Libertad y ética

El tema plantea un dilema de resolución difícil. Por un lado, es imprescindible la libertad para el trabajo de periodistas y medios de comunicación. Las regulaciones están siempre contaminadas de restricciones, suelen ser autoritarias y favorecen los intereses de información y de reserva de los sectores de poder. Pero, a su vez, cuando en nombre de la libertad el resto de los derechos son abusados, se favorece la aparición de propuestas para ponerle corset. Y el problema se muerde la cola.

Como en los laberintos, la salida a la cuestión parece llegar sólo de la mano de la generación de un consenso sobre la ética del ejercicio responsable del periodismo, que alcance en forma indiscutida a los dueños y directores comerciales y periodísticos de los medios de comunicación.

Días atrás, el Foro de Periodismo Argentino Fopea recordó el texto de cuatro artículos de su Código de Etica que resultan aplicables al tema.

«35. En toda información debe respetarse el principio constitucional de inocencia de cualquier persona mientras una culpabilidad no hubiera sido probada judicialmente. Los pronunciamientos de las fuentes policiales no son suficientes para determinar culpas ni siquiera cuando tienen la forma de comunicados oficiales.

«32. El periodista debe respetar la privacidad de las personas. Sólo cuando se viera afectado un bien o valor público por un aspecto relacionado con la intimidad de una persona puede prevalecer el derecho a la información de los ciudadanos por sobre la privacidad de un particular.

«33. El periodista sólo podría mencionar cuestiones de religión, etnia, nacionalidad, orientación sexual, discapacidades físicas o psíquicas, etc., si ello fuera indispensable para comprender la información y dicha referencia no resultara ofensiva ni discriminatoria.

«11. Corresponde que el periodista se identifique como tal».

La aplicación de la ética al periodismo profesional resulta una tarea compleja y controvertida. Pero no hay peor debate que el que no se desarrolla con amplitud.

La «obediencia debida» de los periodistas frente a la presión de sus jefes es uno de los argumentos que se utilizan a la hora de buscar justificativos ante la violación de las normas o de los derechos ajenos. Otra cuestión es la falta de reglas claras en la relación entre integrantes del Poder Judicial y los periodistas. La Justicia es un servicio público del Estado, y resulta saludable que vaya quedando atrás el secreto absoluto que desde ella se buscó hasta hace un tiempo. Pero la información debe brindarse, recibirse y publicarse de acuerdo con reglas claras.

El afán de notoriedad de policías o fiscales, las estrategias de los abogados defensores, la relación no siempre pacífica entre policías y funcionarios judiciales… todo esto suele influir en la circulación de datos, generalmente parciales y pocas veces confirmados con evidencia objetiva. Y aquí la cuestión se vincula con otro tema: la desigual formación de los periodistas, la escasez de periodistas especializados en temas jurídicos, y su acotada posibilidad de influir en la definición de prioridades y títulos que sus propios medios definen, en ocasiones en base a criterios comerciales y ajenos a los vericuetos legales de una información. (A. M.)


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