El Estado no es gratis

Mientras que en otras latitudes quienes se oponen por principio al impuesto sobre la renta o el ingreso suelen ser ultraliberales que están a favor de un Estado minimalista, aquí los adversarios más fervorosos de dicho impuesto son sindicalistas y políticos que se suponen progresistas o izquierdistas. Para justificar su postura, aprovechan la costumbre local de calificar de “Ganancias”, con mayúscula, al gravamen, para entonces argüir que “el salario no es ganancia”. Puede que haya diferencias semánticas entre las diversas palabras que se usan para llamar al mismo impuesto, pero se trata de un asunto que debería preocupar más a los lexicógrafos que a los economistas y políticos. Para estos, claro, afirmarse indignados por la mera existencia de “Ganancias” es ventajoso porque les permite figurar como defensores del poder adquisitivo de los asalariados sin por eso correr el riesgo de ser acusados de ser partidarios del achicamiento del Estado. Por el contrario, aunque casi todos se quejan de las deficiencias del conjunto de organismos que lo conforman, dan a entender que les gustaría que asumiera más responsabilidades. Durante los más de doce años de gobierno kirchnerista, el Estado nacional y sus réplicas provinciales se expandieron tanto que, en la actualidad, sus dimensiones son comparables con las de sus hipotéticos equivalentes escandinavos. Para financiarlo, el Poder Ejecutivo no solo se apropió de una proporción sustancial de los ingresos del campo mediante retenciones, estatizó los fondos previsionales privados y, para rematar, echó mano a las reservas del Banco Central, sino que también hizo que “la maquinita” fabricara una cantidad astronómica de billetes, aportando así a la inflación que amenaza con hundir el proyecto del presidente Mauricio Macri. Asimismo, al igual que tantos gobiernos en los países desarrollados, incrementó la presión impositiva sobre los asalariados. Sin embargo, lo que en Europa se considera lógico, ya que hasta los más conservadores o liberales entienden que todos salvo los indigentes deberían contribuir al Estado para que pueda cumplir sus funciones, en nuestro país se toma por una aberración. Parecería que el ideal nacional sería un Estado gigantesco que no cueste nada a nadie, con la eventual excepción de un puñado de malos. Así, pues, el gobierno de Macri se ve frente a un problema sumamente ingrato. Para no ser blanco de andanadas de críticas episcopales feroces, manifestaciones callejeras y paros sindicales, tendrá que limitarse a despedir a aquellos estatales que son ñoquis o militantes políticos recién incorporados, ya que el consenso es que hacer un esfuerzo por achicar el Estado sería reaccionario, para no decir inhumano. Pero también se ve obligado a encontrar el dinero suficiente como para costearlo. Aunque espera contar con el ahorro externo en la forma de inversiones y créditos, tales aportes serán pasajeros ya que, tarde o temprano, los inversores querrán embolsar sus eventuales ganancias y, desde que el mundo es mundo, los acreedores se creen con derecho a recuperar el dinero prestado más los intereses correspondientes. Cuando es cuestión de los servicios que debería brindar el Estado, la Argentina es tan estatista como cualquier país del norte de Europa. Cuando lo es de contribuir mediante los impuestos para que sea capaz de cumplir sus funciones, en cambio, se encuentra en un lugar cercano al ocupado por el Tea Party estadounidense que, nos dicen, está en la franja derechista del mapa ideológico. La contradicción así supuesta es tan patente que no extraña en absoluto que, a través de los años, la Argentina haya sufrido una crisis financiera y económica devastadora tras otra. Para que se ahorre una más, sería necesario que la prevista entrada de inversiones y créditos se viera acompañada por una toma de conciencia por parte de los políticos, entre ellos los oficialistas actuales, sindicalistas, referentes sociales y otros, de que en este mundo no hay nada gratis y que, si lo que queremos es un Estado tan grande como el que fue inflado por los gobiernos anteriores, tendremos que resignarnos a financiarlo mediante impuestos no solo sobre los productores rurales, las empresas mineras o energéticas y así por el estilo sino también, por antipático que nos parezca, sobre la renta, los ingresos o, para emplear el nombre que hemos dado al gravamen, Ganancias de la mayoría de los asalariados.