Bariloche: polémica cesión de tierras a una escuela privada, sin autorización del Concejo municipal

 El Ejecutivo municipal le cedió en comodato un lote de 718 metros cuadrados en el oeste de la ciudad a una escuela privada, que emplazó varios contenedores y funciona allí desde hace cuatro meses. Pero el trámite nunca pasó por el Concejo, como obligan las normativas.

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La autorización irregular para la escuela primaria denominada “El colibrí Azul” recién derivó en la presentación de un proyecto de ordenanza con la firma del intendente Gustavo Gennuso a mediados de mayo, cuando empezaron a trascender las críticas por el acuerdo.

Mientras esperan el dictamen de su asesora letrada, los concejales advirtieron en la mañana de este miércoles que el tratamiento es un tema complejo, que requiere información extra todavía no aportada y que obligará a abrir un debate con toda la comunidad, como corresponde en cualquier cesión de tierras públicas.

Entre las observaciones más duras estuvo la planteada por la presidente del Concejo, Natalia Almonacid (del mismo partido que el intendente), quien se quejó por tener que abordar el tema con hechos ya consumados y “bajo coerción del Ejecutivo”, ya que del Deliberante depende ahora la decisión de avalar la entrega del lote o precipitar el cierre de la escuela.

En la comisión Legislativa del Concejo se presentaron esta mañana varios padres y directivos de El Colibrí Azul, quienes defendieron el “proyecto pedagógico” y pidieron el aval para sostener el funcionamiento del centro educativo, al que concurren 80 chicos de 1° a 7° grado.

El vicedirector, Javier López, defendió lo actuado por la escuela desde su creación, hace siete años, pero se negó a revelar qué funcionarios del municipio les había otorgado el terreno que hoy ocupan, ubicado en la esquina de Cuyín Manzano y Brazo Huemul, a la altura del kilómetro 13,400 de la avenida Bustillo.

Los concejales confesaron su malestar por la presión que les impone el proyecto. “Hay una cesión irregular de un terreno. Y en ese terreno hay una escuela -dijo la concejal Roxana Ferreyra, para encuadrar la situación-. El poder Ejecutivo nos pasó por encima”.

Entendió que todos los concejales coinciden en que “se cometió un error, menos Pablo Chamatrópulos”, porque este último (representante del partido Podemos) justificó el surgimiento de escuelas privadas en el supuesto déficit de la educación pública, al que relacionó con “los paros” y “las ratas”. La afirmación quedó expuesta a las réplicas de sus pares.

Almonacid dijo que el proyecto pedagógico no es donde pondrán el foco, por más que abunden en esa descripción tanto el proyecto de Gennuso como la exposición de los padres, sino en la razonabilidad de la cesión de tierras.

Sostuvo que la cuestión que debe dilucidar el Concejo “no es política sino de concepto”, ya que se trata de ceder tierra pública para una iniciativa particular, cuando hay fuerte escasez de espacio para otras demandas, incluidas viviendas, gimnasios, centros comunitarios e infraestructura básica.

Los concejales decidieron pedir informes antes de avanzar con el tratamiento del proyecto, Dijeron que ya hubo uno librado con anterioridad que no fue respondido. La concejal Julieta Wallace prometió evaluarlo “con la mayor objetividad”, pero no le pasó desapercibido que los referentes de la escuela se haya cuidado de imputar el error al intendente o alguno de sus colaboradores.

El proyecto de Gennuso en su primer artículo desafecta del dominio público y afecta al dominio “privado” el lote de 718 metros cuadrados “designado catastralmente como reserva fiscal”. En el segundo autoriza a suscribir el convenio de comodato con la fundación “Cielo” (titular de la escuela), “en los términos del acta de intención” firmada en octubre de 2022 para otorgarle el comodato del inmueble por 20 años.

Almonacid dijo que corresponde abrir un “registro de observaciones para toda la sociedad”, como está regulado en el caso de los comodatos municipales. Sánchez propuso formular esa convocatoria para adelantar los tiempos, pero la presidente se negó porque el proyecto enviado por el Ejecutivo “no tiene toda la información” y le falta el anexo con el texto específico del comodato. Dijo que no puede haber registro de observaciones con el proyecto incompleto.