Movidas en el tablero energético





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Tardaron en llegar y todavía están lejos de configurar una estrategia. Pero, a casi ocho meses de la reestatización de YPF, el gobierno de Cristina Kirchner se decidió a realizar las primeras movidas importantes en el tablero energético. La más significativa fue la elevación a 7,5 dólares por millón de BTU (MBTU) en el precio del gas natural en boca de pozo acordada precisamente con YPF, aunque también podrá ser extendida a otras compañías petroleras. Como ya se señaló en esta columna, se trata de una suerte de plan Gas Plus II condicionado a nuevas inversiones, que mantiene la modalidad de contratos caso por caso pero fija un valor más atractivo y acorde con la realidad de los costos. También menos alejado de los altos precios de importación que viene pagando la Argentina (de 11/12 dólares por MBTU para el gas de Bolivia y de 15/16 para el gas natural licuado). La noticia, anunciada por CFK en la UIA, tuvo una repercusión favorable en el sector. Nadie entendía por qué un Gobierno que proclama a los cuatro vientos la necesidad de sustituir importaciones por producción local, aplica desde hace años una política exactamente opuesta para la extracción de gas natural, cuya escasez es además una de las principales causas del actual déficit energético. Hoy el precio promedio reconocido a los productores locales se ubica en torno de 2,7 dólares por MTBU y la diferencia es subsidiada por el Estado en las tarifas a los consumidores. No hace falta ser especialista para advertir que esa política iba a conducir –como efectivamente ocurrió– a un exponencial aumento del consumo interno (que redujo a sólo ocho años el horizonte de reservas), a costa de un persistente deterioro de las inversiones y de la producción, cubierto con importaciones más voluminosas y caras. El incremento de los precios del Gas Plus II beneficia claramente a YPF, por tratarse de la compañía que más invertirá en la extracción de gas natural “nuevo”. Según el plan quinquenal anunciado por su CEO, Miguel Galuccio, entre el 2013 y el 2017 invertiría 6.500 millones de dólares en la perforación de 1.160 pozos, multiplicando por diez el promedio de los dos últimos años. Es previsible entonces que los volúmenes adicionales de gas que logre extraer, especialmente de la prometedora formación de Vaca Muerta, serán retribuidos al nuevo precio de 7,50 dólares por MBTU. Este valor también es un incentivo para que otras compañías privadas formulen nuevos planes de inversión, o bien busquen asociarse con la petrolera estatal. De hecho, la empresa Bridas (de la familia Bulgheroni y asociada a la china Cnocc en Pan American Energy) ya dejó trascender su intención de invertir 1.000 millones de dólares en hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta y Los Molles (Mendoza). Fue una de las pocas compañías (junto con la Corporación América, del Grupo Eurnekian y la estadounidense Chevron) que firmó cartas de intención con YPF con la expectativa de mejores condiciones contractuales, que dependen a su vez de la Casa Rosada. Chevron, en cambio, ha tenido peor suerte por partida doble. Por un lado, sus activos en la Argentina acaban de ser embargados a raíz de un juicio por daños ambientales en Ecuador (iniciado hace años contra su antecesora Texaco por 19.000 millones de dólares) y que la compañía impugnó por fraude. Por otro, el controvertido embargo fue respaldado por el presidente ecuatoriano Rafael Correa durante su reciente visita oficial a la Argentina, que será recordada por un doble desaire: a la colectividad judía (por haber comparado a las víctimas del atentado contra la AMIA con las de los bombardeos de los Estados Unidos a Libia) y a la propia CFK (quien en su última visita a Nueva York se había reunido con la plana mayor de Chevron para interesarlos en invertir en el país). Más allá de estos avatares, el aumento en el valor del gas “nuevo” no deja de ser un parche dentro de una política muy fragmentada en materia de precios. Si bien fue un sinceramiento largamente esperado, no alcanza a despejar varias incógnitas. Por lo pronto, el bajo precio del gas “viejo” sigue siendo el mismo a pesar de los mayores costos; y aún se desconoce si las empresas que en su momento adhirieron al plan Gas Plus (con contratos de 4/6 dólares por MBTU a cambio de inversiones) deberán presentar o no nuevos proyectos para aumentar el valor que perciben. Por otro lado, si la actual reformulación del plan tiene éxito y se recupera la producción de gas, el gobierno no podrá eludir la disyuntiva de trasladar los mayores precios a los consumidores o seguir aumentando la insostenible cuenta de subsidios. A su vez, la propia petrolera estatal se verá urgida por conseguir socios o mayor financiamiento. De ahí que también aprovechó el momento para lanzar con profusa publicidad una emisión de “Bonos YPF” a 12 meses y rendimiento de 19% anual, destinada a inversores minoristas (a partir de un piso de 1000 pesos). Con esta movida, el gobierno apunta a popularizar la reciente reforma del mercado de capitales y, de paso, allegar fondos a YPF. También Galuccio se dio el gusto de concretar una jugada de más largo plazo al anunciar la creación de la sociedad YPF Tecnología (junto con el Conicet), para promover desarrollos en tecnología petrolera y que, según Cristina Kirchner, habrá de convertirse en “una Invap del petróleo”. Sin embargo, la contrapartida de estas buenas noticias para YPF es la decisión política de que asuma el control accionario de Metrogas, la distribuidora que atiende a más de dos millones de usuarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires. Esta compañía mantiene sus tarifas congeladas desde hace más de diez años y arrastra un enorme déficit operativo (unos 80 millones de pesos en lo que va del 2012), a tal punto que en septiembre no pudo pagar sus compras mayoristas de gas. También se encuentra intervenida por el Estado desde que en el 2010 se declaró en convocatoria de acreedores, con un pasivo de 200 millones de dólares que acaba de reestructurar. No es lo que se dice un buen negocio. Una prueba de ello es que el socio británico BG hace años que tenía en venta sus acciones sin encontrar interesados, hasta que hace tres semanas firmó una carta de intención con una ignota compañía del grupo Vila-Manzano en plena polémica por la ley de medios. Si bien YPF accedió a la compra al ejercer el derecho societario de igualar la oferta, detentar el 100% de la sociedad controlante la coloca en infracción a la ley de Defensa de la Competencia. Aun así, YPF sostuvo que busca convertirla en una empresa eficiente y rentable en colaboración con el Estado nacional. Una consigna que los especialistas dudan en decodificar como el principio del fin de las “tarifas políticas” en Metrogas; o de una futura montaña de subsidios para mantenerla a flote sin comprometer las finanzas de YPF.

LA SEMANA ECONóMICA

Néstor O. Scibona


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