que se expresará a través de las urnas. No sólo ha sido cuestión de alusiones al supuesto peligro mortal planteado por “la derecha” que a su juicio representa la alianza Cambiemos de Mauricio Macri, sino también de preparativos para conservar, en el caso de que Daniel Scioli sufra una derrota electoral, el manejo de todas las reparticiones estatales importantes. Así, pues, al aproximarse a su fin la gestión de Cristina, funcionarios del gobierno nacional, de algunos provinciales y de muchos municipales están plenamente ocupados creando más cargos estatales supuestamente permanentes, aumentando drásticamente los salarios de los empleados públicos y, desde luego, ubicando a militantes, en especial los vinculados con La Cámpora, en cargos clave. Hasta ahora, el episodio más impactante de tal tipo ha sido el protagonizado por Julián Álvarez y Juan Forlón, dos dirigentes de la organización formalmente liderada por el hijo de Cristina, Máximo Kirchner, que se incorporaron a la Auditoria General de la Nación mediante un trámite parlamentario exprés que motivó muchas protestas, pero dista de ser el único. Para los aspirantes a suceder a Cristina, y también para muchos gobernadores provinciales e intendentes municipales, el que militantes del gobierno saliente se hayan propuesto copar buena parte del aparato estatal, multiplicando los nombramientos y pasando a la planta permanente a miles de contratados, es motivo de viva preocupación. Lo es por razones económicas, ya que faltará el dinero necesario para pagarles los sueldos, y también porque muchos se resistirán a los intentos de llevar a cabo reformas encaminadas a mejorar la eficiencia del sector público. En diversas ocasiones Macri ha afirmado que no permitiría que dicho sector resultara ser “un aguantadero” para militantes de La Cámpora. Aunque Scioli no ha podido hablar de manera tan explícita, su experiencia como gobernador de la provincia de Buenos Aires le habrá enseñado que no le convendría en absoluto tolerar la presencia en el Estado de multitudes de militantes y otros que no vacilarían en defender sus “conquistas” con las medidas de fuerza tradicionales, declarándose en huelga con el propósito de hacerle la vida imposible. Para liberarse de lo que sería una auténtica quinta columna kirchnerista, el presidente que asuma el 10 de diciembre se verá obligado a intentar discriminar entre los genuinamente capaces y los muchos que carecen de la preparación precisa para desempeñar los cargos que han conseguido merced a su militancia a sabiendas de que los perjudicados atribuirán sus desgracias a una campaña de persecución política inaceptable en una democracia. Es de prever, pues, que en los meses iniciales de la gestión del sucesor de Cristina estallen centenares de conflictos políticos y laborales que harán todavía más difícil la tarea sumamente onerosa que le aguarda después de más de una década ganada por la insaciable militancia kirchnerista.


A ningún político le gusta verse constreñido a entregar el poder a otro, pero en las sociedades democráticas todos –con la excepción de los miembros de partidos totalitarios– entienden que la alternancia es normal y, en el fondo, positiva, de suerte que están anímicamente preparados para enfrentar el cambio. Sin embargo, ya antes de la primera vuelta electoral del 25 de octubre en que, para desconcierto de muchos, fue imprevistamente reducido el margen de victoria del candidato oficialista, ciertos kirchneristas, incluyendo a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, apenas trataban de ocultar su voluntad de aferrarse al poder aun cuando el electorado optara por una alternativa. Huelga decir que desde que se dieron cuenta de que Mauricio Macri podría ser el próximo presidente están concentrándose en aprovechar el poco tiempo que aún les quedaría para atrincherarse en la administración pública, el Poder Judicial, la Cancillería y un sinfín de organismos que podrían calificarse de paraestatales. Lo que quieren es construir lo que esperan resulte ser una fortaleza inexpugnable. Para justificar sus pretensiones en tal sentido, los kirchneristas insisten en que hay que defender “el modelo” que armaron pase lo que pasare, de tal modo anteponiendo sus propias preferencias ideológicas por encima de la voluntad popular que se expresará a través de las urnas. No sólo ha sido cuestión de alusiones al supuesto peligro mortal planteado por “la derecha” que a su juicio representa la alianza Cambiemos de Mauricio Macri, sino también de preparativos para conservar, en el caso de que Daniel Scioli sufra una derrota electoral, el manejo de todas las reparticiones estatales importantes. Así, pues, al aproximarse a su fin la gestión de Cristina, funcionarios del gobierno nacional, de algunos provinciales y de muchos municipales están plenamente ocupados creando más cargos estatales supuestamente permanentes, aumentando drásticamente los salarios de los empleados públicos y, desde luego, ubicando a militantes, en especial los vinculados con La Cámpora, en cargos clave. Hasta ahora, el episodio más impactante de tal tipo ha sido el protagonizado por Julián Álvarez y Juan Forlón, dos dirigentes de la organización formalmente liderada por el hijo de Cristina, Máximo Kirchner, que se incorporaron a la Auditoria General de la Nación mediante un trámite parlamentario exprés que motivó muchas protestas, pero dista de ser el único. Para los aspirantes a suceder a Cristina, y también para muchos gobernadores provinciales e intendentes municipales, el que militantes del gobierno saliente se hayan propuesto copar buena parte del aparato estatal, multiplicando los nombramientos y pasando a la planta permanente a miles de contratados, es motivo de viva preocupación. Lo es por razones económicas, ya que faltará el dinero necesario para pagarles los sueldos, y también porque muchos se resistirán a los intentos de llevar a cabo reformas encaminadas a mejorar la eficiencia del sector público. En diversas ocasiones Macri ha afirmado que no permitiría que dicho sector resultara ser “un aguantadero” para militantes de La Cámpora. Aunque Scioli no ha podido hablar de manera tan explícita, su experiencia como gobernador de la provincia de Buenos Aires le habrá enseñado que no le convendría en absoluto tolerar la presencia en el Estado de multitudes de militantes y otros que no vacilarían en defender sus “conquistas” con las medidas de fuerza tradicionales, declarándose en huelga con el propósito de hacerle la vida imposible. Para liberarse de lo que sería una auténtica quinta columna kirchnerista, el presidente que asuma el 10 de diciembre se verá obligado a intentar discriminar entre los genuinamente capaces y los muchos que carecen de la preparación precisa para desempeñar los cargos que han conseguido merced a su militancia a sabiendas de que los perjudicados atribuirán sus desgracias a una campaña de persecución política inaceptable en una democracia. Es de prever, pues, que en los meses iniciales de la gestión del sucesor de Cristina estallen centenares de conflictos políticos y laborales que harán todavía más difícil la tarea sumamente onerosa que le aguarda después de más de una década ganada por la insaciable militancia kirchnerista.

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