Los Moyano, la inflación de costos y la ‘insolidaridad’ del salario

Sucedió hace poco más de una semana. El periodista Roberto Navarro entrevistó en exclusiva a la flamante Ministra de Trabajo de la Nación, Raquel ‘Kelly’ Olmos, y le consutó acerca del reclamo salarial del sindicato de camioneros, que pretendía un incremento anual del 130%.

“Puede ser justo para los trabajadores de ese sector. Uno no puede emitir juicios de valor. Si un trabajador puede acceder a ese aumento, lo merece y más también”, esbozó Olmos en una primera respuesta. “El tema es que dada esta heterogeneidad que existe, cuando hay sectores que avanzan excesivamente, y eso impacta sobre la dinámica inflacionaria, tienen que entender que eso es muy ‘insolidario’ con los que quedan atrás”, agregó.

Sorprendido, el periodista volvió a indagar: “O sea que esos pedidos de 120% o 130% de aumento ¿usted cree que son merecidos, pero impactan en la inflación y perjudican al resto?”. La Ministra de Trabajo no dudó, y cerró su respuesta con un rotundo: “exactamente”.

Una lectura superficial del diálogo, podría simplemente recalar en el hecho de que existe una disputa interna, pública y encarnizada, entre un sector del oficialismo y el ala sindical que representa Pablo Moyano. Finalmente los camioneros cerraron esta semana un acuerdo paritario que incluye un aumento del 107% en cuatro tramos y un bono extraordinario de $100.000.

Bien cabría preguntarle a la Ministra, que participó sonriente de la firma del acuerdo paritario, si un 107% mas un bono de $100.000 es menos “insolidario” que un 130% liso y llano.

No obstante, si se hila un poco más fino, resulta que la respuesta de la funcionaria durante la citada entrevista, no es una simple especulación con intencionalidad política. Configura en cambio toda una definición acerca de la concepción que existe en el gobierno en relación a la inflación y los salarios, e incluso otorga señales en relación a la política que impulsará Sergio Massa de cara a 2023.

La primera conclusión inequívoca es que en el gobierno del Frente de Todos, el diagnóstico respecto a la dinámica de precios es que la inflación está espiralizada.

Equivale a decir que existe una serie de encadenamientos que generan incrementos de precios en los diferentes estadíos de la actividad económica, que impactan de forma sucesiva en precios y salarios. De allí la figura del “espiral” para describir un fenómeno difícil de contener, y mucho más de detener, ya que se retroalimenta de forma exponencial.

Tal concepción acerca de las causas de la inflación, se contrapone a la tradicional idea monetarista que atribuye el aumento sostenido del nivel general de precios al déficit fiscal crónico, que a la larga se traduce en una excesiva emisión monetaria a fin de saldar el rojo en las cuentas públicas.

La propia Ministra de Trabajo se refirió al punto días después de la primera entrevista y manifestó en otro mano a mano periodístico, esta vez en el canal C5N, que el gobierno “busca evitar las conocidas recetas de ajuste a las que históricamente se acude para resolver la inflación”.

El diagnóstico oficial también es remanido. La concepción de costos acerca de la inflación fue asíduamente utilizada en la segunda mitad del Siglo XX por gobiernos argentinos de diversas orientaciones y colores políticos.

No es casualidad que la receta históricamente aplicada en base a esta mirada, sea muy similar a la que intenta aplicar el Ministro Sergio Massa: congelamiento de precios y moderación en los reclamos de aumento salarial.

En otras palabras, todos tienen que disponerse a perder algo, a fin de alcanzar un objetivo común: poner final a la espiral inflacionaria. Los empresarios deben ceder en relación a su capacidad de trasladar a precio el incremento de costos. Los trabajadores deben comprender que su sueldo crecerá por debajo de sus expectativas (muy probablemente también por debajo de la inflación del año próximo).

El caso de los empresarios es para destacar. En el último Coloquio de IDEA llevado a cabo en Mar del Plata, parecieron llamarse la atención a sí mismos precisamente sobre este punto. La convocatoria del grueso de las empresas más importantes que operan en el país se tituló “Ceder para Crecer”. Toda una confesión de parte. Probablemente el llamado interno a la reflexión se debe a la escasa complexión de quienes conducen los negocios a pagar el costo de la crisis.

En efecto, los números revelan que desde que se desató la crisis financiera-cambiaria a mediados de 2018, habiendo transitado una pandemia con cuarentena incluída, y pese al impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania, la rentabilidad media de las grandes empresas ha crecido, con cualquiera de los indicadores utilizados.

No se puede decir lo mismo en el caso de salario medido en términos reales. Por el contrario, las remuneraciones fijas en pesos han perdido de forma recurrente la carrera frente a los precios minoristas durante los últimos cinco años.

Un reciente informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), investiga en dos variables clave que contrastan fuerte con el argumento de “insolidaridad” que esgrime la Ministra de Trabajo.

El primer dato surge al observar la evolución del salario real entre 2016 y 2022. Sabido es que desde hace años los ingresos en pesos vienen rezagados respecto a la inflación. No obstante las conclusiones son todavía más elocuentes si el análisis se lleva a cabo considerando por separado las remuneraciones del sector privado registrado, las del sector público, y las del sector informal o no registrado.

Tomando como Base = 100 el año 2016, los salarios formales del sector privado alcanzaron un máximo en 2017, y desde ese entonces experimentaron una abrupta caída en términos reales hasta llegar al 83,1% en 2022 (respecto a 2016). Una caída de 25% real en apenas cinco años.

En el caso de los salarios del sector público, la dinámica es similar. El salario real alcanzó un máximo en 2017, desplomándose un 27% real hasta 2022.

Pero el caso más complejo es el de los salarios no registrados. Se trata del sector que se encuentra más desamparado, sin cobertura social ni de un convenio colectivo, y en general percibiendo el salario mínimo establecido por ley. En este caso, la caída que se verifica en los últimos cinco años es del 40% en términos reales.

Un segundo dato echa todavía más luz sobre el punto en cuestión. El informe de CEPA indaga acerca de la participación de la remuneración al trabajo privado registrado y del excedente bruto de explotación, en el Valor Agregado Bruto. En otras palabras, muestra la porción de la torta que se queda en manos del salario y la porción que va a parar a manos de las empresas en concepto de la rentabilidad por la explotación.

Los resultados pueden apreciarse con claridad en el segundo gráfico que acompaña la nota.
Se observa que en los últimos cinco años la participación relativa del salario en el valor agregado se redujo desde el 43,3% hasta el 35,7%. Equivale a decir que la porción que corresponde a los trabajadores se achicó un 7,6 puntos porcentuales desde 2017.

Como contracara, resulta que la participación en el valor agregado que corresponde a la rentabilidad empresaria pasó del 46% en 2017 al 52,1%. Significa que la porción de las empresas creció 6,1 puntos porcentuales en el mismo lapso.

Considerando el conjunto de los datos, lo que salta a la vista es una transferencia directa desde el salario a la rentabilidad empresaria, producto de una crisis que solo parece golpear de un solo lado de la mesa. Casualmente, del lado de la mesa al que la Ministra de Trabajo le reclama “espíritu solidario”.

La inflación será a fines de 2022 muy similar a un número de tres cifras, y sin dudas, la más alta de los últimos 30 años. Mientras tanto y de forma sutil, transcurre desde hace media década una constate e ininterrumpida re distribución regresiva del ingreso.

En medio de ese proceso, si existe un componente de la ecuación macro económica que no ha cesado de ser “solidario”, ese es el salario en pesos.