Encuestaron a los judiciales de Neuquén sobre el acuerdo salarial

El muestreo alcanzó al 12% del personal de toda la provincia. También les preguntaron sobre algunas de las condiciones de trabajo.





Las y los trabajadores judiciales de Neuquén no quedaron conformes con el acuerdo salarial que obtuvo su sector, pudieron atender parcial o escasamente sus gastos fijos, casi no les quedó margen para «actividades recreativas, deportivas o escapadas turísticas» y creen que este mes debería retomarse el reclamo.

Así lo revela una encuesta que respondieron 141 empleados y empleadas de las cinco circunscripciones de la provincia, el 77,5% del escalafón administrativo, el 75% con menos de 15 años de antigüedad. El muestreo lo realizó durante abril el espacio Memoria, Pensamiento, Articulación (MPA), una línea opositora a la actual conducción del sindicato Sejun.

«El Espacio MPA está conformado por trabajadorxs judiciales militantes. No contamos con estructura, ni aparatos económicos. Todo lo que hacemos es a pulmón y voluntad. Y ello se verificó en la encuesta, cuyas deficiencias técnicas reconocemos. Seguramente en próximos sondeos, tendremos en cuenta críticas y aportes, y se avanzará en la calidad», señalaron en la publicación.

«Pretendimos obtener opiniones representativas del conjunto. Creemos haberlo logrado. Respondieron la encuesta trabajadorxs de las cinco Circunscripciones Judiciales, y de la gran mayoría de los organismos de los distintos fueros y áreas laborales. Del universo empadronado en Sejun, verificamos 141 encuestas, es decir un 12% del padrón. Número que entendemos representativo a la hora de analizar la seriedad y solidez de una encuesta».

En el rubro «medidas de fuerza más efectivas», las respuestas mayoritarias fueron paros (38%), asambleas en lugares de trabajo (34%) y retiros sorpresivos (32%).

A la conducción sindical, quienes respondieron la encuesta le piden «absoluta independencia», y creen que la política del Tribunal Superior de Justicia es «ampliar la desigualdad distributiva en el Poder Judicial» y «dependencia del Colegio de Abogados y del gobierno provincial».


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