Jerarquizan a Función Pública en la reforma de la ley de Ministerios

La reforma ministerial -que el Poder Ejecutivo elevó ayer a la Legislatura- prevé la jerarquización de la Secretaría de la Función Pública, que pasará a depender directamente del gobernador Alberto Weretilneck. Esta reubicación es la novedad en el marco de una iniciativa que además contempla otras modificaciones, como que Producción asuma el manejo de los programas de financiamiento internacionales, que Gobierno recupere la relación con municipios y Comisiones de Fomento, y que la Secretaria General absorba al área de Información y Coordinación. El mandatario convocó ayer a una sesión extraordinaria del parlamento provincial, con un temario que incluye reformas en las estructuras gubernamentales. También se prevé el tratamiento de las designaciones de Mario Sabatella y de Juan Huentelaf para el Tribunal de Cuentas, de Marcelo Ponzone para la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y de Juan Gardés para el Departamento Provincial de Aguas. La reunión de la Legislatura será fijada para el jueves 9 de febrero. Mientras tanto, a partir de las reformas gubernamentales se eliminará una secretaria de Estado -Información- quedando dos: General y Legal. La primera absorberá las funciones del área de Información, es conducida por Julian Goinhex. Además, Función Pública, a cargo de Sandro Chaina, se transformará en una secretaría de la Gobernación, con directa conexión con el gobernador, como Medio Ambiente. Asimismo, algunas competencias de Economía -como los programas y la relación con los organismos internacionales de financiamiento- pasarán a formar parte de Producción, a cargo de Juan Manuel Pichetto. Los artículos incorporados a Producción prevén que deberá “intervenir en la gestión y ejecución” de los programas del Banco Interamericano de Desarrollo, como también del Banco Mundial y demás organismos internacionales de crédito y desarrollo. El temario parlamentario planteado por Weretilneck también programa el tratamiento de reformas a la ley de la Fiscalía de Estado, en referencia a su labor de asesoramiento y representación judicial del Estado, para erigirla “en parte necesaria y legítima en todo proceso en los que se controviertan intereses de la Provincia”. (AV)