Incompatibilidades y difusión pública

El proyecto del diputado Eduardo Chironi reivindica el «derecho a la información de la ciudadanía de las condiciones de idoneidad para el acceso a la función pública y desempeño ético» de quienes presten servicios en los tres Poderes del Estado, municipalidades y cualquiera de las entidades con participación estatal.

La declaración de los bienes debería presentarse dentro de los 30 días de la designación. Cualquier ciudadano podrá acceder a la declaración jurada «en lo que representa enunciación y enumeración de los bienes, su valor de mercado y saldo».

Establece incompatibilidades para los miembros de los Poderes, quienes no podrán ser proveedores del Estado, ni integrar directorios ni mantener relación laboral con empresas privadas vinculadas a su propia cartera. Tampoco podrá «desempeñar al mismo tiempo más de un cargo o empleo público remunerado, cualquiera sea su categoría, característica y la jurisdicción en que hubiera sido designado».

Además, otorga al Tribunal de Cuentas las «más amplias facultades» para investigar cualquier sospecha de irregularidades. Serán cesanteados -siempre según el proyecto- aquellos que incurriesen en doble o multiple percepción de haberes. No podrán regresar al Estado por el término de 10 años.

Chironi expresa que «este proyecto pretende evitar que se privilegie el interés personal por sobre el interés público, a través de actos de corrupción, ventajas y venta de influencias en el proceso de adopción de toma de decisiones, los recursos y las facilidades oficiales». (AV)