Investigan a una funcionaria judicial por filtrar información del femicidio de Agustina Fernández a Pablo Parra
El legislador Lucas Pica presentó una nota ante el Consejo de la Magistratura para definir si hay causal de juicio político. Fue por la escucha de una conversación entre la defensora oficial Silvana Ayenao y Pablo Parra. El Poder Judicial también inició una investigación.
La declaración de una funcionaria judicial en el juicio por el femicidio de Agustina Fernández en Cipolletti derivó en el inicio de una investigación en su contra por una posible causal de juicio político. La defensora oficial Silvana Ayenao, prima hermana de Pablo Parra, admitió que mantuvo contactos con el imputado al día siguiente de iniciada la investigación.
En el debate la defensa de Parra reprodujo un audio de una llamada telefónica en la cual Ayenao le contó a su primo que había mantenido una conversación con el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna y que él estaba fuera de todas las sospechas. El miércoles pasado, el jurado popular lo declaró culpable.
En la escucha Ayenao le dijo a Parra que estaba descartado de la investigación. “Me lo dijo el fiscal jefe”, le indicó. La defensora agregó que dio un consejo legal: “Le dije que se pusiera a disposición del fiscal, que contara todo lo que recuerda, que entregara todo, que dijera todo”, manifestó en su testimonio.
La escucha generó mucho ruido puertas adentro del Poder Judicial, pero también en el arco político oficialista que este lunes inició un requerimiento de investigación para definir si Ayenao incurrió en una falta causal de juicio político. Pero no fue el único, la Justicia también comenzó una investigación de oficio. El propio Auditor General estuvo el viernes en Cipolletti -dos días después de que el tema tomó estado público- y le informó al presidente del Superior Tribunal de Justicia Sergio Ceci. Luego notificaron al Procurador.
En el inicio de esta semana, el legislador cipoleño Lucas Pica, integrante del Consejo de la Magistratura, solicitó al organismo que se investigue la conducta de la Ayenao, “quien, en su calidad de pariente del femicida Pablo Parra y aprovechando su investidura, le brindó información relacionada al proceso judicial”. Se sumarán al requerimiento los legisladores Elbi Cides y Lorena Yensen. Son los tres diputados provinciales de Juntos Somos Río Negro por el circuito del Alto Valle Oeste.
El audio se escuchó en la última jornada de testigos del juicio que finalizó con la declaración de responsabilidad que emitió un jurado popular. Fue el 14 de mayo. Ayenao fue relevada del secreto profesional e incluso aceptó la reproducción de una escucha telefónica entre Parra y ella, captada el 5 de julio. Fue 3 días después del ataque, y el día que la joven falleció en el hospital cipoleño.
Ayenao le dijo a Parra que para el «fiscal jefe (Santiago) Márquez Gauna estaba totalmente descartado». También le expresó a Parra que se lo contaba, “para que estés tranquilo. Está todo encaminado que vos no tenés nada que ver”.
Para ese momento, Parra ya tenía intervenida la línea telefónica y apenas consiguió que la compañía le duplicará el chip con su número empezó a establecer contactos. Su teléfono nunca apareció y él alegó no haber recordado la clave del correo electrónico para acceder a los metadatos.
En ese momento la principal hipótesis de la investigación era un crimen en ocasión de robo y fueron varios meses después cuando la fiscalía centró sus pesquisas en Parra, vecino de Agustina y última persona en verla con vida.
Se desconoce en qué contexto Márquez Gauna le brindó esa información a la defensora. En el juicio eso quedó probado. Incluso el fiscal jefe, que formó parte del equipo de la fiscalía en el juicio, solo le preguntó si habían vuelto a tener una conversación sobre el tema; la respuesta de Ayenao fue “no”.
La escucha entre la funcionaria judicial y Parra se obtuvo porque el imputado tenía intervenido el teléfono. Si bien no era el foco de la investigación la hipótesis del femicidio nunca se descartó.
Sobre la denuncia efectuada, el legislador Pica manifestó: “Entendemos que el accionar de la Dra. Ayenao es un hecho gravísimo, que debe ser investigado. Conductas como esta le hacen un flaco favor a la justicia, máxime en el marco de un hecho aberrante como el femicidio de Agustina”.
La ley provincial K Nº 2434, promulgada en 2008, fija las causales de enjuiciamiento que debe velar el Consejo de la Magistratura. Entre ellas, mal desempeño de la función, comisión de delito doloso, imposibilidad física o mental para ejercer el cargo, no reunir las condiciones que la Constitución y las leyes establezcan para el desempeño del mismo, la aplicación reiterada de sanciones disciplinarias y desórdenes graves de conducta.
Se desconoce ahora si se va a unificar el sumario que inició la semana pasada el Auditor General con la denuncia que formularon este lunes los legisladores oficialistas.
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