Esa costosa casa de cristal

ALICIA MILLER amiller@rionegro.com.ar

La decisión del radicalismo rionegrino de convocar a una reunión de dirigentes, previa a la Convención partidaria, ratifica que –otra vez– la conducción del oficialismo decidirá sin participación activa y directa de los afiliados todo aquello relacionado con el aval o no a la reforma constitucional que impulsa el gobernador Miguel Saiz. ¿Por qué no hacer un plebiscito interno, una asamblea, una verdadera Convención partidaria, abierta y llana? La respuesta a ese interrogante es la misma que explica por qué los candidatos a gobernador y a vice que hoy son gobierno no fueron designados por una elección interna y abierta, como marca la legislación electoral vigente. Si las vías de consulta y referendo no funcionan hacia adentro del partido de gobierno, menos puede esperarse que se pregunte a la comunidad en general sobre las políticas de Estado. Sucede que, después de tantos años en el poder en la provincia, el radicalismo rionegrino se desdibuja cada vez más como un partido político democrático. Ya no le queda de esa condición más que una fachada. En Río Negro la UCR es, en suma, una cómoda y frágil casa de cristal en la cual un puñado de dirigentes hacen y deshacen, aprovechando en su favor la virtual confusión entre partido, gobierno y Estado, sobre todo en lo que se refiere al manejo presupuestario y mucho más en épocas previas a las elecciones. El éxito electoral y, en muchos casos, cierta prosperidad personal resultante del esquema vigente contribuyen a tener tranquilos a aquellos militantes a quienes resulta ocioso todo debate político de fondo. El sector orgánico sirve de refugio al resto, aunque sin la posibilidad ni los recursos necesarios para competir en condiciones de cierto equilibrio de oportunidades. La violencia verbal que hoy divide a sectores del oficialismo –y que muestra a mendioristas y a veranistas enfrentados con el Grupo Residencia allegado al gobernador Miguel Saiz– no es más que una rencilla palaciega entre quienes han estado siempre de acuerdo con las líneas centrales de los gobiernos desde el 1983 a la fecha, años que coinciden –lamentablemente– con el brutal retroceso de la provincia en sus aspectos financiero, de infraestructura económica y de calidad de los servicios públicos que presta. Preocupa, por eso, advertir que nadie en el oficialismo se ha peleado en procura de mejorar la eficiencia en el gasto en Salud Pública o en Familia; ningún funcionario dio portazos contra los sobreprecios en obras públicas o en las compras de comida preelaborada de pésima calidad y dudosa procedencia; y nadie renunció a su puesto argumentando dilemas éticos por la falta de transparencia y de respaldo documental en la investigación del enriquecimiento del legislador Daniel Sartor o en cualquiera de los numerosos casos de corrupción que salpicaron la imagen de las sucesivas administraciones en la provincia. Lo único que en los últimos tiempos divide aguas en el oficialismo rionegrino es el temor de que –obstinado como está en promover una reforma constitucional que no descarte sus aspiraciones a un tercer mandato– el gobernador Miguel Saiz siga desatendiendo su gestión y abone una posible derrota electoral el año próximo. Ni siquiera el alineamiento del gobernador con el kirchnerismo consiguió romper acuerdos políticos provinciales con el senador Pablo Verani, su sobrino, el ministro de Hacienda y otros sectores internos que, por lo bajo, expresan desagrado con las políticas y estilos del gobierno nacional. Es probable que espante más al oficialismo la posibilidad de perder el poder ante el intendente de Roca –Carlos Soria– o ante quien sea finalmente el candidato del Partido Justicialista que cualquier otra cuestión, incluida la imposibilidad virtual de la provincia de cumplir con sus compromisos salariales o de servicios. Ese marco político de tironeos y entredichos no es el más propicio para analizar modificaciones a la Constitución provincial, sobre todo porque las mínimas actualizaciones necesarias podrían hacerse perfectamente bien a través de una enmienda, sin ningún gasto y aprovechando los consensos ya alcanzados en ese sentido entre las fuerzas políticas de la provincia. Pero, está visto, en esta provincia las riendas las tiene la porción del radicalismo gobernante, sea por la debilidad o permeabilidad que la oposición ha mostrado hasta el momento, sea por la relativa pasividad de las fuerzas sociales y no partidarias para participar de un debate que excede, con mucho, a los dirigentes políticos. La cuestión, por ahora, es si Saiz tiene o no las riendas dentro de su partido. Y eso, más que en la Convención del 24, se verá en la reunión más pequeña y reservada prevista para el 12 de abril, en la cual es posible que unas 70 personas terminen sellando el destino de la Constitución provincial. Un debate contra la hegemonía En la Justicia provincial, en tanto, la defensora del Pueblo sigue intentando que se le reconozca la legitimación activa que le asigna al cargo la Constitución nacional y que resulta indispensable para representar a la ciudadanía rionegrina en la causa que investiga la compra de comida preelaborada a la firma Flavors y en cualquier otro planteo ligado con omisiones o fallas del Estado. Sin legitimación, la Defensoría se vuelve una institución alegórica y vana. Es también ésta una batalla contra la hegemonía y en favor de que la provincia se sume a la tendencia mundial de promover el acceso de las personas comunes a las soluciones que tiene obligación de brindar el servicio de justicia. No son cosas distintas la política partidaria, la gestión de gobierno y sus efectos en la vida cotidiana. Es por eso que la corrupción, la falta de participación ciudadana y los criterios restrictivos para interpretar el acceso a la justicia tienden –unos y otros– a lesionar no sólo la legitimidad de los gobiernos sino también la calidad de vida de la población. Asimismo, influyen en que se debilite la esperanza general de que una organización formalmente democrática sea la vía necesaria y suficiente para hacer reales los derechos civiles y sociales enunciados en una Constitución. Es comprensible que varios funcionarios judiciales y de organismos de control se molesten al ver a Piccinini convertida –en gran medida por ellos mismos– en la exclusiva abanderada contra la corrupción. Lo que extraña es que, aun así, muestren tan poco empeño en cumplir sus propias obligaciones con la sociedad en ese aspecto.

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