Mutaciones políticas

Por ser la Argentina un país de movimientos políticos expansivos que siempre terminan fragmentándose, en la actualidad el partido más coherente es uno de los más jóvenes, el Pro del presidente Mauricio Macri. Si bien es minoritario en el Congreso, el que Pro tenga ideas más claras que las demás agrupaciones democráticas le ha permitido construir mayorías coyunturales que, andando el tiempo, podrían consolidarse. Es lo que sucedió al votar 165 diputados a favor del arreglo con los holdouts, con 80 en contra; y un par de semanas más tarde 54 senadores apoyaron al gobierno mientras que sólo 16 se opusieron a la eliminación de la ley Cerrojo y por lo tanto al regreso del país a los mercados financieros internacionales. Para disgusto de aquellos kirchneristas que quisieron que el peronismo, más sus aliados de la izquierda que se creen en guerra contra el capitalismo mundial, se concentrara en hacerle la vida imposible a Macri, está formándose un consenso a favor de la gobernabilidad, una palabra que en el léxico político argentino alude a la capacidad notoria del peronismo para impedir que un presidente de otro signo logre completar el período en la Casa Rosada previsto por la Constitución. Tanto los mandatarios provinciales como muchos legisladores peronistas entienden que no les convendría para nada procurar sabotear la gestión del gobierno de Cambiemos. Aun cuando consiguieran obligarlo a “huir en helicóptero” para que uno de los suyos tomara su lugar, se encontrarían a cargo de un país destrozado. Además de perjudicar directamente a decenas de millones de personas, una catástrofe mayúscula del tipo soñado por los ultras del kirchnerismo y la izquierda combativa sería atribuida a la oposición salvaje de dirigentes determinados, lo que no beneficiaría en absoluto a los considerados responsables de desatarla. Pero no sólo es cuestión de cierto realismo económico. Los líderes peronistas más lúcidos son conscientes de que no sería de su interés solidarizarse con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los miembros de su entorno que están bajo sospecha de haberse enriquecido de manera obscena en el transcurso de los más de doce años de virtual hegemonía que disfrutaron. Si bien se habrán enterado hace mucho de lo que habían personajes vinculados con el Poder Ejecutivo nacional, por sus propios motivos adoptaron la actitud que fue resumida por una periodista televisiva “militante” que, para indignación de quienes no compartían su opinión, nos aseguró que “la corrupción no quita lo bueno del proyecto” kirchnerista. Se trató de un episodio sintomático del cambio que está registrándose en el seno de la sociedad, ya que hasta aquel momento representantes de sectores importantes pensaban e incluso hablaban como ella sin que su voluntad de minimizar la significancia de la corrupción motivara sorpresa alguna. Sea como fuere, lo mismo que tantos otros, muchos políticos han comenzado a dar a entender que nunca se les había ocurrido que integrantes del gobierno de Cristina y sus socios del mundo empresario pudieran haber violado la ley y que los detalles que, día tras día, salen a la luz les motivan asombro y hasta asco. Puede que no sea muy edificante el espectáculo que están brindando, pero en todas partes la política es así, razón por la que sería inútil acusarlos de hipocresía. Lo comprenden muy bien el presidente Macri y sus operadores políticos principales. A juzgar por lo que dicen, no intentarán liderar la ofensiva contra la corrupción que está cobrando fuerza, pero tampoco tratarán de frenarla. Antes bien, esperarán hasta que haya adquirido el ímpetu suficiente para que, cuando por fin se pongan en marcha los juicios contra los miembros más conspicuos del gobierno anterior, escaseen tanto los deseosos de defenderlos organizando ruidosas manifestaciones callejeras que serían mínimos los riesgos políticos que enfrentarían. Puesto que nadie ignora que los meses próximos serán muy duros –los economistas que habían acompañado al candidato oficialista Daniel Scioli en su campaña electoral coinciden en que los ajustes no sólo son necesarios sino también inevitables–, ver a corruptos que durante años gozaron de la aprobación mayoritaria rindiendo cuentas ante la Justicia no desestabilizaría a la democracia sino, antes bien, contribuiría a fortalecerla.