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Femicidios, eje central del fuero penal de Cipolletti 2023
Tras el fin de la feria se inicia hoy un nuevo calendario para el Poder Judicial con varias causas por resolver: Patricia Rendon en Catriel y Agustina Fernández en Cipolletti, entre las principales.
Parra luego de salir de tribunales de Cipolletti. (Florencia Salto)
El cierre judicial en 2022 estuvo atravesado por la sorpresiva detención de Pablo Parra, acusado de matar a Agustina Fernández el 2 de julio pasado en un departamento en Cipolletti. Casi seis meses después del hecho una jueza autorizó el allanamiento en su vivienda y su detención. Fue el 23 de diciembre.
No fue el único crimen contra una mujer a manos de un hombre, el 28 de junio Patricia Rendon fue asesinada en Catriel y su expareja Fernando Cronenbold está acusado del femicidio. Según la fiscalía la mató a golpes y la enterró en una zona rural. Otra causa que debe definirse en este calendario judicial que inicia hoy es el crimen de Otoño Uriarte en Fernández Oro que acumula 17 años de impunidad.
El testimonio de un testigo protegido que incorporó la abogada Gabriela Prokopiw y la pericia sobre esa declaración de Enrique Prueger podrían encauzar la investigación. Sin embargo los plazos se agotan y la fiscal del caso Teresa Giuffrida debe actuar con celeridad.
Estos tres casos son claves, no solo por la necesidad social de esclarecer los hechos, sino por el valor simbólico: Cipolletti es una de las ciudades de la región con mayor índice de femicidios impunes.
Un brutal homicidio interrumpió la feria
El comienzo de la feria convidó escasos días de paz al mundillo judicial que el 9 de enero se encontró con el caso de violencia policial más grave en la historia de Cipolletti: torturaron hasta matar a Jorge Gatica, detenido por robar unos chorizos en una carnicería.
Hay cinco efectivos imputados en la causa, tres de ellos con prisión domiciliaria y otros dos con preventiva. Hay mucho interés social en esta causa especialmente por los continuos abusos de autoridad por parte de la fuerza. Sin ir más lejos, el año pasado un policía que prestaba funciones en la unidad 45, fue condenado por torturar a un joven en un procedimiento durante la pandemia.
El crimen de Facundo Castillo, en diciembre del 2021, es otro proceso que debe concluir este año. Luego de maratónicas jornadas culminó el control de acusación y el debate podría ser en el primer trimestre del año. El acusado Ramiro Gutiérrez está detenido en un penal y enfrenta una acusación de homicidio y cinco tentativas.
Juicios por jurado
El factor común de todas estas causas es que de llegar a debate será ante la mirada de un jurado popular. El único antecedente en la Cuarta Circunscripción data de 2021 y fue por el femicidio de Agustina Atencio en 2019 en Catriel. Fue condenado a prisión perpetua Exequiel Rebolledo.
Los femicidios sin dudas serán juzgado por 12 ciudadanos porque ese delito sólo prevé pena de condena perpetua y el jurado se requiere cuando una calificación tiene una escala con el máximo por encima de los 12 años de prisión. El fiscal jefe Santiago Márquez Gauna ya adelantó que pedirá esa modalidad para el crimen de Facundo Castillo.
El gran interrogantes se abre con el asesinato de Gatica quien fue detenido el 9 de enero por robar unos chorizos y tres horas después murió tras una salvaje golpiza en la unidad 45. En el derrotero de causas que tiene abierta el MPF, hay otros dos homicidios. Fuentes judiciales informaron que hay consenso para llegar a un juicio abreviado: una acuerdo parcial en ambos casos y luego se discutirá la pena.
La definición de Aníbal Tortoriello
La justicia cipoleña también debe definir la situación procesal de Aníbal Tortoriello, candidato a la gobernación, a tres meses de las elecciones, la fiscalía pretende imputarlo en la causa por Techo Digno que salpicó a varios intendentes, funcionarios y empresarios entre 2015 y 2019 por una denuncia de malversación de fondos en la construcción de vivienda sociales.
Tortoriello ya adelantó que no tiene ninguna vinculación con la causa de corrupción y que la dilación del proceso, que lleva más de cuatro años, tiene un trasfondo político.
El 1 de diciembre pasado fue la segunda suspensión de la audiencia de formulación de cargos. La jueza que intervino en esa audiencia otorgó 60 días hábiles más porque la fiscalía no avisó de un cambio en la acusación.
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