Gas, a la Justicia

Los tremendos aumentos de gas domiciliario, que fueron siendo barridos por cantidad de medidas judiciales cautelares que frenaban su aplicación, colocaron al gobierno en la necesidad política de suspenderlos. Sorprendió el anuncio del ministro de Vido en exposición en el Congreso, no tanto por la vuelta atrás de la medida adoptada sino por la improvisación y falta de respuestas a múltiples pedidos de informes. El aumento sigue vigente para una porción de consumidores y luego del invierno las subas serán generales.

El gobierno entonces ha tenido que dilatar el brutal ajuste prometido a las empresas antes de las elecciones, ello en medio de algunas confusiones respecto a qué es realmente lo sustancial de la discusión sobre el tema de las tarifas de energía.

Repasemos. Desde la crisis del año 2002 se ha venido postergando el aumento del precio del gas en los hogares considerando la grave crisis social, solventando a las empresas con millonarios subsidios para justificar la operación e inversión del negocio. Este sistema ha generado durante años un costo fiscal tremendamente inequitativo: una familia de Villa Insuperable pagaba por el gas lo mismo que quien calefaccionaba su pileta de natación en San Isidro.

El valor del fluido en garrafa que usan los pobres se mantiene a precios disparatados comparado con el costo del llenado, en muchos casos sin contener los kilos que se indican sencillamente por falta de control estatal o porque la tierra que acumulan les quita capacidad.

Esta situación se mantuvo durante años y muchos políticos, economistas, distribuidoras y Repsol-YPF manifestaban que la falta de ajustes de precio provocaba la desinversión en el negocio, lo cual traería consecuencias de falta de gas en el país.

Pero fuera de esta fotografía, otras situaciones simultáneas se producían en el negocio de la energía en la República Argentina.

El aumento generalizado de la tarifa viene sostenido por el famoso «cargo gas» dispuesto por el decreto 2.607/08, destinado a solventar el costo del fluido importado y reducir los subsidios a las empresas, que alcanzan aproximadamente los 370 millones de dólares anuales. Esos millones ahora los pagarán los usuarios, siendo su destino idéntico: fundamentalmente la empresa que importa la mayor cantidad del gas natural, Repsol-YPF.

Pero ¿cómo es esto de importar gas en un país con reservas gasíferas suficientes para solventar el mercado interno? Hace pocos días se ha presentado una nueva denuncia ampliatoria ante el Juzgado Federal Nº 6 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un grupo de expertos y del ex diputado Mario Cafiero, llevando luz al intrincado manejo entre la empresa estatal Enarsa y Repsol-YPF.

La presentación a la que he tenido acceso detalla la obligación principal de esta última en la exploración y extracción de gas y petróleo por efecto del contrato de privatización monopólico que detenta. La compañía es casi la exclusiva importadora de gas de sus yacimientos en Bolivia y Trinidad y Tobago, a precios inclusive ocho veces superiores al metro cúbico de BTU, valor de extracción de la Argentina. La mayoría de las compras que hace el Estado a Repsol-YPF son a través de la empresa estatal Enarsa en forma directa y bajo el auspicio del Ministerio de Planificación.

Inmediatamente después de la privatización la empresa extrajo intensamente gas y petróleo, comercializando interna y externamente a valor dólar para cancelar obligaciones financieras por la compra. Luego de la devaluación y con precios pesificados, redujo drásticamente sus operaciones optando por importar gas de sus yacimientos exteriores. Sin embargo los subsidios se mantuvieron, aun en el período de altísimos precios internacionales. Al llegar el petróleo al pico de su precio mundial en el 2007, el gobierno dictó el decreto Nº 2.394/07, estableciendo retenciones móviles a las exportaciones de hidrocarburos con porcentajes que en algunos casos llegaban al 100%, justamente en momentos en que el grupo Eskenazi -el cual se desarrolló a través de la obra pública en Santa Cruz para adquirir después el Banco Provincial- se encontraba negociando la adquisición del 15% de las acciones de Repsol-YPF. Cerrada la operación de compra y mediante nota externa 96/07 de la Dirección Nacional de Aduanas, se generaron múltiples excepciones para reducir notablemente las retenciones establecidas en el decreto 2.394. La adjudicación directa a Repsol-YPF de barcos para importar gas a través de la estatal Enarsa se activó justamente en el año 2008, posteriormente al ingreso del «socio argentino». La situación se repite si se observa la evolución de los precios de las naftas desde el año 2008, los cuales han aumentado más de un 50%. Por último es dable recordar que en los últimos años Repsol-YPF ha estado exportando gas a Chile a través de nuevos gasoductos, destinado a alimentar las plantas de la multinacional Methanex, donde Repsol mantiene participación, que procesando el gas crudo argentino se ha convertido en uno de los principales productores mundiales de metanol. Las exportaciones también se han intensificado a Uruguay y Brasil, lo que coloca al país como exportador neto del recurso.

Es evidente que la sustitución del gas para su comercialización externa y su acaparamiento se vincula con la importación y venta del fluido pagado a valores internacionales o con subsidios públicos o con el «cargo gas» que abonan los usuarios.

La Justicia Federal tiene entonces una nueva caja de Pandora frente a sí, donde los intereses públicos se desdibujan frente a los intereses privados en un país que continúa padeciendo la dilapidación de sus recursos no renovables.

DARíO TROPEANO (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Abogado

DARíO TROPEANO


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