El juez Villegas negó la acusación por acoso sexual y dijo que la víctima busca «cobrarse venganza»

«La comunidad, y los que conocemos a mi mandante, sabemos de su moral, de sus costumbres, no dudamos de su inocencia», aseguró Iris Sandoval, defensora del juez civil de Rincón de los Sauces, Sebastián Villegas, acusado de ejercer acoso sexual y violencia psicológica contra una empleada. El magistrado será juzgado en 2023 por mal desempeño en sus funciones, cuya máxima sanción posible es la destitución del cargo.

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El fiscal general, José Gerez, presentó este mes la acusación por escrito en la que planteó que el juez acosó a María Soledad Garayo, prosecretaria del juzgado de Rincón durante los años 2017, 2018 y parte de 2019. Ella lo rechazó y eso le valió, dijo, persecución laboral o “mobbing”.

«Mi mandante nunca inició conversaciones de carácter íntimo con la Dra. Garayo, ni le efectuó insinuaciones, ni coqueteo, ni le ofreció a la Dra. Garayo insistentemente transportarla en su automóvil desde el juzgado hacia el lugar donde se hospedaba, ni tampoco le ordenó que no se relacionara con un compañero de trabajo», planteó la defensora en su descargo.

Negó todos los hechos y remarcó que Villegas se encuentra familiar y socialmente «integrado a la comunidad de Rincón de los Sauces, a la que se adaptó y respeta, dando lo mejor de su trabajo a esa comunidad. El mismo no ha utilizado al juzgado de Rincón de los Sauces como trampolín para otros cargos, cuando podría haberlo hecho, pero se arraigó porque es parte de su provincia.» Juró en el cargo en 2016.

Sostuvo que ni Gerez ni el sindicato judicial Sejun, que respalda a la denunciante, han logrado «denostar su imagen, su integridad y su fortaleza». «El mismo no se caracteriza por ser hipócrita, se caracteriza por ser mesurado, responsable, respetuoso y trabajador», agregó Sandoval. El juez sigue prestando funciones, y Garayo fue trasladada a otra dependencia.

«Mi mandante no ha incurrido en comportamientos de agresión de ningún tipo contra la denunciante ni contra ninguna mujer. Muy por el contrario ha recibido el hostigamiento, la prepotencia, el abuso por parte de la denunciante, quien ha denunciado falsamente a mi mandante, con la única finalidad de cobrarse venganza por no ayudarla en forma impropia a ganar el concurso de Secretaria del Juzgado de Rincón de los Sauces», remarcó la defensora.

El jurado de enjuiciamiento, que será el tribunal de siete integrantes que juzgará a Villegas, deberá determinar que prueba de la ofrecida por la fiscalía y la defensa incluirá, y cuál descartará. Esto será seguramente tras la feria judicial, la primera quincena de febrero.

El juez puede ser absuelto, o sancionado con una suspensión o con la expulsión del Poder Judicial.

Quienes deberán determinar si Villegas es responsable o no de mal desempeño en sus funciones son: los vocales del TSJ Evaldo Moya, Alfredo Elosú Larumbe, Germán Busamia , la diputada provincial María Laura Du Plessis (MPN) y su par Sergio Fernández Novoa (Frente de Todos), y los abogados Nicolás Lupetrone y Simón Julio César Hadad.

Villegas había sido denunciado por otra funcionaria del juzgado por violencia laboral. La comisión especial, que es el primer filtro en este proceso, había desestimado la presentación. Sin embargo esta opinión no es vinculante y el jurado por unanimidad decidió que el juez sea juzgado también por este caso.

En la resolución hay dos votos. El primero lo hizo Moya, y adhirió el resto del tribunal, salvo Busamia que elaboró el suyo.

«Entiendo que existe la necesidad de abrir este proceso constitucional para determinar, en un juicio contradictorio y con todas las garantías, si esos hechos efectivamente acontecieron, la responsabilidad que le podría caber en ellos al denunciado y, llegado el caso, si los mismos cuadran dentro de la causal de mal desempeñó», afirmó Moya.

Busamia fue mucho más duro. «Resulta llamativa la ausencia de valoración de la denuncia con adecuada perspectiva de género», planteó respecto de la resolución de la comisión, firmada por la vocal del TSJ Soledad Gennari, el diputado Fernando Gallia y el abogado Raúl Frechilla. Dijo que se ponderó la situación de Garayo y no la de la segunda denunciante, «restando individualidad al supuesto maltrato» que recibió.

«Huelga señalar que se trata de mujeres distintas que.-en su caso- habrían sufrido distinto tipo de maltrato y, a raíz de ello, padecerían distintos cuadros psicológicos, siendo notoriamente inadecuada la pretendida «acumulación» de los supuestos padecimientos denunciados por cada una de ellas. Esa conducta no hace mas que invisibilizar a la denunciante de un modo contrario a la perspectiva que corresponde aplicar frente a sujetos vulnerables», subrayó Busamia.

El próximo paso en este caso es que Gerez presente la acusación y la defensa oportunamente el descargo.