Defensores tratan de revertir procesamientos por torturas en la U9

ROCA.- Durante casi cinco horas hablaron ayer ante la Cámara Federal de Apelaciones los abogados que defienden a 18 penitenciarios neuquinos procesados por las torturas que sufrió antes de morir el detenido Argentino Peloso Iturri, en abril de 2008. El hombre estaba preso en la U9 de Neuquén y allí fue sometido a una golpiza por parte del personal. Por la Procuración Penitenciaria, constituida en querellante, estuvo ayer en la audiencia el titular nacional del organismo, Francisco Mugnolo. La investigación, pese a las intimidaciones y amenazas denunciadas por testigos, llevó a que en febrero pasado el juez federal Gustavo Villanueva procesara a 16 agentes penitenciarios, a un médico del penal y a un enfermero. Ayer, en Roca, se realizó la audiencia de mejoramiento de agravios de las apelaciones que presentaron todos los defensores. Ahora será la Cámara, integrada para este trámite por los jueces Mariano Roberto Lozano y Richar Gallego, la que resuelva si confirma, revoca o modifica los procesamientos. Ninguno de los acusados asistió. Algunos de ellos están apartados de sus cargos y perciben haberes desde principios de este año. En su nombre actuaron ayer las defensoras oficiales Gabriela Labat y Alejandra Vidales y los defensores particulares Martín Segovia y Carlos Vaccaro, además de dos abogadas enviadas desde Buenos Aires por el Servicio Penitenciario Federal cuyos nombres no fueron difundidos. No participó la fiscalía, aunque los querellantes –la Procuración Penitenciaria y la organización Zainuco– sí estuvieron para solicitar medidas específicas a la justicia, como por ejemplo que se incluya la muerte de Peloso Iturri en la investigación, la cual por el momento está limitada a las torturas previas y a otros delitos conexos. No todos los imputados están acusados por las mismas figuras y la carátula del expediente enumera distintos delitos como imposición de tortura (que se le atribuyen a 11 de los procesados); omisión de denunciar tormentos (hay 7 imputados bajo esa acusación); falsedad ideológica; incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento. (Redacción central)


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