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Una propuesta para garantizar “igualdad” en el reparto del canon que genera el cerro Catedral
El bloque de JSRN impulsa una iniciativa para distribuir en toda la ciudad los fondos destinados a obras que surgen del canon del cerro. Hasta hoy, ese recurso solo se aplica en el Alto de Bariloche.
La renta que genera el cerro Catedral se distribuye en forma desigual y ya hay un proyecto para cambiar la regla. (foto archivo)
La preferencia que el municipio dedicó en los últimos cinco años a los barrios del Alto en la distribución del canon del cerro Catedral, en su porción destinada a obras de infraestructura, podría desaparecer si avanza una iniciativa de Juntos Somos Rio Negro para esparcir el beneficio a todo Bariloche.
El derecho que paga la empresa Capsa al municipio por la concesión del cerro, por la cual tiene contrato hasta 2056, se asigna en un 50% al sostenimiento del ente regulador Eamcec y el otro 50% va a Rentas Generales del municipio. En 2018 se aprobó por ordenanza que el 30% de este último monto se destinara a obras en los barrios de la Pampa de Huenuleo, los más postergados de la ciudad.
Pero esa discriminación no tardó en generar quejas y los concejales de JSRN se hicieron eco. ”Resulta sabido que todos los rincones de nuestra ciudad necesitan inversiones en servicios y obras de infrestructura”, alegaron en los fundamentos del proyecto.
Señalaron que el esquema actual, al excluir a las demás zonas no comprendidas en la Pampa de Huenuleo, “encuadra en franca violación a los principios de igualdad de las personas”.
El concejal Juan Pablo Ferrari aseguró que elaboraron la iniciativa a partir del reclamo por nota de “varios vecinos”, de toda la geografía de la ciudad. Aunque en el proyecto y por escrito sólo invocaron la inquietud manifestada por “comisiones barriales y juntas vecinales de la delegación municipal El Cóndor.
Ferrari dijo que “el cerro es de todos, y tiene su marco de lógica” garantizar un reparto más equitativo de la renta que obtiene el municipio por esa concesión. El dinero disponible es limitado, pero despierta alto interés en los barrios, dada la aguda desinversión que padecen en materia de servicios básicos y mantenimiento de espacios públicos.
Consultado sobre qué barrios alzaron la voz para exigir el cambio, Ferrari mencionó entre otros al San Francisco I y las 270 Viviendas, ambos ubicados al Este del ejido.
Una suma que rondará los 150 millones
El canon de Catedral se calcula de acuerdo al precio del pase de esquí, cuyo monto para la próxima temporada todavía no fue definido. Sin embargo, una primera proyección permite anticipar que la partida destinada a los barrios no bajará este año de los 150 millones de pesos.
En años anteriores el dinero se invirtió en la compra de un camión y contenedores de basura, en la construcción de la rotonda de Herman y Beschtedt y en obras de pluviales para los barrios El Frutillar y Arrayanes, entre otros proyectos. Todos para el Alto barilochense.
Ferrari dijo que sin dudas aparecerán más demandas de las que se puedan abarcar y las prioridades deberán ser definidas por una comisión. Señaló que su propuesta es que se opte por obras de bajo presupuesto y que se puedan empezar y terminar en un corto plazo”.
JSRN tiene una banca de tres concejales (todos firmantes del proyecto) y debe convencer a otras para conseguir la aprobación, que necesitará al menos seis votos.
En los fundamentos los autores incluyeron profusas citas de la Constitución Nacional, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros tratados internacionales para invocar el principio garantizado de “igualdad ante la ley” y el rechazo “a cualquier prerrogativa de sangre y de nacimiento, los fueros personales y los títulos de nobleza”.
El artículo 1 del proyecto de ordenanza establece que el dinero que recibe el Ejecutivo por canon de Catedral, en el 30% destinado a obras se aplicará “en idénticas proporciones entre las delegaciones municipales”, que son media docena.
La propuesta traduce de algún modo el criterio seguido para asignar el canon que produzca la concesión del cerro Campanario (prorrogada el año pasado), que se reservó para obras de infraestructura vial en la ciudad, sin especificaciones geográficas.
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