Cuatro años de incertidumbre en Bariloche por la muerte de “Coco” Garrido

La familia aún reclama que el trágico hecho en la comisaría de El Bolsón se investigue como homicidio intencional.

PEDIDO DE JUSTICIA

BARILOCHE (AB).- “Siempre lo recuerdo como un chico muy cariñoso, honesto. No tenía problemas con nadie”. Los recuerdos de Guillermo “Coco” Garrido están intactos en la memoria de su madre Carmen Silva. Cuatro años después de su muerte, ella sigue convencida de que a su hijo lo mataron. Nunca aceptó la posibilidad de que se haya ahorcado la noche del 13 de enero del 2011 en el calabozo de la Comisaría 12º de El Bolsón, donde había sido ingresado por una contravención.

Regresaba desde Epuyén, del cumpleaños de su padre, quien le había prestado su Renault 12 porque “se le había pasado el colectivo” y tenía que volver a trabajar a Bariloche. Cuando circulaba por el centro se le cortaron los frenos y rompió una óptica de un auto estacionado. Por eso lo detuvieron. “En menos de una hora estaba muerto”, señaló su madre, segura de que Guillermo “no tenía ningún motivo” para matarse.

La causa judicial está virtualmente paralizada. La abogada Marina Schifrin recordó que el juez de Instrucción Martín Lozada dictó a finales de diciembre del 2013 el procesamiento de tres policías como supuestos autores del “homicidio culposo”, es decir, por negligencia, del joven que era oriundo de Epuyén. Surgió de allí que los imputados tuvieron a su cargo al detenido entre las 21:40, cuando lo ingresaron, y las 22:50, cuando murió. Consideró que los tres policías “incurrieron en un obrar negligente al omitir el cumplimiento de los deberes a su cargo”, dejando en poder de Garrido “un elemento con el que podía atentar contra su vida, tal cual resultó ser el cinturón de un metro de longitud y tres centímetros de ancho que llevaba entonces colocado en su cintura”. Estando en un estado de “intoxicación alcohólica”, dice el procesamiento, el joven se colgó de una reja del calabozo.

Schifrin representa a Carmen, como querellante en la causa. Sostuvo que el procesamiento de Lozada se basó en la acusación del fiscal Eduardo Fernández y que lo apelaron el 5 de marzo del 2014, reclamando que se profundice la hipótesis de un homicidio intencional. “Hay pruebas que no se produjeron aún”, sostuvo la abogada.

Comentó que nunca se unificaron, por ejemplo, las causas colaterales por falso testimonio y por la incomunicación indebida de Garrido con sus familiares. “Hay prueba fragmentada, lo que no permite reconstruir los hechos de forma integral”, argumentó. Recalcó que la perito de la querella, Silvia Bufalini, concluyó que no se puede precisar si la muerte de Garrido ocurrió en el calabozo o en el baño de la comisaría, y lamentó que la justicia no tuvo en cuenta esa pericia.

“Desde marzo estamos esperando que la Cámara Criminal Segunda resuelva”, cuestionó Schifrin.


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