El Frente de Todos denunció a la gestión de Quiroga por ordenanzas cajoneadas
El bloque de concejales realizó una denuncia penal en la que se pidió que se revise todo el organigrama para que respondan los responsables. También insisten con el cobro al Rincón Club de Campo.
El bloque de concejales del Frente de Todos presentó una denuncia penal por las ordenanzas cajoneadas. (Archivo Yamil Regules).-
Esta mañana, el bloque de concejales del Frente de Todos se sumó a las denuncias ya presentadas por las ordenanzas cajoneadas en Neuquén. Si bien son unas 60, las miradas están centradas en la que se establece el cobro de multas a privados por anexar tierras fiscales, cuyo principal involucrado es el consorcio que administra el barrio cerrado Rincón Club de Campo.
En su presentación, el Frente de Todos le pide a la fiscalía que se revise el organigrama del Municipio desde el 2018 porque, aseguran, no se trata «de un simple olvido, error involuntario, o incumplimiento administrativo». Para los concejales, detrás había una actitud sistemática y organizada dentro de la estructura, por lo que consideran que se puede haber cometido un delito contra la administración pública.
Anteriormente, el dirigente del sindicato de municipales, Santiago Baudino ya había denunciado a los dos funcionarios más cercanos a Horacio «Pechi» Quiroga durante su gestión. Se trata de los concejales Marcelo Berdúmez, que fue su secretario de Gobierno, y José Luis Artaza, que fue el de Hacienda. Esa investigación es llevada adelante por el fiscal Diego Azcarate.
En la presentación de esta mañana, el Frente de Todos también pidió el listado de los integrantes del Rincón Club de Campo. Afirman que al no ser vetada, la ordenanza estaba promulgada tácitamente. Bajo este argumento, sostienen que el Municipio tuvo «millonarias pérdidas» por no cobrar las multas correspondientes.
“Nos constituimos en querellantes, ya que fue el concejal Marcelo Zúñiga quien pidió los informes relativos a la aplicación de la ordenanza 13.618, lo que permitió conocer la cantidad de ordenanzas sin publicar y, por lo tanto, la posible existencia de hechos delictivos”, se afirma en el documento presentado.
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