El “protocolo antipiquete” se diluye

Apenas dos meses después de su lanzamiento, el instrumento con que el gobierno pretende regular la protesta social navega por aguas inciertas. La mayoría de los expertos ven no sólo problemas legales, sino de aplicación práctica y problemas de coordinación con la Justicia.



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La intervención de Gendarmería en manifestaciones, tanto en el gobierno anterior como en este, ha estado rodeada de polémica.

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A casi dos meses desde su firma con bombo y platillos en Bariloche, el denominado “protocolo antipiquetes” que pretendió ser un gesto de autoridad del gobierno apenas suma discursos y buenas intenciones. Su aplicación pareciera haberse diluido entre dudas sobre su legalidad y la falta de confianza y voluntad política sobre su utilidad práctica, sobre todo en las provincias.

La mayoría de los expertos esperan un aumento de la conflictividad social en los próximos meses. En el contexto de una economía en baja y elevada inflación, la ola de despidos estatales y privados ha comenzado a aumentar las situaciones de tensión en diversos sectores productivos, como el del petróleo en nuestra región.

A esto se suma que la mayoría de los gremios aún mantienen las paritarias abiertas, con chances de que muchos de los que ya acordaron pidan la reapertura a mediados de año. Además, hay una creciente movilización de grupos vecinales por distintas situaciones relacionadas con servicios públicos, medio ambiente o problemas como la seguridad.

Aunque 20 provincias acudieron a Bariloche para firmar su adhesión al protocolo, a poco de analizar las consecuencias legales y políticas la mayoría de los distritos decidió más tarde relativizar su aplicación efectiva. En la región, Neuquén decidió directamente no firmarlo y Río Negro adhirió, pero considera que su aplicación no es obligatoria y dependerá del criterio que adopte la provincia en cada situación concreta.

Aunque la mayoría destaca como positivo el intento de elaborar un criterio de actuación ante situaciones de corte de ruta y la apertura de una instancia de negociación con los manifestantes, el esquema propuesto por la ministra Patricia Bullrich choca con dos obstáculos: el rol de la Justicia y la responsabilidad política de las actuaciones cuando las negociaciones fallen.

Como señaló a “Río Negro” Patricio Giusto, cuya consultora monitorea regularmente las situaciones de conflicto social en el país, el esquema hace que los gobernadores “queden solos” ante las responsabilidades de disuadir una protesta ya que el esquema diluye el necesario aval judicial a la medida (ver entrevista).

Si a esto se suma que se habilitó el uso de armas de fuego para las fuerzas que actúen en estos casos, la situación podría complicar más aún, ante el riesgo de víctimas fatales.

Desde su presentación, el pasado 18 de febrero en la ciudad de Bariloche, el protocolo suscitó una variedad de opiniones en contrario y debates. Desde distintos organismos de derechos humanos, de prensa y especialistas en temas jurídicos, advirtieron algunos riesgos y problemas que podrían presentarse frente a su aplicación.

El primer eje de debate se refiere a dos derechos fundamentales que esta reglamentación pretende regular: a la protesta y a la libre circulación.

El abogado constitucionalista Roberto Gargarella, autor del libro “El derecho a la protesta; el primer derecho”, sostiene que el documento presentado por la ministra Bullrich “tiene problemas desde un comienzo, por el modo en que fue escrito. Se trata de temas sensibles, que deben ser producto de una discusión que incluya, de modo especial, a aquellos que pueden verse perjudicados por el mismo. Pero ha sido, como es habitual, elaborado apenas por un puñado ínfimo de especialistas”. Agregó que el proyecto “insiste con visiones dicotómicas erradas” ya que presenta, según el jurista, un “enfrentamiento entre dos derechos” que no es tal. “Debe reconocerse que en cada conflicto social suelen verse afectados múltiples derechos, que trascienden a ‘tránsito’ y ‘expresión’, para incluir, centralmente, derechos sociales y económicos que la constitución garantiza. No se puede pensar la protesta hoy desde simplificaciones tan erradas como absurdas”, señala.

Por su parte, el secretario de Seguridad Interior, Gerardo Milman, sostiene que el espíritu del protocolo es que estas dos libertades “puedan convivir de una manera más armónica de lo que venían conviviendo en el pasado”. El funcionario explicó que la voluntad del gobierno es “cambiar el paradigma para que la gente pueda circular y pueda manifestarse, que es lo que plantea la ley”.

Con respecto a este debate, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), argumentan que la propuesta hecha por el Ministerio de Seguridad “limita los derechos constitucionales fundamentales para la democracia como es el derecho a la protesta, a la libertad de expresión e inclusive a la libertad de prensa”. Este organismo elevó una carta pública, desarrollando sus principales objeciones a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Sin embargo, como explica Manuel Tufró, coordinador del Equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del organismo, no tuvieron respuesta. “Creemos que ante un tema tan sensible debería haber un espacio de debate más amplio, a donde distintos actores sociales pudiera presentar sus puntos de vista”, sostuvo Tufró.

El otro eje cuestionado al llamado Protocolo de Seguridad se refiere a la regulación de la actuación de las fuerzas de seguridad frente a manifestaciones públicas ya que, por ejemplo, en el texto no se prohíbe el uso de armas de fuego.

Para el CELS esto representa un retroceso respecto de la reglamentación previa, contemplada en los “Criterios mínimos sobre la actuación de los cuerpos policiales y fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas, en la que se disponía la “prohibición de portar armas de fuego para todo el personal policial y de las fuerzas de seguridad”.

El gobierno: recalculando...

Respecto de este tema, en conversaciones con radio La Red, Bullrich aseguró que en las manifestaciones programadas la policía hará un “uso mínimo de la fuerza legítima y sin armas de fuego”, aunque no lo descartó en caso de conflictos espontáneos.

También preocupa a organizaciones sociales el hecho de que las fuerzas de seguridad puedan disolver una manifestación sin necesitar de una orden judicial. Esta posibilidad se basa en el artículo número 194 del código penal, citado en el protocolo, que establece que aquel que impida el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire está cometiendo un delito. Gargarella, por su parte, sostiene que ese criterio “ lleva implícito el presupuesto de que el que protesta es un delincuente”.

Desde distintos sectores se cuestionó el hecho de que, a pesar de que ha habido diversas manifestaciones y cortes de calles, el protocolo no se aplicó. En respuesta a esto, el secretario Milman explicó: “En la reunión de Bariloche, veinte provincias aceptaron el protocolo, que no es una resolución ministerial sino una resolución del Consejo de Seguridad Interior y cada provincia lo ajusta de acuerdo a su acuerdo procesal, su propia dinámica, y comprendiendo la concepción federal de la Argentina”. Así, la responsabilidad del gobierno nacional se limitaría a las rutas nacionales, autopistas y vías navegables.

Sin embargo, Gargarella difiere en que el motivo por el cual no se aplicó sea este y lo atribuyó a una conciencia, por parte del gobierno, de la “resistencia política que han generado”. Para el constitucionalista, niguna autoridad quiere llevar a cabo lo establecido por el protocolo porque esto “implicaría involucrarse en la violencia social, en una sociedad todavía con las heridas abiertas luego de Puente Pueyrredón (en referencia a los asesinatos de los militantes Kosteki y Santillán en junio de 2002)”, ejemplificó.

(Red. Central/Agencia Buenos Aires)

La protesta social


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