Fuerte rechazo de la dirigencia política y sindical
La dirigencia política y sindical expresó ayer su rechazo generalizado a la decisión del Gobierno de restringir la circulación del dinero en efectivo para evitar la fuga de depósitos, situación que fue interpretada por algunos de ellos como «un gran error» y como «un acto autoritario» del ministro Domingo Cavallo.
En tanto, entre los economistas de diferentes sectores reinaron las dudas respecto del efecto que tendrá el conjunto de medidas sobre la deprimida actividad económica. Asumen como problemático la decisión de cerrar en forma urgente la bancarización de gastos por consumo y operaciones financieras.
El senador aliancista Leopoldo Moreau graficó que con las nuevas medidas «se bajaron cinco escalones», en tanto que su colega capitalino Rodolfo Terragno advirtió que «hay un Poder Ejecutivo en manos de Acción por la República», partido al que pertenece Cavallo.
«No entiendo cómo no decimos basta, esta política no funciona, ya fracasó. ¿Qué hace falta para que admitamos que esta política ha fracasado definitivamente?», inquirió Terragno.
Por su parte, el diputado Oscar Lamberto (PJ-Santa Fe) sostuvo que el Gobierno «comete un gran error» con el nuevo plan y lo cuestionó por implementarlo «de prepo», mediante un decreto, a la vez que pronosticó que a partir del lunes «va a traer un despelote».
Entretanto, el titular de la CGT oficial, Rodolfo Daer, se sumó al repudio manifestado el sábado por la central obrera liderada por Hugo Moyano y calificó como «un acto autoritario» de Cavallo las nuevas medidas, tras lo cual insistió con reclamar «políticas activas» para «volver a la producción».
Tanto el gremialista como el senador Moreau orientaron sus críticas contra el ministro, ya que mientras este último señaló que «lo que está ocurriendo en la Argentina es que estamos siendo víctimas del mesianismo de Cavallo», Daer aseveró que «esto es un acto autoritario que hace el ministro».
A todo esto, el diputado Miguel Angel Toma (PJ) rechazó las medidas y advirtió que si el Gobierno «llegara a echar mano de las reservas» del Banco Central, su partido podría realizar una presentación ante la justicia.
La Unión Docentes Argentinos también reaccionó en forma negativa. «Estás decisiones no hacen más que acentuar la recesión y generar más inconvenientes a los que ya atraviesan los trabajadores y los pequeñas y medianas empresas, sólo se beneficiarán los bancos y los especuladores de siempre», manifestó el secretario general de UDA, Sergio Romero.
Entre los economistas, Carlos Pérez (de la Fundación Capital) consideró que la «Argentina tenía una gran hemorragia y no quedaba otra que hacer un torniquete, y la caída de depósitos, que iba principalmente al colchón, no podía resistir mucho más». «La medida era necesaria, pero las consecuencia no son gratuitas. El torniquete no resuelve los problemas de fondo, es un instrumento de emergencia».
Jorge Avila (economista del CEMA) afirmó que las personas que ganan hasta mil pesos «no tendrían inconvenientes» en sortear las restricciones que imponen las nuevas medidas económicas, aunque se preguntó «cuánto tiempo aguanta todo esto, y a qué costo recesivo».
Para Avila, las medidas económicas tendrán su impacto en el área política: «creo que va a haber cambio de gobierno».
Carlos Melconián afirmó que «a futuro» las medidas imponen «ir a fondo con un proceso de bancarización que blanquee definitivamente la economía». El economista manifestó que «desde el punto de vista de las libertades de cambio movimiento evidentemente se detecta un retroceso dada la coyuntura que vive la Argentina».
Reconoció que a diferencia del Plan Bonex «aquí no hay ninguna quita, lo que tiene es suyo y si quiere lo dolariza, y con esta restricción de caja que debe ser aprovechada para ir a fondo con esta medida». (DYN e Infosic)
El PJ va por el control total del Congreso
Con el esquivo argumento de reflejar el voto de octubre en las urnas, el PJ poco a poco fue retomando las riendas de los espacios de poder en el Congreso y podría completar esta semana esa tarea con una estocada final en la Cámara de Diputados.
Reeditando el esquema de conducción legislativa que supo ostentar durante la década menemista de gobierno, el PJ obligará a la gestión de De la Rúa a un esfuerzo adicional en medio de la fuerte tormenta, con ribetes económicos y políticos, que azota una gestión que no puede logra pie: abrir una etapa de intenso y maduro diálogo con el PJ desechando la alternativa de legislar por decreto.
Esta semana, sin la lógica y necesaria coordinación de movimientos que el PJ suele practicar, tomó el poder en el Senado, ubicando al misionero Ramón Puerta en la presidencia provisional, o lo que es lo mismo, en la virtual vicepresidencia de la Nación.
Y ahora, va por más. A mediados de esta semana, el quilmeño Eduardo Camaño sería electo presidente de la Cámara baja, aunque aún no están cerradas las negociaciones respecto de si el PJ cederá la vicepresidencia primera a la UCR, tal cual esta fuerza lo reclama para nombrar al chubutense Fortunato Cambareri. O si, por el contrario, avanzará con la grilla de postulantes resuelta en la última reunión de bloque cuando designó al puntano Oraldo Britos, otro referente del Frente Federal que pasará a conducir el Senado. (Infosic)
¿Un sindicato azul?
Policías en actividad y jubilados de diversas provincias se reunirán hoy en La Plata para intentar lograr la sindicalización policial y, con el fin de «democratizar» las fuerzas de seguridad, pedirán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la derogación de la ley que actualmente rige a la fuerza.
La convocatoria contará con la presencia de efectivos de la Federal y de la provincia Buenos Aires y de las policías de Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, San Juan y Neuquén.
En el encuentro también estarán presentes autoridades de la seguridad pública, entidades de derechos humanos, miembros del Instituto contra la Discriminación y legisladores provinciales que vienen buscando esta reforma.
PAMI con fallas «estructurales»
El Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, afirmó que el PAMI sufre «fallas reiteradas, sistemáticas y estructurales» de las que responsabilizó a las distintas administraciones, y advirtió que «el Estado nacional no puede ni debe abandonar a su suerte» a los afiliados a la obra social más grande del país.
El ombudsman nacional sostuvo que «desde el año 1990 hasta el presente, los presupuestos anuales del PAMI no han sido inferiores a 2.000 millones de pesos, lo que ha demostrado una tendencia a gastar por encima de los recursos disponibles, muchas veces sin una clara justificación».
«Esto provocó una situación financiera en constante desequilibrio», dijo Mondino.
«En la Defensoría del Pueblo de la Nación se ha observado que las quejas y demandas de los afiliados vinculadas con el PAMI no varían sustancialmente de un año a otro o de una gestión a otra, pudiendo afirmarse que se trata de fallas reiteradas, sistemáticas y estructurales», advirtió.
Y aseveró que la obra social de los jubilados y pensionados «en ningún momento, particularmente en estos últimos años, ha sido reconocido por la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios a su cargo». (DYN)
