Allanaron la AFIP de Roca tras una denuncia por «cohecho» contra un funcionario

Según trascendió, también se estaban realizando diligencias similares en la vivienda del funcionario público quien reside en al ciudad de Neuquén.

No fueron pocos los vecinos de Roca que se vieron sorprendidos este mediodía por la llegada de efectivos de la Policía Federal a la sede de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que se encuentra ubicada en pleno centro y a sólo metros del Juzgado Federal.

Pasadas las 13 llegó hasta las oficinas del organismo nacional un vehículo de la delegación local de la policía con varios efectivos en su interior. Los uniformados descendieron y rápidamente ingresaron a las oficinas con la clara intención de buscar documentación en una de las dependencias de la AFIP.

De manera paralela, según lo que pudo establecer este diario, se está realizando en la ciudad de Neuquén una diligencia similar en la vivienda particular del funcionario de ese organismo y por el momento no trascendió ni el lugar ni la identidad de la persona que está siendo investigada.

La intención es buscar información vinculada a una denuncia por «cohecho» que habrían realizado al menos tres comerciantes de la zona por lo que rápidamente se inició una investigación que lleva adelante el Juez Federal, Hugo Greca.

«Había un ‘run run’ pero no sabía nada que estaba allanando las oficinas«, dijo un trabajador que regresaba al organismo después de su horario de almuerzo, y se mostró sorprendido por la medida de los efectivos de la policía federal.

Por la información a la que pudo acceder este diario de manera extraoficial, el funcionario habría requerido de algún tipo de «coima» para evitar el embargo de bienes de los comerciantes que se encontraban en una delicada situación con el organismo de recaudación.

¿Qué es el cohecho?

El cohecho es un delito que cometen aquellos que solicitan, aceptan u ofrecen dinero, regalos o favores a cambio de un acto relacionado con el ejercicio de la función pública. El artículo 256 del Código Penal establece que será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.


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