Cuestión de peso

Por Mariana A. González*

En relación al artículo de opinión publicado el pasado 14 de junio sobre la necesidad de los padres de comprometerse en la alimentación saludable de sus hijos y de fomentar actividad física que revierta los altísimos índices de obesidad, me permito introducir una opinión disonante, para reflexionar sobre un panorama que aparece hoy como más complejo y de difícil abordaje.

Nadie duda sobre la necesidad de implementar medidas de prevención, fomentando que los niños realicen más actividad física en la escuela y fuera de ella, instruir sobre los beneficios que conlleva una alimentación saludable y educar a los padres sobre ambas cuestiones, pero claramente la estrategia que podemos denominar “de prevención” es insuficiente.

No puede soslayarse que en materia de salud pública el Estado posee un rol esencial e indelegable. Y la obesidad es hoy una emergencia de salud pública. Los argumentos que critican el rol activo del Estado en estas cuestiones, críticas sustentadas en la limitación a la autonomía y libertades individuales, omiten otros análisis, según mi parecer esenciales.

Una verdad insoslayable es que nuestros niños desde sus primeros años son bombardeados con publicidad engañosa relacionada con las “bondades de algunos alimentos”, generando fuertes pautas culturales de alimentación. En las escuelas, cines, shoppings y cumpleaños se ofrece determinada comida que por rápida, divertida y esencialmente dulce no compite con manzanas, tomates o agua mineral.

Los hábitos de consumo son, como expresaba, cultural y socialmente determinados, no resultando suficiente la intervención paterna para modificarlos.

Y es allí cuando el rol del Estado aparece como necesario, puesto que estudios recientes demuestran que las tácticas de prevención y educación para disminuir los índices de obesidad han tenido bajo o nulo impacto social.

Tanto si adherimos a un paternalismo correctivo del Estado –que se enfoca en sectores más vulnerables– o libertario –que defiende las intervenciones en salud cuando hay un consenso ciudadano a favor de la promoción de la salud, sin contravenir la voluntad de los individuos (Faden/Shebaya)–, políticas públicas activas y agresivas deben necesariamente motorizarse. Las enfermedades que hoy padecen niños y adolescentes asociadas a la obesidad, como diabetes, problemas cardíacos, colesterol o hipertensión, así lo exigen.

Políticas de mayor impacto, como la eliminación de publicidad y marketing de productos que atenten contra alimentación saludable –bebidas azucaradas, grasas trans, fast food–, la necesidad de otorgar subsidios estatales para alimentos sanos, eliminación de fomentos gratificantes en alimentos perjudiciales para la salud –Cajita Feliz y similares ofertas– y establecimiento de impuestos elevados para disminuir su consumo se discuten hoy como alternativas más plausibles.

El Estado debe asimismo asegurar acceso a alimentos de buena calidad en los hogares. Para familias carenciadas, las frutas y verduras son de difícil acceso porque sencillamente resultan más caras que las harinas, azúcares y carbohidratos –mil calorías de vegetales cuestan cinco veces más que mil calorías de comida chatarra–.

Y aquí claramente asoma un problema ético de acceso equitativo a alimentos saludables, pues no hay políticas públicas que permitan disminuir desigualdades e inequidades sociales causadas por la pobreza.

Pensar que la obesidad puede combatirse sólo desde mecanismos preventivos equivale a afirmar que la disminución de tabaquistas en el mundo fue producto sólo de la fuerza de voluntad de los otrora adictos.

La tensión que vengo sosteniendo se advierte más claramente cuando reflexionamos en clave de acceso real a derechos. ¿Es posible atribuirle responsabilidad sobre la obesidad de sus hijos a un ciudadano cuyos recursos son escasos y que difícilmente alcanza a satisfacer sus necesidades mínimas?

En mi opinión, los argumentos no intervencionistas en salud pública son razonables sólo para aquellos que gozan de buena salud. Los enfermos, los excluidos, los vulnerables quedan siempre fuera de los argumentos libertarios.

* Abogada. Diplomada
en Bioética

¿Es posible atribuirle responsabilidad sobre la obesidad de sus hijos a un ciudadano que difícilmente alcanza a satisfacer sus necesidades mínimas?