Bariloche reclama a la Provincia que dé marcha atrás con una norma que perjudica el acceso a las costas

Una polémica resolución de la gerencia de Catastro de Río Negro causó fuerte alarma en esta ciudad porque habilita a los dueños de propiedades costeras a extender su “dominio” actual hasta la línea de ribera. Como primera reacción, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad hace pocos días un pedido de revisión de la medida.

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Catastro emitió una interpretación de la normativa vigente a nivel nacional que concede a los propietarios el derecho de correr el límite de sus parcelas hasta la línea de ribera (que en el caso del Nahuel Huapi fue determinada técnicamente en 2005) y avanzar así sobre superficies que “por usos y costumbres” son históricamente de uso público.

Los concejales de todos los bloques adhirieron a un planteo de Julieta Wallace (Frente de Todos) que reclama “la revisión y rectificación urgente” de la resolución de Catastro 134/22 emitida el pasado 27 de diciembre, con el expreso fin de “garantizar la preservación del espacio público”.

Sostuvieron en sus fundamentos que la puesta en práctica de la decisión de catastro “implica un enriquecimiento sin justa causa” de los propietarios lindantes con lagos y cursos de agua, al mismo tiempo que afecta “el patrimonio del Estado”, además de restringir de hecho “el acceso a recursos naturales comunes”.

Esa política de Catastro ya había quedado delineada antes de la resolución y en septiembre pasado fue causa de un planteo similar por parte de vecinos y del gobierno municipal de Dina Huapi. Esas denuncias obligaron a retroceder a un propietario que ya había alambrado una prolongación de su terreno hasta la línea de ribera, establecida en el caso del Nahuel Huapi sobre la cota de 770,4 metros sobre el nivel del mar.

Dijeron en aquel momento los dinahuapenses que se trataba de “un avance sobre el derecho de uso público de las costas”. Ahora los concejales de Bariloche advirtieron también sobre “las consecuencias terriblemente negativas que tendría la aplicación de esta normativa” en relación con el acceso libre a “aquellos sectores que vienen utilizándose desde hace años como espacio público” en las costas de Bariloche “y a lo largo y ancho de la provincia”.

La concejal Wallace dijo que Catastro “hace una intepretación restrictiva, 17 años después” de la fijación de la línea de ribera, al considerar que aquellas propiedades cuya mensura actual no llega hasta ese límite pueden extenderse sobre la superficie intermedia, lo cual implica “una pérdida de espacio público”. A su juicio, “debería ser al revés”.

Dijo que el pedido a través de una comunicación que formularon los concejales es un primer paso, por vía administrativa, de un litigio que se podría judicializar si no hay respuesta.

Según entendió la concejal, el permiso que facilita Catastro a los propietarios es “un despropósito” y favorece directamente intereses que no son los de toda la comunidad. “Es algo que huele raro, como que está hecho a medida”, conjeturó.

Además de la comunicación que ya resultó aprobada, la concejal impulsa una ordenanza, que todavía está a la espera de dictamen jurídico en el Concejo, para que el municipio realice un relevamiento de las propiedades ribereñas y declare el “dominio eminente” del Estado sobre las franjas que lindan con la línea de ribera y no están incluidas en el dominio privado.

Wallace dijo que el acceso público a las costas y su preservación como espacio recreativo y de libre tránsito necesita legislación específica pero también “políticas públicas claras”, que hoy parecen ausentes.