“El Estado debería acompañar la reconstrucción del núcleo familiar”

Laura Musa, abogada y directora de Fundación SurArgentina, una ONG dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la infancia y la juventud, cuestiona la relación que mantiene actualmente el Estado con los niños, niñas y adolescentes en la Argentina. “El problema empieza en la decisión previa de internar a un chico, decidir si se requiere o no. Lo que la ley Argentina dice es que los chicos tienen como derecho básico, después del de la vida, el derecho a vivir con su familia, ya sea nuclear o ampliada. Si hay momentánea o definitivamente problemas para poderlos criar, por parte de su familia, lo primero que debe hacer el Estados es intentar resolver esos obstáculos”, sostiene la exdiputada nacional por el ARI.

P- ¿Qué opinión te merece el fallo dictado por el STJ rionegrino sobre el accionar policial frente a niños y adolescentes?

R- Me parece importante remarcar la defensa de Patricia Arias , que ha hecho un planteo excelente. Este fallo, además de ir en contra de las garantías básicas, está habilitado por la norma 22278, un decreto monstruoso firmado por Videla. No hemos logrado que ningún gobierno lo derogue, porque nadie quiere meterse en esa discusión. Lo que hay que hacer es dictar un nuevo sistema penal juvenil que esté basado en la Convención de los Derechos del Niño y que establezca un régimen en el que entre los 14 y 18 años la privación de la libertad sea por muy poco tiempo y sólo para la franja etaria más alta (entre 16 y 18), y trabajos comunitarios para los que estén por debajo. Esto no es bajar la edad de imputabilidad. En el decreto que rige ahora se establece que los menores de 16 años son inimputables, sin embargo si se encuentran en riesgo “moral o material”, es decir en situación de pobreza, la policía los puede detener e ingresar al sistema proteccional. Si los chicos son de clase media se los devuelven a los padres y lo mandan al psicólogo, en cambio si no tienen recursos, ni siquiera reciben asesoría jurídica y se los institucionaliza muchas veces en contra de su voluntad.

P- ¿Cómo era antes de la sanción de la ley 26061?

R- En 1989 el país aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño y se incorporó a los tratados internacionales en la reforma de la Constitución del 94, pero mientras tanto seguía rigiendo la ley de patronato, de 1919. Bajo esa legislación, los chicos pobres eran considerados chicos en riesgo o en estado de abandono, lo que permitía una apropiación por el Estado, sustraerlos de su familia. Los internaban en instituciones y los daba en adopción o los chicos llegaban a la mayoría de edad internados. Todo esto era regido por la Justicia penal, que abordaba de la misma forma a la pobreza y la delincuencia.

P- ¿Y ahora?

R- En la nueva ley del 2005 se establece que la Justicia no puede atender las cuestiones de pobres y delincuentes como si fueran lo mismo. Otro elemento importante que establece es que sólo excepcionalmente y por un tiempo breve se podrá separar a un niño de su familia. Sólo porque tiene algún derecho vulnerado y hasta tanto los equipos del Estado, que ya no es sólo la Justicia sino el resto de los organismos de protección que debería haber en todos los municipios, tomen las medidas necesarias para que los derechos se restablezcan. Si los padres quieren cuidar a los niños y no pueden porque están en la pobreza extrema es necesario resolver este problema, no esconderlo detrás de una institución. La ley establece que nunca, en ningún caso, la falta de recursos económicos permanentes o transitorios podrá permitir una separación del niño de su familia.

P- ¿Cómo se aplican estos principios en lo concreto?

R- Es muy difícil de garantizar porque el sistema no funciona. La cuestión de la niñez no es prioritaria, y mucho menos en situaciones de pobreza y marginalidad. El Estado debería, a través de sus distintos organismos, acompañar a aquellos familiares que se estén haciendo cargo del chico, a través de ayuda no sólo material, sino a la reconstrucción de ese núcleo. En muchos distritos, lamentablemente, se manda a los menores a instituciones, incluso privadas, sin realizar ningún trabajo con el grupo familiar. Entonces, en especial desde la reforma del código civil, cuando pasan 180 días de internación y el equipo no pudo resolver la situación con la familia, el juez lo puede dar en adopción. Esto es un problema, por ejemplo, con las mujeres con hijos que son víctima de violencia de género. En algunos casos, son alojadas en refugios y los chicos enviados a otras instituciones. Cuando esas madres van a pedir una ayuda habitacional se la niegan porque no tiene a sus hijos con ella y cuando quiere sacarlos de la institución no se los dan porque no tiene casa. El Estado genera situaciones que no deberían existir.

P- ¿Cuál es la relación que establece la Justicia con niños, niñas y adolescentes?

R- En la Fundación Sur tenemos abogados para defender a los niños frente al Estado. Lo que hace el abogado es transformar las peticiones del niño que quiere estar con su mamá, o no, o estudiar en la misma escuela que estudiaba antes de estar internado, etc., en peticiones frente a los jueces. La ley establece que el Congreso debe crear una comisión bicameral que designe, mediante un concurso, al defensor nacional del niño. Esta es una figura que debería tener una mirada integral sobre la situación de los derechos del niño en nuestro país. Sin embargo los legisladores siguen demorando la designación. Desde Fundación Sur presentamos un amparo, junto con otras ONG para que se lo obligue a avanzar en este tema.

“Si los padres quieren cuidar a los niños y no pueden porque son pobres, se debe resolver el problema, no esconderlo detrás de una institución”.

“Por ley, el Congreso debe crear una comisión bicameral que designe, por concurso, al defensor nacional del niño”.

Laura Musa, directora de la ONG Fundación SurArgentina.