Fraga se negó a declarar por coimas

 Martín Fraga, el secretario del legislador nacional Remo Costanzo, se negó ayer a declarar ante el juez Carlos Liporaci en la causa de los supuestos sobornos en el Senado, en la que es uno de los 13 imputados y se limitó a presentar la hipoteca que pesa sobre su lujosa casa ubicada en el country Golfers.

«Mi cliente hizo uso de la facultad constitucional de no declarar, porque entiende que con la documentación aportada la semana pasada y su testimonio ante la Oficina Anticorrupción, es suficiente para aclarar su situación», señaló a este medio Roberto Castellano, abogado de Fraga.

El escrito de 12 carillas, según una fuente del caso, «da respuesta sólo a un 10 % de las cosas que queríamos responder», por lo tanto consideró, esto constituye un problema para la causa y para el imputado.

Un observador del ámbito judicial, explicó así la estrategia de la defensa: «Su objetivo es evitar que Fraga incurra en contradicciones. Aun cuando se probara un injustificable incremento patrimonial de su parte, habría que relacionarlo con la fecha del famoso anónimo», interpretó.

En tal sentido, el representante legal del asesor de Costanzo afirmó que «tomando en cuenta que entre Fraga y su esposa ganan cerca de 6000 pesos por mes, se puede explicar muy bien su situación económica más aún cuando su vivienda está hipotecada y tiene prendado uno de sus autos» (en su primera manifestación, declaró un ingreso inferior a los 4000 pesos entre ambos).

Fraga calificó ayer al affaire de los sobornos como un «juego político», e insistió en que el titular del Registro dePilar es su padre, quién «no tiene nada que ver con Costanzo». Aún reconociendo la veracidad del dato, un actor de la causa desliza objeciones: «¿Acaso como obtuvo el registro si no es por influencia política?», disparó.

Sin embargo, otra fuente advirtió que «aún cuando puedan existir presunciones, no hay ningún dato relevante que permita asegurar que accedió a dicho organismo gracias a Costanzo».

Por otra parte, los investigadores continúan enfatizando que Fraga depositaba grandes sumas que recibió Costanzo en relación a la campaña electoral, «una tarea que muy dificílmente haga un empleado administrativo común». Empero, Fraga rechazó que movilizara fondos del legislador:»Confunden depósitos procedentes de la oficina de mi padre, con plata del senador de la cuál no me ocupé», apuntó.

El abogado de Fraga dijo que «en diez días» el juez tendrá que resolver la situación procesal de su defendido y de cada uno de los imputados. (ABA)

El ministro de Justicia admite casos de corrupción

El ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, hermano del presidente de la Nación, admitió ayer que en el gobierno de la Alianza «ha habido» casos de supuesta corrupción.

«Si habláramos de una hipótesis ideal, quisiera que no hubiera habido ningún caso…, pero los ha habido», afirmó De la Rúa. El reconocimiento del ministro surgió como respuesta a una pregunta sobre los casos de supuesta corrupción por los que están investigados el ex interventor del PAMI Angel Tonietto, un hijo de la renunciante titular del Instituto de Asociativismo (INAES), Mary Sánchez , y el ex subsecretario de Relaciones Laborales Enrique Espínola Vera.

Inmediatamente aclaró que esos casos «no fueron de la gravedad de otras épocas y el gobierno actuó con absoluta transparencia en todos ellos».

El hermano del presidente de la República durante una visita de cortesía a la Cámara Nacional de Casación Penal, rápidamente diferenció a los mencionados del ex ministro de Trabajo, Alberto Flamarique. Sobre el ex titular de la cartera laboral -quien renunció en el marco del escándalo por el supuesto pago de sobornos a senadores para que aprobaran la reforma laboral- De la Rúa hizo hincapié en que «no está imputado en la causa» en la que están acusados varios legisladores de la Alianza y el PJ y ex funcionarios.

Ya en el tema específicamente judicial, De la Rúa aseveró que con la llamada ley del 2 x 1, por la cual se computa doble cada día de prisión sin condena firme, «hay aplicaciones excesivas y desproporcionadas» de esa norma por lo que «la pena realmente aplicada en los hechos termina reducida».

El ministro defendió el proyecto de ley oficial para introducir modificaciones en la ley alegando que «se compute hasta que haya sentencia sobre el fondo, es decir que no se compute durante la etapa recursiva para no dar lugar a dilaciones deliberadas». Ese fue uno de los temas que De la Rúa abordó durante su reunión con los miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal, en la que también participó el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga.

Angustia oficial

La situación de los presos de La Tablada, que mantienen hace más de 60 días una huelga de hambre, provoca «angustia» al gobierno, manifestó el ministro de Justicia. Por su parte, el flamante secretario de Justicia, Melchor Cruchaga, consideró ayer que por «una interpretación jurisprudencial» se podría otorgar el recurso de revisión a los condenados por La Tablada, sin esperar la aprobación del proyecto de ley impulsado por el gobierno.

Cruchaga instó a «esperar los próximos días» para definir «si se puede otorgar, incluso aún sin dictar la ley» la revisión de las condenas de quienes coparon el regimiento de La Tablada, en una acción terrorista que el 23 de enero de 1989 costó la vida de soldados conscriptos y otros efectivos del Ejército.

Por su parte, el ex coronel Mohamed Alí Seineldín, reflotó una hipótesis según la cual en el copamiento intervino la Coordinadora. Seineldín aseguró que los detenidos por el ataque a La Tablada le exigen al Gobierno ser liberados e indemnizados, a cambio de no denunciar que la acción guerrillera de enero de 1989 «fue un encargo» realizado por el entonces presidente Raúl Alfonsín. (DyN, Infosic)

Algunas gratificaciones

Mientras los cuatro gremialistas de la UOCRA Capital; Ladina, Albani, Ayarde y Segura acusados de extorsión continuaban ayer prófugos de la Justicia, y la jueza Mónica Berdión de Crudo, a cargo de la causa, pedía a la Gendarmería que verifique que los imputados no salgan del país, el único detenido en la causa Silvano Corvalán, que fue indagado por los presuntos delitos de «extorsión y asociación ilícita».

Según informaron las fuentes consultadas, Corvalán se reconoció en un video filmado por una Cámara de Telenoche Investiga, pidiendo una suma dinero para la autorización de una obra y para evitar problemas con la ley de accidentes de trabajo. Sin embargo, el acusado negó que se tratara de un «soborno», sino que prefirió llamarla «gratificación».

La causa se inició a raíz de una filmación de Telenoche Investiga que sorprendió a directivos de la UOCRA exigiéndo dinero a un empresario de la Construcción. (Infosic)