El gobierno espera novedades en la causa

El presidente de la Rúa ratificó ayer su decisión de luchar contra el lavado de dinero, mientras el jefe de gabinete Chrystian Colombo dijo que muy pronto podrían darse a conocer detalles de las maniobras realizadas en el país. Pero el Ejecutivo aún se mantiene al margen de los cuestionamientos hacia el titular del Banco Central, Pedro Pou.

 BUENOS AIRES (DyN) – El gobierno ratificó ayer la decisión de luchar contra el lavado de dinero y advirtió que «se redoblará el rigor y el esfuerzo» si aparecen casos puntuales para investigar, mientras que funcionarios pronosticaron que en poco tiempo podrían comenzar a ver la luz algunos detalles de las maniobras que se habrían registrado en el país.

«Todos coinciden que estamos muy cerca de comenzar a hallar resultados», dijo ayer el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, quien junto al ministro del Interior, Federico Storani; y al secretario de Finanzas, Daniel Marx, insistió en la voluntad del Poder Ejecutivo en impulsar la investigación sobre el caso.

Pero, más allá de las declaraciones de los funcionarios, el presidente Fernando de la Rúa también hizo saber que la batalla contra el lavado de dinero es «prioritaria» para el gobierno. «El prestigio del país es alto por la decidida acción emprendida. Justamente por eso si aparecen casos puntuales, vamos a redoblar el rigor y el esfuerzo. Para nosotros es un tema prioritario», expresó el jefe de Estado.

De la Rúa señaló que impulsa la creación de una comisión especial en el Parlamento, y advirtió que «el Gobierno respalda las investigaciones y promoverá todas las acciones necesarias porque es un tema institucional y prioritario».

Es que el tema del lavado de dinero se convirtió esta semana en una materia clave para el Gobierno, luego de que el último lunes el Senado de los Estados Unidos apuntara contra dos bancos ligados al país: el banco República, liquidado en abril de 1999 y que pertenecía al banquero Raúl Moneta; y Mercado Abierto, de Aldo Ducler, quien fuera asesor del senador Ramón Ortega.

No obstante, ayer los funcionarios del Gobierno insistieron en mantenerse al margen de los cuestionamientos al titular del Banco Central, Pedro Pou, por su presunta responsabilidad en materia de control del sistema financiero (ver entrevista).

Storani dijo que el funcionario «tendrá que establecer sus responsabilidades» en el caso, aunque aclaró que no hay que «prejuzgar» sobre el futuro de Pou. Colombo, por su parte, aclaró que el Poder Ejecutivo no puede remover al titular de organismo financiero porque es designado por el Senado y que salvo que se compruebe que cometió un ilícito tendrá que cumplir su mandato.

En tanto, el Poder Ejecutivo avanza en la redacción del decreto reglamentario de la Ley de Lavado de Dinero, prevista para este martes, al tiempo que mañana el procurador Ernesto Marcer hará una presentación en el ámbito judicial con material proporcionado por el Ministerio de Economía, en base al informe del Senado estadounidense.

Según dejó trascender Colombo, el Gobierno espera que en poco tiempo comiencen a ver la luz algunos detalles de las operaciones que se habrían realizado en el país en materia de blanqueo de dinero provenientes de operaciones ilícitas.

«Creo que en estos temas hay que ser prudentes, esperar a la investigación. Todos coinciden que estamos muy cerca de comenzar a hallar resultados», expresó Colombo.

Expertos de la Corte, la UBA y la AFIP evaluarán informe de EE. UU.

Un cuerpo de expertos integrado por peritos contadores de la Corte Suprema de Justicia y técnicos de la Facultad de Derecho de la UBA, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la AFIP compulsará los datos que el juez federal Gustavo Literas espera recibir de los Estados Unidos respecto de las actividades del ex banquero Raúl Moneta, quien podría ser indagado bajo cargos de blanqueo de dinero.

La información fue suministrada ayer por fuentes judiciales que recordaron que Literas ordenó la declaración indagatoria de Moneta por defraudación, pero nunca fijó fecha a la audiencia porque aguarda, justamente, los resultados del peritaje que realiza la comisión múltiple de expertos convocada por el juez. Ahora, y ante las conclusiones que constan en un informe sobre lavado de dinero elaborado por el Senado de los Estados Unidos, Literas esperará a recibir nuevos informes que serán compulsados por los peritos. Esta medida definirá luego la calificación bajo la cual Moneta prestará la declaración indagatoria .

Literas ya remitió un oficio, por vía diplomática, al Departamento de Justicia estadounidense a los fines de obtener información del Citibank de Nueva York referida al Federal Bank, que integra la cartera de clientes de la entidad. Es que el juez porteño, que en junio de 1999 eximió de prisión a Moneta cuando éste se encontraba prófugo de la Justicia mendocina, pretende establecer si existen vínculos entre el Federal Bank y el liquidado Banco República, propiedad del llamado «banquero del poder». Además, en el informe del Senado estadounidense se hace referencia «a retiros del Banco República por 39 millones de pesos, los cuales pertenecían a una serie de empresas sobre las que se ha pedido información», explicó un investigador del caso Sobre el patrimonio de Moneta pesa una caución de 200 mil pesos dispuesta en el marco de la causa que tramita Literas.

Paralelamente, el fiscal Miguel Osorio ha requerido informes a EE.UU. para avanzar en la pesquisa iniciada por una denuncia del menemista César Arias, apoderado del Partido Justicialista. Osorio tiene delegado el expediente que instruye el juez Adolfo Bagnasco a raíz de la denuncia que presentó Arias cuando el ex presidente Carlos Menem fue acusado de encubrir operaciones de lavado de dinero atribuidas, al fallecido empresario Alfredo Yabrán y al magnate Gaith Phararon. Paralelamente, la juez federal María Servini de Cubría decidió el jueves reactivar un sumario contra el titular del Banco Central, Pedro Pou, y el ex superintendente de Entidades Financieras, Manuel Domper, denunciados por presunto encubrimiento. (DyN)

Cúneo defiende a Dadone

El abogado Mariano Cúneo Libarona definió ayer como “un disparate” la calificación de asociación ilícita por la que el jueves último fue detenido el ex presidente del Banco Nación, Aldo Dadone, y dijo que el juez federal Adolfo Bagnasco debería renunciar a su cargo porque a su criterio tiene intenciones “electorales”.

Además, calificó de “arbitraria e irracional” la detención de Dadone, a quien Bagnasco apresó el jueves como presunto jefe de una organización delictiva que defraudó al Estado al cobrar coimas por 21 millones de pesos a cambio de adjudicar a IBM Argentina el proyecto destinado a informatizar el Banco Nación. “Lo que más critico del juez es esta decisión, que es absolutamente arbitraria e irracional, fundada en motivos que no los veo asentados en el expediente”, afirmó Cúneo. (DyN)

Aguardan “conclusión judicial” en la causa del Senado

BUENOS AIRES (DyN) – Mientras el gobierno nacional considera que no es «sano» que aún no haya una «conclusión» de la justicia respecto a la causa por el presunto pago de sobornos en el Senado, el radical José Genoud anunció ayer que pedirá al juez federal Carlos Liporaci que adelante «todo lo posible» su declaración indagatoria, prevista para el 16 de marzo.

«Lo que nos preocupa es que no se desarrolle a fondo la investigación» y «tampoco es sano que se tenga esto a puertas abiertas sin que se llegue a una conclusión», aseguró Storani, sobre el caso del presunto pago de coimas a senadores para aprobar la reforma laboral. Por su parte, el senador Genoud confesó: «No veo la hora de terminar con toda esta pesadilla», para luego anticipar que, ante el juez Liporaci, «ratificaré mi declaración testimonial».

Desde el justicialismo, el senador Eduardo Menem aseguró que «no cabe duda que aquí hubo y sigue habiendo una campaña de desprestigio contra el Senado» y queda claro que «en los expedientes judiciales no hay absolutamente ninguna prueba que pueda presumir que ha habido algún ilícito». En tanto, el vicegobernador bonaerense, Felipe Solá, consideró que la propuesta para transformar el Senado nacional «es sólo una reforma administrativa que no modifica la cuestión moral de fondo».


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