El pasado, único problema para Jaunarena

A 25 años del último golpe militar, las FF. AA argentinas están plenamente subordinadas al poder civil.

Esta es la realidad de mayor trascendencia institucional que encontrará hoy el abogado de 59 años Horacio Jaunarena, al llegar a su despacho del Edificio Libertador como flamante ministro de Defensa.

Al menos hasta anoche, fuentes militares estimaban que Jaunarena no introducirá grandes cambios en la estructura orgánica de la cartera. Dijeron que está abierta la posibilidad de que sigan en sus cargos los actuales secretarios Angel Tello y José María Lladós, dos viejos conocidos y compañeros de ruta política de Jaunarena.

El primero de ellos mantiene una estrecha filiación política con el ministro del Interior, Federico Storani. Durante su exilio se graduó en ciencias políticas en La Sorbona. Entre otras cátedras tuvo como profesor a uno de los intelectuales conservadores más insignes de Francia: Raymond Aron.

En lo concerniente a Lladós, es abogado y tiene dilatada militancia en el radicalismo. Y también es un viejo conocido del poder militar, ya que durante un tramo de la dictadura de Jorge Rafael Videla formó parte de un grupo de radicales que trabajó en la Secretaría General de la Presidencia de la Nación bajo órdenes del general José Rogelio Villarreal. Fue en 1977.

Llegó a ese sitio llevado por el abogado Ricardo Yofre. Según la reciente biografía «El dictador, historia secreta y pública de Videla», escrita por los periodistas María Seoane y Vicente Muleiro, el grupo tuvo como misión trabajar «en los planes políticos que Videla supuestamente debería instrumentar en un futuro no lejano».

Pero no hubo planes.

Las rencillas que sacudieron el frente interno castrense, debido a diferencias sobre cómo dosificar el retorno del país a la política, los desarticularon.

Volviendo al flamante ministro de Defensa, la agencia Infosic señaló anoche que, según fuentes castrenses, las primeras preocupaciones de esa cartera tienen que ver con asuntos de índole política y de manejo de la imagen castrense hacia la ciudadanía.

Faltan menos de tres semanas para una efemérides fatídica: el 25 aniversario del golpe militar que desató la más cruenta dictadura.

«Los jefes castrenses -en especial el del Ejército, Ricardo Brinzoni- ya hicieron llegar al gobierno su opinión contraria a que funcionarios del Ejecutivo tomen parte en los actos de repudio a aquella dictadura, ante el temor de que tales manifestaciones terminen en una catarata de insultos e imputaciones hacia las Fuerzas Armadas», precisó Infosic.

También preocupa en las filas uniformadas el desarrollo que pueden tener algunas causas judiciales que todavía siguen investigando las secuelas de la represión ilegal y las muertes y desaparecidos producto de ella.

El juez federal Gabriel Cavallo -por caso- tiene en sus manos una causa por la desaparición de la joven Claudia Poblete, en la que ya procesó a un par de ex agentes paramilitares.

En fuentes tribunalicias trascendió que Cavallo podría fallar la «inconstitucionalidad» de las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida y disponer el interrogatorio y eventual procesamiento de militares activos o retirados.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales, el propio Brinzoni tendría que explicar qué rol cumplió durante la dictadura, en el Chaco, al momento de ser asesinados 17 detenidos.

Cabe recordar que con Brinzoni a la cabeza, 700 oficiales del Ejército han formulado un reclamo a las organizaciones de derechos humanos que también será un tema de Jaunarena (más material en esta página).

De todas maneras, cualesquiera sean las tensiones que aquel pasado proyecte sobre el presente, Jaunarena sabe con razón que nada se saldrá de madre en las Fuerzas Armadas argentinas.

Una garantía otorgada por la propia experiencia que asume el país en materia política. Y también la que ese pasado conlleva a los propios militares.

Integrantes -además- de una corporación a la que esa historia terminó desarticulándole poder.

Brinzoni y Bravo no se ponen de acuerdo

El jefe del Ejército, teniente general Ricardo Brinzoni, y el diputado socialista Alfredo Bravo confrontaron ayer sobre el pedido de esa fuerza castrense para que los organismos de derechos humanos den a conocer los datos que poseen sobre la actuación de los militares aún en actividad, en la represión ilegal de la última dictadura.

Brinzoni negó que la solicitud forme parte de «una jugada política». Sostuvo, en cambio, que al Ejército le interesa «la posibilidad de conocer exactamente qué información oficial emanada de estos organismos privados puede haber para reducir la incertidumbre generalizada que surge en los cuadros del Ejército cada vez que llega la época de ascensos y aparece información que los puede afectar».

«La experiencia de los últimos dos años es que algunos organismos acusan y distribuyen información que es irreal, que es anónima, que es falsa; confunden apellidos, aprovechan la presencia de homónimos para lesionar el honor de oficiales en actividad», precisó Brinzoni.

La cúpula del Ejército y alrededor de 700 oficiales de esa fuerza concurrieron la semana pasada a las oficinas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Solicitaron conocer los datos recopilados sobre su actuación en la última dictadura.

La presencia de los militares en los organismos de derechos humanos se amparó en la ley de Hábeas Data, instaurada en la reforma constitucional de 1994, que permite conocer qué dicen informes de oficinas públicas y privadas sobre los individuos.

Pero ayer, el diputado nacional por la Alianza e integrante de la APDH Alfredo Bravo, sostuvo ayer que «hasta que los militares no den la lista de los detenidos desaparecidos y brinden detalles de las circunstancias en que esto ha ocurrido, la APDH no va a entrar en este juego».

«No somos la CIA, ni la SIDE. No tenemos en los archivos más que la denuncia que nos presentaron los detenidos, más la recopilaciones que fuimos haciendo a través de las exposiciones de los juicios. Pero no vamos a dar el aval a ningún integrante de las Fuerzas Armadas que todavía no ha querido conjugar la autocrítica que realizó en su momento el general Balza», replicó Bravo a Brinzoni por Radio Splendid.

Por su parte Brinzoni, por América, señaló que «la ley de Protección de Datos Personales otorga a los organismos que han sido requeridos 10 días corridos para contestar. Y si se niega el acceso a la información, como puede ser el caso de la APDH, cada peticionante puede reclamar ante la Justicia, que es lo que podríamos hacer si no obtenemos respuesta».

El Ejército negó que esta acción haya sido producto de una decisión institucional, pero la gran cantidad de oficiales que se presentaron a pedir informes hace pensar que existe una acción coordinada.

«Es el uso de una ley que fue sancionada el año pasado, y los militares como ciudadanos en uniforme que somos queremos hacer uso de ese derecho. Me parece que llamarlo una fuerte jugada política es un poco audaz. Queremos que desaparezcan de esos organismos aquellas informaciones que son falaces, y que se precise a quién corresponde cada una de esas informaciones para que llegado el momento de los ascensos, estas situaciones no se repitan», reclamó el militar. (Infosic)

Saludo carapintada para el ministro

El ex teniente coronel de infantería Angel León, quien en 1987 fue uno de los ideólogos y jefes operativos del alzamiento militar de Semana Santa, fue ayer al Salón Blanco de la Casa de Gobierno a saludar al flamante ministro de Defensa, Horacio Jaunarena

En medio del gentío, la presencia de León sólo fue advertida por un par de periodistas avezados en el seguimiento de acontecimientos castrenses.

«Esta es una oportunidad propicia para superar situaciones del pasado, contribuir a la unión nacional. Vine sin invitación a saludar y desearle éxito a Jaunarena», dijo León.

León era jefe del Regimiento 19 de San Miguel de Tucumán, cuando el 16 de abril de 1987 se sublevó contra sus mandos naturales en apoyo al amotinamiento que, desde la Escuela de Infantería en Campo de Mayo, lideraba el entonces teniente coronel Aldo Rico.

Sofocada la rebelión, León fue dado de baja y encarcelado -junto con otros «carapintadas»- en el penal militar de Magdalena.

Mientras se hallaba entre rejas, uno de sus hijos, que era cadete del Colegio Militar, agonizaba víctima de un cáncer.

Enterado de la situación, el entonces secretario de Defensa, José Horacio Jaunarena, hizo gestiones para que León pudiese cumplir su prisión en el Regimiento de Granaderos.

La vecindad de esa unidad con el Hospital Militar Central permitió a León acompañar a su hijo hasta el fallecimiento de éste.

León pudo visitarlo bajo «juramento de honor» de que no intentaría escapar de su situación de preso o eludir la acción de la Justicia.

León cumplió.

Ese gesto, desconocido para el común de la gente, trascendió en los ámbitos castrenses e hizo que muchos «carapintadas» que odiaban al gobierno de Raúl Alfonsín, vieran al entonces secretario Jaunarena a un interlocutor confiable. (Infosic)