La Justicia en el ojo de la tormenta

Panorama de río negro

A Alberto Weretilneck el pragmatismo lo define. La elección de los partidos que integró hasta conformar uno que lo tiene a él como único líder, no ha sido consecuencia de su convicción ideológica sino de la conveniencia de su construcción política. Por eso no es tan complejo interpretar su alineamiento con los principios del gobierno de Mauricio Macri.

Cuesta creer que la designación de Mario Altuna, un abogado que como empleado de la Regional Quinta defendía policías, como jefe de la fuerza provincial no obedezca a esa adaptación. El fallo del Superior Tribunal de Justicia de la provincia que convalida la detención de menores, aun sin delito flagrante de por medio, se inscribe en la misma línea.

Weretilneck insiste en la designación de civiles (abogados) a cargo de la Policía pero sería equivocado suponer que Altuna es la continuación del jefe anterior, Fabián Gatti, cuya concepción de las fuerzas de seguridad en la prevención y persecución del delito lo coloca, si no en las antípodas, al menos muy lejos de su predecesor.

La causa que pone en debate la detención de menores en Río Negro llegó hasta la máxima instancia de la Justicia provincial porque hasta allí la llevaron, en apelación, los abogados de la Fiscalía de Estado. Cuestionaban un hábeas corpus concedido para que la Policía desista de la práctica de “demorar niños y niñas bajo la justificación de su protección sin que se encuentren cometiendo actos de naturaleza correccional y delictiva”.

El fallo es del Superior Tribunal, pero tiene un solo argumento decisivo, el de Ricardo Apcarián, porque Sergio Barotto, Liliana Piccinini y Enrique Mansilla adhirieron al “voto y solución” del cipoleño. En cambio, Adriana Zaratiegui advirtió que, en la forma y en el fondo, era un error anular el hábeas corpus.

Apcarián es un hombre de confianza de Weretilneck. Fue socio del abogado administrativista Hugo Frare (murió en el 2005) en el estudio jurídico y en la Dirección de Asuntos Legales de la Municipalidad de Cipolletti, que durante años atendió a los contribuyentes en las oficinas particulares que ambos compartían en la esquina de Yrigoyen y Belgrano.

La procuradora general de la provincia, Silvia Baquero Lazcano, le había advertido al Superior Tribunal en un dictamen que “la Policía y los representantes de la Fiscalía de Estado confunden reiteradamente lo que es la tarea de prevención y seguridad con lo que es la protección de los menores”.

Baquero Lazcano, jefa de los fiscales y los defensores oficiales, está en el ojo de la tormenta y esta causa es un condimento más. La primera controversia fueron las Cuartas Jornadas Internacionales de Violencia de Género que organizó la Procuración en un hotel de Bariloche el año pasado: el sindicato judicial denunció que se gastaron 5.000.000 de pesos y la procuradora admitió 1.500.000. A ocho meses, no hay en la provincia ni una fiscalía que atienda específicamente la violencia de género.

La designación de fiscales adjuntos sin más trámite que la firma de la procuradora, por fuera de los mecanismos de nombramiento establecidos en la Constitución (Consejo de la Magistratura) es otro de los puntos de tensión con el Superior Tribunal, con el gobierno provincial y hasta con la Policía.

Baquero Lazcano estaba a punto de designar, con sueldos de 50.000 pesos, otra camada de fiscales adjuntos cuando el gobierno de Weretilneck envió a la Legislatura un proyecto para que esas decisiones queden reservadas al Consejo de la Magistratura.

La recomendación a fiscales de desestimar causas de “bajo impacto” es otra de las decisiones que la enfrentan a jueces y policías.

El caso del sujeto que en Catriel mató a balazos a un perro delante de un niño de 11 años y amenazó al padre del chico con la misma arma es tomado como ejemplo. Un fiscal de Cipolletti pidió el sobreseimiento del acusado por “el desvalor de la acción y (porque) el resultado reprochado es de bajo impacto”, pero los padres reclaman al juez una sanción.

El 6 de septiembre, la procuradora cumplirá 60 años y estará en condiciones de jubilarse.

La designación de Altuna y el fallo que autoriza a policías a detener menores, aun sin cometer una acción contraria a la ley, forman parte de una misma línea.

La relación del gobierno y el Superior Tribunal con la procuradora Baquero Lazcano atraviesa su peor momento. La jefa de los fiscales podría jubilarse este año.