Molina regresó a Centenario y ya piensa en la campaña

El líder de los desocupados atendió ayer a su gente en la guardería que fundó. Dijo que volverá a trabajar en política y se entrevistará con el jefe comunal interino. Los vecinos vuelven a marchar esta tarde en medio de incertidumbres. Insisten en la consigna "Que se vayan todos". El intendente Castillo sigue de licencia, encerrado en su casa y no habla con la prensa.



El intendente Luis Castillo sigue de licencia y encerrado en su casa de Centenario. Ayer atendió en la puerta a este diario pero dijo que no habla por recomendación de su abogado.
CENTENARIO (AN-ACE).- Como un político que vuelve a su cargo, el desocupado Héctor “Zapallito” Molina gritó su inocencia, anunció que se reunirá lo más pronto posible con el intendente interino de Centenario Adrián Cerda para “conseguir cosas” para los necesitados y afirmó que desde que llegó a la ciudad “siempre trabajó para el Movimiento Popular Neuquino”.

La falta de mérito a Molina y a todos sus colaboradores determinada por el juez Alfredo Velasco Copello dejó estupefactos a muchos vecinos de esta ciudad donde el grupo de los autoconvocados se prepara para una asamblea que se realizará hoy a las 19 en plaza Los Pioneros.

La consigna de los hombres y mujeres es que “se vayan todos y que gobierne el pueblo”, aunque tras la decisión del magistrado todo parece encaminarse a que la situación vuelva a ser la misma que antes de la explosiva investigación que realizó durante un año el fiscal que se encarga de investigar delitos cometidos en la administración pública, Pedro Telleriarte.

Molina habló ayer con la radio FM Vida de Centenario y luego con Canal 7 de Neuquén: “la justicia se inclinó para mi lado y el juez me dijo que me tranquilizara y yo le dije que iba a seguir trabajando”, señaló el desocupado que por la mañana se excusó de hablar con “Río Negro” y que por la tarde fue inhallable para este medio.

“Acá todos sabíamos que si seguía apuntando para arriba iban a caer unos cuantos por eso no nos sorprende que lo hayan liberado”, señaló Francisco Gómez, de 21 años, quien ayer entregaba volantes invitando a la asamblea de los autoconvocados. Gómez estudiante del Instituto de Formación Docente 9 de Centenario, donde en forma paralela se organizan contra cualquier “intento del Consejo de Educación de implementar la Ley Federal”.

El fallo de Velasco Copello dejó entreabierta la puerta para que el intendente Luis Castillo -que pidió licencia cuando estalló el escándalo- retome su actividad al frente del Ejecutivo, donde es reemplazado por el presidente del Concejo Deliberante Adrián Cerda.

Castillo, en silencio

Ayer, Castillo no quiso hablar con este diario en su casa de Canadá 931, cuyas rejas y la puerta están teñidas de negro desde el escrache con bombas de pintura del último viernes.

“Por indicación de mi abogado no voy a decir nada; más adelante vamos a ver”, fue la breve declaración de Castillo a “Río Negro”.

Para muchos vecinos, la llave que le permitió a Molina dejar la prisión fue la declaración en la que aseguró que el ministro de Desarrollo Social Jorge Lara le pagaba 2.000 pesos por mes por llevar gente a los actos de Movimiento Popular Neuquino, entre otras tareas.

“¿Y si seguía para arriba? ¿Adónde llegaba?”, preguntó Francisco Gómez quien dijo agregó que “la mayoría de la gente de Centenario sabe lo que pasa”.

Nelson, un maestro que se sumó a los autoconvocados y es afiliado a ATEN, dijo que si bien hubo una sorpresa inicial “todos sabíamos que esto (por la falta de mérito a Molina) iba a pasar. Vamos a ver cuántos se suman a la asamblea de mañana”.

“De Molina no queremos ni oir hablar, nosotros reclamamos por 140 familias que quedaron fuera de los planes (jefes y jefas de hogar) que se cayeron”, dijo Felicinda Arias, una mujer de la Corriente Clasista y Combativa que acampa frente al edificio municipal.

Allí, sobre los vidrios y en el canasto de basura ayer habían tres carteles, uno de los cuales decía “Castillo chorro”.

Algunas vecinos consultados o bien se encogieron de hombros como diciendo “qué le vamos a hacer” o hablaron pero sin querer identificarse.

Una de la primeras pruebas del estado de ánimo de la gente será la asamblea de los autoconvocados en la plaza.

En tanto, si bien no ha visto su Peugeot 405, Molina volvió ayer a reunirse con su gente. Lo hizo en la guardería que él fundó y lleva por nombre, su apodo, “Zapallito”.

Molina insistió que va a “seguir trabajando…Ahora nadie me quiere conocer…soy una persona que siempre trabajó por el Movimiento”, dijo el desocupado que prometió querellas para todos los que “ensuciaron” su nombre.

El juez dice que las pruebas no alcanzan

NEUQUEN (AN)- Decenas de cajas con documentación secuestrada, cientos de testimonios y horas de grabación de escuchas telefónicas no alcanzaron para convencer al juez Alfredo Velasco Copello de que en Centenario se estaban cometiendo delitos con fondos públicos. “No existen elementos suficientes”, señaló al disponer la libertad del desocupado Héctor “Zapallito” Molina y otros seis detenidos. Su escrito, de cinco carillas, puso en jaque una investigación que demandó un año.

“No estoy de acuerdo, jurídicamente, con la decisión del juez. Por eso voy a apelar”, fue la única declaración que hizo ayer el fiscal Pedro Telleriarte. Al abrirse este camino, será una Cámara Penal de Apelaciones la que diga la última palabra sobre la situación de los involucrados en el caso.

El 30 de setiembre pasado, Telleriarte describió a lo largo de 15 carillas los presuntos delitos que a su criterio cometía “la banda de los subsidios”, y que representaban “un virtual saqueo de los fondos públicos”. Después amplió tres veces esa acusación, porque a medida que revisaba la documentación y recibía más testimonios, encontraba nuevos hechos.

Sin embargo, Velasco Copello no compartió su criterio según se desprende del texto de la resolución por la cual dejó libres a Molina, Juan Alberto Lira, Sergio Altamirano, Sebastián Morales, Hernán Villarruel, Luis Hernández y Lorena Salazar.

En la causa hay numerosos testimonios de beneficiarios de planes de empleo que declararon, en forma coincidente, que debían cumplir las órdenes que les impartía Molina para no perder el subsidio.

Otros tantos dijeron que en los lugares de pago, “Zapallito” y Lorena Salazar señalaban quiénes cobraban y quiénes no. Y muchos más dijeron que nunca habían percibido subsidio alguno, pese a que figuran en algunos recibos.

Al respecto, Velasco Copello afirmó: “no se ha demostrado por el momento que Molina y su grupo tuvieran dicha potestad, y por ende la de apropiarse ellos de los montos de los subsidios de aquellos individuos que no reconocieron como propias las firmas que suscriben los recibos pertinentes”.

“No considero suficientemente probado -añadió el juez- que la organización de la que forman parte tenga como fin cometer delitos, no se ha logrado establecer el mecanismo de selección de los beneficiarios, ni si se abonaron sumas dinerarias en concepto de subsidios en forma incorrecta, y si esto ocurrió, quién es el responsable y quién se enriqueció ilícitamente con este accionar”.

“Zapallito” también estaba acusado de cargar nafta en su vehículo particular y de usar un teléfono celular a costa del municipio. En su defensa, el imputado dijo que no sabía quién pagaba esos gastos.

El juez Velasco Copello le creyó, ya que señaló en su resolución que “tampoco se ha establecido si lo expuesto por Molina respecto a la carga de combustible y la utilización del teléfono celular es real en cuanto a que desconocía con qué fondos se abonaría ello, limitándose sólo a pedir todos esos elementos por su labor político partidaria”.

Por último, opinó el juez que “tampoco se acreditó que los trabajos facturados por las empresas de servicios de Lira y Altamirano al municipio no se hayan realizado o los hayan efectuado superponiendo las labores de los desocupados con las cobradas a la intendencia”.

“Zapallito” ratificó que el ministro Lara le pagaba un sueldo

CENTENARIO (ACE).- “Siempre trabajé para un sector que siempre supo todo el trabajo que hacía, lo que cobraba y cómo cobraba”, dijo ayer Héctor “Zapallito” Molina, en sus primeras declaraciones públicas, al tiempo que advirtió que volverá a reunirse con las autoridades locales para continuar con su metodología de conseguir cosas para la gente, “porque acá hay mucha necesidad”.

Molina volvió a hablar por los micrófonos de radio “Vida”, una emisora que le garantizó una entrevista con preguntas de su agrado.

“Estoy muy contento. Hace 48 horas era un delincuente más grande que había en la provincia y ahora la justicia se inclinó hacia donde se tenía que inclinar”, dijo el coordinador piquetero.

Molina aseguró que “no hubo mentiras” en sus declaraciones relacionadas a los pagos que recibía del ministro de Desarrollo Social, Jorge Lara. “Ahora nadie me quiere conocer, soy una persona que siempre trabajé para el movimiento en los años que tengo acá”, dijo Molina, al tiempo que reiteró su postulado de estar cansado de que “los políticos nos usen, entonces vamos a empezar a utilizarlos. La gente entendió ese mensaje”, opinó.

Molina recordó que dentro de unos meses habrá elecciones “y vamos a salir de vuelta y a trabajar, pero esta vez a conciencia”.

Opinó que las marchas de los autoconvocados no son en contra de la impunidad, sino que tienen “una motivación política”, al tiempo que aseguró que cuando firmó la notificación de su libertad ante Alfredo Velasco Copello “el juez me dijo que me tranquilizara; y yo le dije que iba a seguir trabajando, y si me lo decía por la declaración que había hecho (respecto a Lara), que seguía afirmando lo mismo”.

Luego, en declaraciones a medios televisivos, agregó: “No le saco la plata a la gente, que cobra lo que cobra y me respalda. Si hay algún responsable, no soy yo. Hay una mano negra de parte del gobierno en todo esto y ellos sabrán porqué”. Reiteró que hablaba de “parte del gobierno para el que yo trabajaba” al tiempo que interpretó que el accionar en su contra se pudo haber debido a que “no era compatible que Molina en Centenario creciera”.

La oposición continuará buscando el cambio

CENTENARIO (ACE).- “No creo que se frenen las demandas ni las marchas, la gente no tiene ganas de seguir aguantando cosas como éstas”, dijo ayer la concejal de la oposición, María “Tita” Maldonado, consultada sobre el giro que tomó la investigación judicial sobre las irregularidades en Centenario a partir de la decisión del juzgado de dejar en libertad a parte de los imputados en la causa.

Hoy los “autoconvocados en contra de la corrupción” realizan una asamblea y marcha a partir de las 19, y el encuentro servirá para medir la predisposición de la comunidad a continuar exigiendo transparencia.

“Si la gente no sale mañana (por hoy) a la calle, no sale más”, aseguró un participante de las marchas de los “autoconvocados” que se mostró esperanzado en que el miedo no paralizara la continuidad de las reuniones en la Plaza de Los Pioneros.

Maldonado sacó a relucir en la sesión ordinaria de ayer un proyecto de creación de un único registro de beneficiarios de los planes sociales con fines de “trasparentar” el sistema y que “hace un año está cajoneado”, dijo, al tiempo que advirtió que “vamos a ver si es real que quieren hacer los cambios de raíz”, en referencia a la falta de respaldo de MPN para que se apruebe la iniciativa.

Luego de varias horas de cabildeo, el oficialismo impuso su mayoría para enviar el proyecto a comisión por considerar que debía continuar en estudio. La edil recibió ayer un respaldo de las autoridades del Frente Grande.

Apuran el proyecto de testigo protegido

NEUQUEN (AN).- Los diputados de la comisión de Asuntos Constitucionales avanzaron ayer en el análisis del proyecto de ley presentado por el bloque de la Alianza, que tiene por objeto crear la figura del testigo protegido como una herramienta de apoyo para la Justicia en el esclarecimiento de causas vinculadas por ejemplo con hechos de corrupción.

La iniciativa fue evaluada por la mañana junto con un proyecto presentado por el fiscal de Cámara, Ricardo Mendaña, que propone un programa integral para la protección de testigos en causas criminales. La propuesta del magistrado incluye custodia policial, medidas relacionadas con la protección marco del proceso y delega la facultad de decisión en el Fiscal a cargo de la investigación.

En cambio, el proyecto de la Alianza apunta a introducir modificaciones en el Código de Procedimientos Penal y Correccional, para delegar en el tribunal la facultad de resguardar la seguridad o preservar la identidad del testigo.

La comisión parlamentaria acordó invitar a Mendaña a la próxima reunión de ese cuerpo para ampliar los detalles de su proyecto. La invitación también se hará extensiva a funcionarios del Poder Ejecutivo.

Los legisladores de la Alianza insistieron ayer con un proyecto de resolución para que el ministro de Desarrollo Social, Jorge Lara, informe en una sesión especial el mecanismo de distribución de subsidios y la ayuda social de la provincia. El proyecto no prosperó por la negativa de los diputados del MPN que a través de Osvaldo Ferreyra argumentaron que el tema no lo habían tratado en en el bloque.

A todo esto, hoy desde las 19 la Cámara se reunirá en sesión especial para designar a los cinco diputados que conformarán la comisión observadora permanente, que determinará la agenda temática de las próximas sesiones.

El centro de la escena lo ocupa el bloque justicialista que tiene asignado un lugar en esa comisión estratégica. Para ese puesto hay dos candidatos: Iris Laurín, que cuenta con el aval del presidente del bloque, Aldo Duzdevich, y Carlos Asaad, que tiene el respaldo de sus pares Carlos Macchi y Marité Berbel y del oficialismo.


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