El otro “plan canje”

Dentro de exactamente un mes tendrá lugar la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso nacional, que tendrá vital importancia tanto para la gobernabilidad como para la política económica del presidente Mauricio Macri. No es para menos. En sus primeros 50 días de gestión, Macri optó por gobernar a base de decretos de necesidad y urgencia (DNU), que a partir de entonces deberán pasar necesariamente por el filtro legislativo. De ahí que la Casa Rosada haya comenzado a negociar un virtual “plan canje” con los gobernadores peronistas, cuyos senadores nacionales conforman la mayoría de la cámara alta. A grandes rasgos, esa negociación no difiere de lo que ha sido tradicional en la política argentina: fondos nacionales a las provincias a cambio de la aprobación de leyes clave en el Congreso. Entre ellas, la designación de los dos nuevos integrantes de la Corte Suprema (Carlos Rosatti y Carlos Rosenkrantz), después de que el oficialismo diera marcha atrás con la controvertida decisión de incorporarlos en comisión a través de un DNU. No fue el único retroceso para permitir un avance. La semana anterior, luego de recibir a trece gobernadores del PJ, el ministro del Interior anunció que será corregido otro polémico DNU, por el cual se aumentó la coparticipación de fondos federales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 16.000 millones de pesos por la transferencia de efectivos de la Policía Federal al gobierno porteño. Rogelio Frigerio lo atribuyó a un error difícil de creer: suponía un exceso del orden de 5.000 a 6.000 millones, que la oposición no pasó por alto. Aun así, la convocatoria de los gobernadores peronistas a la Casa Rosada fue una rápida respuesta del oficialismo al documento que habían aprobado días antes en San Juan. Allí habían advertido que, de no lograr soluciones “a través de la política” al reparto de fondos coparticipables, “se verán obligados a utilizar la vía judicial”. Ese texto era casi una invitación al diálogo. Reclamaba aplicar uno de los últimos y más controvertidos DNU firmados por Cristina Kirchner a comienzos de diciembre, cuando de un día para otro extendió a todas las provincias la exención de la quita del 15% de coparticipación destinada a la Anses, que un fallo de la Corte Suprema acababa de otorgar a Córdoba, Santa Fe y San Luis después de un juicio que duró ocho años. Dicho DNU fue luego derogado por Macri a través de otro DNU. A juzgar por las declaraciones formuladas al cabo de la reunión, los gobernadores se retiraron satisfechos. Frigerio les prometió el giro de 10.000 millones de pesos para obras públicas que CFK había suspendido en los meses previos a las elecciones. Y también que no serán afectados los recursos del Fondo Sojero y del Fonavi. En definitiva, un resultado más modesto que una discusión en serio del nuevo régimen de coparticipación ordenado por la Constitución nacional de 1994 y que permanece como deuda pendiente de la política desde hace casi 22 años, debido a que los cambios requieren de la aprobación de todas y cada una de las legislaturas provinciales. Sin embargo, el dato saliente del encuentro fue el acuerdo para discutir todos los nuevos proyectos del Poder Ejecutivo nacional sobre la base de una “agenda legislativa común”. O sea más negociaciones. Que seguramente tendrán lugar después de que esta semana el PJ renueve su conducción partidaria, actualmente presidida por el exgobernador jujeño Eduardo Fellner. Precisamente en ese carácter, Fellner participó al día siguiente de otro encuentro convocado por Frigerio con dirigentes de distintas fuerzas políticas en la Casa Rosada, donde se acordó impulsar el uso de la boleta única en las elecciones legislativas del 2017. Pero tan llamativo como su presencia fue su silencio sobre la detención de la dirigente kirchnerista Milagro Sala, cuando a pocos metros la Plaza de Mayo se poblaba de militantes, carpas y pancartas reclamando su liberación. La predisposición al diálogo político del peronismo encendió las luces de alarma en el kirchnerismo duro, empeñado en mantener una ruidosa “resistencia” al gobierno de Macri sin autocrítica ni demasiado eco en la estructura del PJ. Y que ya había tenido otro antecedente días antes, cuando el senador Miguel Ángel Pichetto cuestionó la política de Axel Kicillof de subsidiar las ventas de dólares y pasajes al exterior a costa de debilitar las reservas del BCRA y el turismo interno en esta temporada de verano. Tampoco hubo mucho empeño en el PJ, salvo en el caso de Daniel Scioli, por sumarse a los cuestionamientos por la remoción de cientos de militantes contratados durante los últimos meses de gestión de CFK en diversos organismos oficiales sin concursos ni requisitos de idoneidad. A la inversa, el macrismo busca apoyos propios y ajenos para debilitar o aislar al kirchnerismo dentro del FpV, cuyo bloque tiene la primera minoría en la Cámara de Diputados. La invitación a Sergio Massa para participar del viaje a Davos fue el primer paso de esta estrategia, que procura replicar la aplicada con éxito en la provincia de Buenos Aires, donde el FpV quedó dividido y se aprobó el presupuesto bonaerense para el 2016 pese a la oposición del bloque K en la Legislatura. Por ahora es prematuro aventurar qué ocurrirá. Sobre todo, porque en la cámara baja resta definir la presidencia de la estratégica Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, encargada de pronunciarse sobre los DNU, donde hay paridad entre el FpV y Cambiemos junto con aliados, mientras que Massa podría inclinar el fiel de la balanza. Esta comisión deberá convalidar o rechazar los DNU dictados por Macri, que se dividen entre algunos formales (como el cambio de la ley de Ministerios o el rechazo a que el Tesoro coloque en el BCRA una letra intransferible que afectaría su patrimonio) y otros decididamente polémicos (como la modificación de la ley de Medios; la eliminación del Afsca y la Aftic y su reemplazo por un Ente Nacional de Comunicaciones; el traspaso de escuchas judiciales de la Procuración General del Tesoro a la Corte Suprema, o la postergación de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal). Para que no entren en vigencia se necesita el voto de ambas cámaras. Sin embargo, se trata de la antesala de las discusiones de fondo que tendrán lugar en el Congreso cuando a partir del 1 de marzo se inicien las sesiones ordinarias. Allí el gobierno de Macri deberá negociar voto por voto varias leyes clave para darle sostén a su política económica. Entre ellas, la reforma del Presupuesto Nacional 2016 y de la Carta Orgánica del BCRA; la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, para destrabar la negociación con los holdouts y reabrir el crédito externo, y también la reforma del piso y las escalas del impuesto a las Ganancias, a fin de facilitar las negociaciones salariales en paritarias y, además, atenuar el impacto del fuerte incremento que rige desde este mes en las tarifas eléctricas en la capital federal y el Gran Buenos Aires. Precisamente dos de los distritos que contribuyeron decisivamente a su triunfo electoral.

Opiniones

Néstor Scibona – nestorscibona@gmail.com (Especial para “Río Negro”)