Gobierno uruguayo debate más opciones para derogar amnistía a militares

Por Redacción

MONTEVIDEO.- El gobernante Frente Amplio (izquierda) analiza las consecuencias del fracaso el viernes de un proyecto para anular una ley que evitó que se investigaran las violaciones a los DD. HH. en la última dictadura (1973-1985) y ya se plantea alternativas, como la derogación de la ley. El ex presidente Tabaré Vázquez (2005-2010), el primero de izquierda en la historia del país, instó el domingo por la noche a llevar a cabo una “política de Estado” a partir de acuerdos con otros partidos para derogar la denominada Ley de Caducidad y cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que instó al país a eliminarla para permitir investigaciones y enjuiciamientos. “Quizás sea oportuno y prudente que, así como en su momento se creó una comisión para derogar la ley, hoy busquemos un acuerdo político para derogarla”, dijo el ex mandatario durante un acto partidario. Vázquez llamó a “desdramatizar” el fracaso parlamentario para anular la ley y pidió que “no se demonice a ningún compañero por lo que pasó”. El viernes, y tras más de 14 horas de debate, el FA no logró la mayoría necesaria para anular la Ley de Caducidad –aprobada en 1986 y que obliga a la justicia a consultar al Poder Ejecutivo qué casos puede investigar– debido a la rebeldía de un diputado oficialista. El diputado Víctor Semproni había anunciado su posición contraria a la anulación luego de que el presidente José “Pepe” Mujica rechazara el proyecto advirtiendo que se “le está pasando por arriba a dos plebiscitos”. “Voluntad de la ciudadanía” Mujica, al igual que la oposición, defendió que la anulación desconocía la voluntad de la ciudadanía, que fue consultada en 1989 y 2009 sobre la derogación de la Ley, en plebiscitos que no alcanzaron los votos necesarios para anularla. A diferencia del proyecto que fracasó el viernes, que tenía efecto retroactivo –motivo por el cual era cuestionado por juristas–, una derogación de la ley solo tendría efectos hacia el futuro.

Un sector de los uruguayos reclama que se castiguen las violaciones a los DD. HH.

AP


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