El caos impositivo
Junto con los elogios al equilibrio fiscal y el respaldo al plan económico, el ministro de Economía Luis Caputo recibió en Singapur algunos reclamos del FMI, entre ellos uno que involucra directamente a las provincias: una reforma profunda del sistema impositivo.
Una discusión que también vienen planteando distintos sectores productivos, ya que consideran que la estructura tributaria actual acumula distorsiones, desalienta las inversiones y encarece la producción, afectando la competitividad argentina.
No es un debate fácil, en especial en un año electoral. El pedido del Fondo implicaría negociar en el Congreso reducir exenciones, actualizar el impuesto a los combustibles, revisar regímenes especiales y focalizar subsidios, entre otros. Estas modificaciones afectarían el consumo de los hogares, generaría mayor presión impositiva a varios sectores y afectaría ingresos provinciales. En el paquete figura un tributo que también concentra críticas empresarias: Ingresos Brutos.
El problema impositivo argentino no reside sólo en lo que se recauda sin sobre todo en cómo se hace. La presión tributaria del Estado Nacional hoy es del 20-21% y si se suman las instancias provinciales y municipales llega al 27%. Más baja que el promedio de los países desarrollados de la OCDE (34%), pero es la segunda más elevadas de Latinoamérica, solo detrás de Brasil.
Es un sistema que el FMI califica de “complejo, distorsivo e inestable” y a la vez muy difícil de reestructurar.
Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) de un complejo entramado de unos 150 impuestos diferentes, 40 son de origen nacional, 28 del nivel provincial y se suman más de 82 tasas y contribuciones municipales en todo el país. Si bien Nación genera el 79% de volumen total, de cada $100 pesos que recauda el Estado, el Tesoro Nacional se queda con $23, a la seguridad social van otros $28,30, las provincias y CABA retienen $35,30 y los municipios $13.30.
Ingresos Brutos es a la vez el más cuestionado y también la principal fuente de recaudación propia de los distritos. El problema de este impuesto es que, a diferencia de otros, alcanza a la facturación total de las sucesivas instancias de producción y comercialización, sin descontar plenamente lo abonado anteriormente. Se produce lo que los economistas llaman efecto cascada: cada eslabón de la cadena incorpora parte de la carga acumulada sus costos, que finalmente se traslada al precio final de los productos y servicios.
La distorsión perjudica tanto al consumidor como a las empresas, porque encarece bienes y servicios, reduce los márgenes de las pymes, penaliza a las cadenas productivas complejas y si bien la mayoría de las exportaciones están exentas, terminan siendo gravadas indirectamente. El impacto es particularmente negativo en la Patagonia, con grandes extensiones, mercados dispersos y una fuerte dependencia del transporte. En actividades como la fruticultura, el turismo, la industria, la energía y el comercio, la suma de cargas sobre insumos, servicios y fletes reduce márgenes ya acotados por la distancia y los costos operativos, aseguran analistas.
En el ámbito municipal, las tasas por inspección seguridad e higiene y otros servicios son legítimas cuando existe una contraprestación identificable, pero a menudo terminan siendo un “Ingresos Brutos II” al calcularse sobre la facturación y superponerse con gravámenes provinciales.
Entre las alternativas propuestas para evitar estas distorsiones figura reemplazar en forma gradual Ingresos Brutos por un esquema de “IVA provincial” o dual, que permitiría preservar fuentes de ingresos a los distritos, pero reducir las distorsiones. El diseño debiera unificar y simplificar los tributos y contemplar mecanismos de distribución federal, para evitar castigar a las jurisdicciones menos desarrolladas. En el nivel municipal, se plantea revisar tasas vigentes, eliminar superposiciones, transparentar las bases de cálculo y ligarlos a servicios identificables. La claridad y previsibilidad regulatoria e impositiva son claves para que se radiquen inversiones en una localidad.
Desarmar esta maraña tributaria requiere acuerdos políticos, mecanismos de transición realistas y compromisos de todas las jurisdicciones, para que el reordenamiento no signifique trasladar toda la carga de un nivel a otro o que se desfinancien sectores, como ocurrió en el pasado. Si se busca recaudar en forma más equitativa para financiar servicios de calidad, la reforma debería hacer más que cambiar alícuotas y construir un sistema más simple, transparente y federal, que potencie la producción y el desarrollo en todos los niveles, sin privilegios ni arbitrariedades.
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