Dinero sucio

La detención la semana pasada en el aeropuerto de Ezeiza del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, un financista estrechamente vinculado con la banda de narcotraficantes conocida como el “Cártel del Norte del Valle”, sirvió para recordarnos que en los años últimos la Argentina se ha convertido en uno de los países favoritos de delincuentes de alto vuelo. Ya son frecuentes las alusiones a la presencia entre nosotros de sujetos peligrosos procedentes de Colombia y México que se instalan aquí porque, merced a las deficiencias notorias de la Policía y el sistema judicial, les es fácil pasar inadvertidos; como Meyendorff, pueden fundar negocios sin que nadie los moleste a menos que, como en efecto sucedió en este caso, intervengan las autoridades norteamericanas para pedir su captura. De no haber sido por el interés de los encargados de la lucha antidroga en Estados Unidos y Colombia en las actividades de Meyendorff, seguiría siendo un integrante más de la comunidad empresaria porteña, con su domicilio en Puerto Madero a escasos meros de la Casa Rosada. Según las autoridades colombianas, Meyendorff es considerado “un gran lavador de dinero”. Será por dicho motivo que optó por vivir en la Argentina. El martes pasado el ministro de Justicia, Julio Alak, admitió ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que, debido a lo fácil que es aprovechar la legislación vigente para lavar grandes cantidades de dinero, el país corre el riesgo de ser sancionado, ya que a pesar de integrar el Grupo de Acción Financiera Internacional aún no cuenta con leyes actualizadas. Según Alak, “estamos ante una situación delicada, grave, porque debemos evitar una sanción internacional para la Argentina que puede perjudicar a las instituciones y a los argentinos”. No exageraba. De verse incluida la Argentina en la lista de países que no colaboran en la lucha contra tales delitos, se intensificaría todavía más el aislamiento financiero que tanto nos ha costado en inversiones. Los intentos de llevar a cabo las reformas que virtualmente todos saben son necesarias han fracasado por motivos netamente políticos. Aunque a mediados del año pasado la presidenta Cristina Fernández de Kirchner envió al Congreso un proyecto de ley destinado a facilitar la lucha contra el financiamiento del terrorismo y el lavado del dinero, miembros de la oposición temen que el organismo responsable de coordinar los esfuerzos en tal sentido, la Unidad de Información Financiera, se dedique a perseguir a quienes no comulgan con el oficialismo. El riesgo podría evitarse si se eligiera a los funcionarios principales de la UIF por concurso, pero el gobierno kirchnerista no está dispuesto a ceder ningún “espacio” de poder. Tampoco le gusta que los parlamentarios se crean facultados para cambiar una sola coma de los proyectos presentados por la presidenta. Los únicos beneficiados por la incapacidad al parecer congénita de oficialistas y opositores de anteponer el interés nacional a sus propias prioridades son los financistas del crimen organizado y de agrupaciones terroristas que quieren que la Argentina siga siendo un país de legislación e instituciones policiales defectuosas en que pueden operar con impunidad relativa. Aunque es de suponer que tanto los funcionarios del gobierno como los líderes opositores quisieran poner fin cuanto antes a esta situación nada satisfactoria, parecería que todos están tan obsesionados por sus internas respectivas que se resisten a tomar demasiado en serio temas como el supuesto por el lavado de dinero y la financiación del terrorismo que preocupan a otros países. Puede entenderse, pues, la frustración que sienten las autoridades antidroga de países como Estados Unidos, Colombia, México y España ante la parálisis que nuestras incesantes reyertas políticas han provocado. Como nos recordó el episodio protagonizado hace algunos meses por hijos de ex jefes de la Fuerza Aérea que llevaron a Barcelona una tonelada de cocaína, los encargados de la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos y España dan por descontado que les sería inútil confiar en sus equivalentes argentinos ya que, por desidia, complicidad u otro motivo que nadie entiende muy bien, parecen no estar al tanto de lo que sucede en su propio país.