El radicalismo obligó a postergar el debate por Subversión

El justicialismo no logró sumar ayer el número de legisladores necesarios para tratar la controvertida ley de subversión económica, pero el radicalismo se comprometió a contribuir con el quórum que no dio ayer para que el jueves haya sesión.

Aunque de este modo estaría garantizado el tratamiento de la ley, aún subsisten incontables dificultades para que alguna de las posiciones que deberían someterse a votación, esto es la derogación o la modificación de la norma, logre los votos requeridos para su sanción.

Esto es producto de que en el justicialismo los números se mantienen inamovibles (32 votos a favor y 8 en contra) y de que los radicales no lograron todavía unificar una posición que les evite bajar al recinto divididos.

«Queremos que se reúna la comisión de Asuntos Penales y se firmen los dictámenes correspondientes y cada uno fije su posición. Con el dictamen estamos dispuestos el jueves a dar debate», expresó el jefe de la bancada radical Carlos Maestro.

Sin embargo, con respecto a la cuestión de fondo, lo único que alcanzó a precisar es que «el radicalismo ratifica su oposición a derogar la ley», aunque no significa que hayan resuelto apoyar el proyecto de modificación de la ley que sancionaron los diputados en base a una propuesta de Margarita Stolbizer.

Como el oficialismo no tenía los 37 senadores necesarios para sesionar con quórum propio, al promediar la tarde el justicialista Marcelo López Arias, en una expresión en minoría en el recinto (el PJ había pedido una sesión especial para hoy las 18), pidió que las deliberaciones sean citadas para el jueves a las 10 de la mañana.

La jornada en el Senado estuvo cargada de interminables y nerviosas negociaciones que en ningún momento sirvieron para esclarecer cuál será el desenlace de la ley 20.840 de subversión económica, cuya derogación es reclamada por el FMI como precondición para firmar un acuerdo económico y pedida por el presidente Eduardo Duhalde «para esta semana».

Inclusive el ministro del Interior, Jorge Matzkin, se corrió hasta el bloque justicialista para seguir de cerca las tratativas, que hasta anoche no registraban modificaciones.

Los radicales tuvieron varias reuniones de bloque, en las que no lograron unificar posiciones.

Inclusive el anuncio de Maestro de que darían el quórum el jueves, según algunos miembros del ala dura del bloque, «aún no estaba decidido cuando lo hizo público».

En el seno de esa bancada Rodolfo Terragno, Juan Carlos Passo, Gerardo Morales, Mónica Arancio y Miriam Curletti integran el sector que no quiere la derogación y tampoco comulga con la modificación que hicieron los diputados, una posición que avala el principio de «la nada constitucional» considerada por algunos juristas como «inviable» porque implica que se aprueba una ley que no tiene contenido.

Enfrente están Maestro, Raúl Alfonsín (adelantó que estaba dispuesto a bajar él solo al recinto para acompañar a los justicialistas), Raúl Baglini, Eduardo Moro, Luis Falcó y Amanda Isidori, que procuran mantener la relación con el gobierno y que estarían dispuestos a aprobar la modificación de diputados, pero nunca la derogación.

Pese a que quedan muchos aspectos centrales a dilucidar, ayer pareció quedar en claro que la UCR no obstaculizará la norma, ya sea a través de los dos tercios o facilitando las firmas en el dictamen del PJ (aunque sea en disidencia total) para que se pueda tratar por simple mayoría.

Pero en el PJ no confían mucho de los radicales, ya que consideran que «establecen compromisos frágiles» y exhiben como muestra la escandalosa sesión del 9 de mayo, cuando casi hicieron naufragar la ley en su primer tratamiento en el Senado.

Por eso iniciaron intensas gestiones para torcer voluntades, que hasta ahora no dieron resultados comprobables.

Jorge Yoma, Jorge Busti, Graciela Bar, Liliana Negre de Alonso, Marcelo Guinle Raúl Ochoa,Cristina Fernández de Kirchner y Nicolás Fernández, los ocho rebeldes del PJ, se reunieron en el despacho del primero para «juramentarse» no violar el pacto de votar en contra de la derogación. (DYN y Télam)

Duhalde: «En dos o tres semanas…»

El presidente Duhalde volvió a confiar ayer que si el Congreso deroga la ley de Subversión Económica y todos los gobernadores firman el pacto, «dentro de tres semanas tendremos el acuerdo con el FMI ya finalizado y muy rápido vendría el dinero para prefinanciar exportaciones».

Duhalde dijo que no quiere «ni imaginar siquiera la hipótesis» de que no se concreten esas medidas reclamadas por el Fondo y advirtió que tras la ratificación del acuerdo de 14 puntos con los gobernadores «ahora es el momento de cumplir».

También volvió a negar la posibilidad de fijar el valor del dólar, aunque reconoció que leyó un documento de trabajo sobre esa posibilidad, y dijo que «en los próximos días» tomará una decisión sobre el plan de bonos elaborado por el ministro de Economía, Roberto Lavagna. (DyN)

Respaldan protección de bienes culturales

Juristas, funcionarios, actores y empresarios periodísticos reclamaron la sanción de una ley para excluir a los bienes culturales de la aplicación del instituto «cram down» previsto en la ley de quiebras, por el cual un acreedor o un tercero pueda asumir el control de la firma concursada.

La solicitud fue realizada en un masivo plenario de las comisiones de Comunicaciones, de Legislación General, y de Libertad de Expresión del Senado, que está buscando emitir un dictamen consensuado en base a las iniciativas presentadas por el justicialista Miguel Pichetto y el radical Carlos Maestro.

Durante la reunión que se extendió por más de cuatro horas, los expositores plantearon la necesidad de esta iniciativa para impedir la desnacionalización de la cultura.

A lo largo de la reunión expusieron el asesor jurídico de ADEPA, Gregorio Badeni; el constitucionalista Alberto Garcia Lema; el especialista en derecho societario de comunicaciones, Alejandro Fargosi; Luis Fontán Balestra; el presidente de la Asociación de Editores de Revistas, Alberto Fontevecchia y el titular de la Asociación de Editores de Diarios, Alberto Gowland Mitre.

En el Senado, los legisladores expresaron su vocación de avanzar en la sanción de un proyecto al aprobar una preferencia para debatir para excluir a los bienes culturales del procedimiento del «cram down» contemplado en la ley de quiebras, a fin de evitar una eventual extranjerización de los mismos.

Pichetto aseguró que «nuestra intención es poder tener dictamen esta misma semana y así poder dar una rápida sanción» a este proyecto, con el cual «protegeremos en esta situación económica a las empresas que con motivo de la devaluación y de un fuerte endeudamiento pueden sufrir un fuerte proceso de desnacionalización».

En el borrador del despacho que están buscando consensuar se establecerá una limitación entre el 25 y el 30%, la participación accionarios de capital extranjero en los medios de comunicación y establecer que no se aplicará en caso de quiebra el mecanismo por el cual el acreedor o un tercero pueden quedarse con esa firma concursada. (Télam)