Los incendios extremos desafían a los gobiernos

El calentamiento del planeta y cambios en los patrones de uso del suelo suponen que los incendios forestales calcinarán gran parte del mundo en las próximas décadas, lo que provocará picos de contaminación de humo perjudicial para la salud y otros problemas que los gobiernos están poco preparados para enfrentar, según un reporte de Naciones Unidas.

Los incendios ya han aumentado en el oeste de Estados Unidos, el norte de Siberia, el centro de India y el este de Australia, y la probabilidad de incendios catastróficos en todo el mundo podría aumentar aún más de un 50% para el cambio de siglo, según un reporte del Programa Medioambiental de Naciones Unidas.

Zonas que antes se consideraban seguras ante grandes fuegos dejarán de ser inmunes. Es el caso del Ártico, donde según el documento es “muy probable” que aumenten los fuegos de forma significativa. También es probable que aumenten los incendios forestales en bosques tropicales de Indonesia y el sur de la Amazonia, apuntó el informe. En Argentina, siniestros en Corrientes, Córdoba y la Patagonia han sido han destruido cientos de miles de hectáreas y aumentan año a año. “Los incendios incontrolables y devastadores se están convirtiendo en algo previsto en los calendarios estacionales en muchos lugares del mundo”, dijo Andrew Sullivan, de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Mancomunidad en Australia, y uno de los autores del informe.

Pero según los investigadores de Naciones Unidas, los gobiernos siguieron dedicando mucho tiempo y dinero a combatir los fuegos y no el suficiente a prevenirlos.

Los incendios, naturales, accidentales o provocados, no son causados directamente por el calentamiento del planeta, pero suelen deberse a sequías cada vez más intensas y prolongadas, según ese informe de Naciones Unidas y el centro de estudios medioambientales GRID-Arendal.

Los cambios de uso de la tierra pueden empeorar los incendios, como es el caso de prácticas de deforestación que dejan residuos que arden con facilidad y bosques a los que se prende fuego de forma deliberada para desmontar el terreno con fines agrícolas o ganaderos, señaló el reporte.

“Los incendios forestales y el cambio climático se alimentan mutuamente”, subraya el texto. Los suelos se degradan, las emisiones de CO2 se disparan temporalmente y los bosques dejan de cumplir con su misión de captar el carbono. “La respuesta de los gobiernos consiste a menudo en gastar dinero donde no corresponde”, insisten los autores.

Hay que limpiar regularmente los sotobosques, apoyar y reforzar de forma sostenida a los equipos de emergencia, como los bomberos, explican.

El costo de apagar fuegos es muy superior a las inversiones previas para limitar los daños.

“Tenemos que minimizar los riesgos de incendios con una mejor preparación: invertir más en la reducción de riesgos, trabajar con las comunidades locales, reforzar los compromisos mundiales contra el cambio climático”, detalló Inger Andersen, directora general del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.

Dentro de las iniciativas para tratar de prevenir y reparar los daños generados al ambiente por estos eventos extremos y devastadores , donde tiene mayor influencia la intervención humana, está una nueva figura legal: el ecocidio.

El concepto fue acuñado por la abogada ambientalista británica Polly Higgins, que durante la última década, hizo que la palabra “ecocidio” se entendiera mundialmente. Higgins presentó una definición de Ecocidio a la Comisión Jurídica de las Naciones Unidas en 2010 que decía lo siguiente: “El ecocidio es la pérdida, el daño o la destrucción generalizada de los ecosistemas de un territorio(s) determinado(s)… de tal manera que el disfrute pacífico de los habitantes ha sido o será severamente disminuido”.

En diciembre pasado la Comisión Europea propuso reforzar su arsenal contra los delitos medioambientales con un proyecto que se inscribe en el debate sobre el reconocimiento internacional del crimen de ecocidio.

La comisión propuso introducir “sanciones más disuasorias y proporcionadas”, pidiendo a los Estados que prevean penas de prisión de hasta diez años por delitos medioambientales que causen la muerte o lesiones graves, así como multas para las empresas de hasta 5% del volumen de negocios mundial, con la posibilidad de excluirlas del acceso a la financiación y la contratación pública.

En nuestro país, abogados especializados en derecho ambiental, como el fiscal Gustavo Gómez, han propuesto incorporar esta figura al sistema legal